Pedro Sánchez cierra el curso político más agitado desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018. Y lo hace exangüe, falto de sangre. Los dos principales focos de debilidad han sido la complicidad decreciente de los partidos que permitieron su investidura en noviembre de 2023 y la intensificación de la tormenta judicial, que continúa in crescendo. Las dificultades aritméticas en el Congreso de los Diputados y la tempestuosa relación con los aliados parlamentarios habituales ha dificultado al máximo la actividad legislativa y ha frenado algunas de las medidas estrellas que el PSOE y Sumar querían impulsar. El Gobierno ha tenido que sudar hasta la extenuación en la mayoría de las negociaciones para sacar adelante las votaciones y ha sufrido sonoras derrotas parlamentarias cuando no ha conseguido seducir y convencer a todos los socios. Y el PP ha aprovechado la mayoría de las ocasiones para castigar al Gobierno.
🔎 Sánchez acaba el curso político con deberes pendientes y sin haber recosido la confianza de los socios
Sin ir más lejos, el último pleno del Congreso antes de las vacaciones evidenció esta realidad: el decreto antiapagones cayó por la negativa del PP, Junts y Podemos (a la que se sumaron el BNG y CHA, socios de investidura, y Vox) y los populares salvaron el decreto de entregas a cuenta, pactado entre el PSOE y ERC, al que Junts votó en contra. Parece que el PSOE no tenga el timón. Pero el presidente español quita importancia a ello. “Hemos aprobado seis de las siete leyes que llevábamos hoy, ni tan mal”, expresó desde el Uruguay justo después de las votaciones. Más tarde, en una conversación informal con periodistas, afirmó que se siente “fuerte” y que afronta la segunda mitad de la legislatura con “tranquilidad”. “Julio ha sido mejor que en junio, estoy con las pilas cargadas”, verbalizó.
Donde los socialistas también ha perdido el control de la situación es en los tribunales. Los dos secretarios de Organización que ha nombrado Sánchez desde que volvió a la secretaría general del PSOE han acabado investigados por el Tribunal Supremo por haber urdido una presunta trama de corrupción de pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas: José Luis Ábalos no puede salir de España y Santos Cerdán está en prisión desde hace 27 días. Es la investigación judicial que toca más de cerca al núcleo duro del presidente español. Ábalos y Cerdán se suman al fiscal general del Estado, a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por revelación de secretos de la pareja de Ayuso, a David Sánchez (su hermano), que será juzgado por prevaricación y tráfico de influencias junto con el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y a Begoña Gómez (su esposa), que está investigada desde hace meses por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Las medidas estrellas se quedan en el cajón
“Si se pacta, se cumple. Y si no se cumple, no hay votos”, dejó claro Míriam Nogueras el martes desde el atril del Congreso. Era el discurso para justificar el voto en contra de Junts en dos de los tres decretos que se sometían a examen. “Hace semanas que desayunamos la corrupción del PSOE y cenamos la corrupción del Partido Popular y mientras nos tienen entretenidos con los escándalos de los partidos españoles, la agenda catalana continúa parada”, denunció. Al mismo tiempo, fuentes de autoridad de la formación juntaire eran claras: “Si cae eso, cae solo. Que se pongan las pilas. ¿No hay pilas? Adiós. El oxígeno no tengo por qué darlo. Si ellos cumplen, cumplo. Pero si se quieren ahogar…”. Las dos grandes reclamaciones Junts son que el Gobierno “haga lo que tenga que hacer” para conseguir la oficialidad del catalán a Europa y la amnistía plena y completa para todos los líderes del procés.
Esta advertencia llega en un momento en el que el Gobierno ha tenido que frenar dos de las leyes más relevantes de la legislatura viendo la imposibilidad de que recibieran luz verde por las reticencias de Junts. Por una parte, Yolanda Díaz se vio obligada a posponer la primera votación sobre la reducción de la jornada laboral después de constatar que los juntaires seguían negándose a retirar la enmienda a la totalidad y habrían hecho naufragar la iniciativa. Por otra parte, Félix Bolaños tampoco ha podido sacar adelante definitivamente la reforma de la carrera judicial y fiscal por las condiciones que imponía Junts en la negociación. Todo eso sin obligar, por ejemplo, que otra de las leyes primordiales que el PSOE quería impulsar era la conocida como ley Begoña para combatir el lawfare y las acciones judiciales abusivas. La iniciativa se presentó en bombo y platillos, pero Junts anunció que cerraría la puerta a ella y nunca más se ha vuelto a hablar del tema.
Las discrepancias entre los socios habituales frenan los acuerdos
Otra realidad que ha aflorado en los últimos meses son los vetos cruzados entre los socios de investidura: el PSOE llega a pactos con los aliados habituales como contraprestación por otros apoyos, pero los acuerdos no se pueden materializar porque requieren (de forma insoslayable) el aval de todo el bloque de investidura. Y no es nada fácil. Un ejemplo paradigmático llegó cuando se cumplía poco más de un año de la investidura del presidente español. El PSOE pactó con Junts una batería de medidas a cambio que los juntaires dieran luz verde al paquete fiscal de la Moncloa. Ahora bien, para avalarlo, ERC, Bildu y el BNG reclamaban alargar el impuesto a las energéticas, que era una línea roja por los de Míriam Nogueras. Y el Gobierno tuvo que hacer equilibrios a ambos lados para sobrevivir.
Y recientemente hemos visto más ejemplos. Podemos está frenando (y hará descarrilar si se somete a votación) el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, un acuerdo que suscribieron el PSOE y Junts a cambio de la convalidación de los tres primeros decretos de la legislatura. Por su parte, ERC quiere que la gran consecución de la legislatura sea la financiación singular para Catalunya. Hace dos semanas, la Comisión Mixta hizo el primer planteamiento, que no acabó de satisfacer a Oriol Junqueras y que tampoco cuenta con el beneplácito de Junts, que ya ha anunciado que se opondrá en el Congreso. Algunos integrantes de Sumar también han enfriado la viabilidad de la propuesta.
Hace meses, Bildu pactó con los socialistas la derogación de la ley mordaza, una reivindicación histórica de las fuerzas progresistas y soberanistas. A finales del año pasado se cerró el plazo de enmiendas, pero la norma continúa en un cajón porque no ha habido forma de hacer confluir todas las demandas. Y justo esta semana el Consejo de Ministros ha impulsado la reforma de la ley de secretos oficiales, un compromiso adquirido con el PNV hace tiempo (y que Sánchez cristalizó en el despido de Aitor Esteban). Pero el camino para conseguir todos los votos tampoco será fácil.
Del 24 de abril de 2024 al 30 de junio de 2025: catorce meses de cerco judicial a cuatro bandas
El segundo año de la legislatura ha estado especialmente marcado por la actividad de los tribunales. La tormenta judicial se ha acabado convirtiendo en un cerco a Pedro Sánchez. Lejos queda el 24 de abril de 2024, cuando se supo que Juan Carlos Peinado había abierto diligencias contra Begoña Gómez. “En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país”, expresó al presidente español durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Poco podía imaginar el vendaval que llegaría en los siguientes meses. Desde entonces, Begoña Gómez ha sido citada a declarar ante el juez dos veces y tanto ella como el presidente español han presentado una querella contra él que ha acabado en papel mojado. La esposa de Sánchez tiene dos causas encima de la mesa y una tercera que afecta a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y de la que ha quedado fuera finalmente el ministro Félix Bolaños. Los próximos pasos de Peinado son una auténtica incógnita.
Si esto estallaba en abril, otoño fue el momento crítico y embrionario cuando la tormenta judicial se multiplicó. El 16 de octubre, el Tribunal Supremo decidió abrir una causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La instrucción ha culminado después de ocho meses de informes de la Guardia Civil y de testigos y el Alto Tribunal está solo a la espera de que se resuelvan los recursos de apelación contra su procesamiento. Tiene que ser inminente. Y si el Supremo lo avala, el siguiente paso será presumiblemente enviar a juicio a un fiscal general del Estado por primera vez en la historia.
Un mes más tarde, el foco se desplazó a Extremadura. La jueza Beatriz Biedma abrió una causa contra David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, por la plaza que ocupaba (la dejó tres meses más tarde) en la Diputación de Badajoz. En este caso, la instrucción también está completa y el pasado mes de mayo la jueza decidió enviar a juicio al hermano de Sánchez, así como el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve personas más. Ahora bien, Gallardo maniobró para torpedear la causa e intentó conseguir un aforamiento exprés (haciendo dimitir a una diputada y a los cuatro siguientes en la lista) para dar el salto al parlamento autonómico y dilatar el proceso judicial. No lo consiguió. El TSJ de Extremadura concluyó que era un “fraude de ley” y devolvió la causa a la instructora, que es quien ahora tendrá que dar el paso definitivo.
Volvemos atrás. El protagonista en diciembre fue José Luis Ábalos, que fue a declarar al Supremo voluntariamente en el marco del caso Koldo. “No se ha quedado nada en el tintero”, dijo a la salida. Un mes más tarde, el Congreso aprobaría el suplicatorio para dar vía libre al juez para investigarlo. Inicialmente, el foco estaba en la venta de material sanitario durante la pandemia de coronavirus, pero el perímetro de la causa se fue ensanchando y el juez también puso la lupa en la contratación de algunas de las exparejas del exministro en empresas públicas y en el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones. Una más de las ramificaciones de la causa.
Hace dos meses, en mayo, irrumpió una nueva actriz a escena: Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE. Su nombre se dio a conocer a raíz de unos audios en los que se la escuchaba maniobrar en contra de la Guardia Civil. Se dio de baja como militante y ella justificó que actuaba como periodista en el marco de un trabajo de investigación. Hoy por hoy, la derivada son las causas judiciales que empiezan a aflorar en diferentes juzgados referentes a la actuación de Leire Díez: la Fiscalía es partidaria de investigarla para maniobrar en el caso del hermano de Sánchez a raíz de una denuncia de Hazte Oír, pero también hay denuncias de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) y de Manos Limpias, una querella de Vox y una denuncia del PP a la Fiscalía.
Con pocos días, el nombre de Leire Díez dio paso el último gran escándalo que ha sacudido al PSOE: Santos Cerdán, que está en la prisión de Soto del Real desde hace casi un mes. El 12 de junio transcendió el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que situaba el que era el número 3 de los socialistas como “encargado de gestionar” las mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Dimitió de todos sus cargos y provocó un estruendo. “Pido perdón porque hasta esta mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán”, dijo Pedro Sánchez el mismo día que se conoció el informe. “Un capitán se queda para capear el temporal y salvar el rumbo del barco”, defendió ante el Comité Federal que convocó para intentar sofocar la crisis. Por cierto, allí tuvo que hacer frente a otro terremoto: las acusaciones de acoso sexual a quien tenía que ser segundo adjunto a la nueva secretaria de organización del partido, Paco Salazar, que acabó renunciando a estar en la dirección del PSOE y a un cargo en la Moncloa.
El caso Montoro da oxígeno a Sánchez
En todo este contexto, hay una variable sobrevenida que también tiene y tendrá una incidencia directa en el panorama político. Desde que hace diez días se supo que el exministro Cristóbal Montoro está siendo investigado por un juzgado de Tarragona por haber modificado leyes para beneficiar empresas gasísticas que eran clientes de su antiguo despacho, el PSOE ha ganado herramientas y armas para contrarrestar la tormenta judicial que rodea a Pedro Sánchez e ir al contraataque contra el PP. De momento, los populares han intentado poner un cortafuego entre el pasado y el presente y Alberto Núñez Feijóo se ha desmarcado por completo de los hechos bajo sospecha. Montoro se dio de baja como afiliado pocas horas después y el líder del PP ha pedido que se investigue hasta el final.
Pero las explicaciones no han sido suficientes para el PSOE, que ha aprovechado para arremeter con dureza contra los populares. Un ejemplo paradigmático fue la rueda de prensa de Montse Mínguez del lunes, que fue casi un monográfico sobre Cristóbal Montoro con una catarata de dardos y reproches dirigidos a los populares. Los socialistas saben que han encontrado la oportunidad de trasladar la presión de Ferraz hacia Génova. “Si se confirma, es el caso más grave de corrupción de este país. Y no valen tibiezas. Vamos por el tercer acto en teatro: Gürtel, Kitchen y ahora el caso Montoro. Y eso demuestra que no es un caso más o un caso aislado, sino que es estructural. La corrupción no es una anomalía o una anécdota, sino que es un método intrínseco dentro del Partido Popular”, expresó la portavoz del PSOE.
Mientras tanto, el PP lo aprovecha para presumir de respuesta ante la corrupción y también marca diferencias con los socialistas. “La actitud que estamos teniendo no tiene nada que ver con la actitud con la que está afrontando al PSOE sus casos de corrupción. […] Si yo fuera Patxi López, saldría aquí a decir que hay una investigación prospectiva contra Montoro para ser de derechas, que es que los jueces están atacando al Partido Popular y que hay lawfare”, alegó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. De nuevo, unos y otros se tiran los trastos a la cabeza. Sea como sea, lo que es innegable es que el caso Montoro ha copado los focos mediáticos y políticos de los últimos días y ha servido, en cierta manera, de cortina para disimular, minimizar o rebajar el impacto de los casos de corrupción que afectan a los socialistas.