La Fiscalía de Delitos Económicos avala que un juez de Madrid abra diligencias previas para investigar las supuestas maniobras de Leire Díez en la causa judicial del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que están procesados por una jueza de Badajoz por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La causa sobre la conocida como fontanera del PSOE se abrió primero en Extremadura a raíz de una denuncia presentada por Hazte Oír por los delitos de estafa procesal, soborno, tráfico de influencias y revelación de secretos, y que también iba contra el exjuez José Luis Saénz de Tejada, un abogado que se personó en la causa del hermano de Sánchez para intentar apartar a la instructora, Beatriz Biedma.
Según el auto, al que tuvo acceso El Nacional, los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia” de los delitos. Posteriormente, la denuncia se remitió al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, que preguntó al Ministerio Fiscal si era procedente abrir diligencias. Y ahora el Ministerio Público pide que se abran diligencias previas y se practiquen las pruebas necesarias, dado que la denuncia versa sobre hechos delictivos, según ha adelantado La Razón y han confirmado fuentes de la Fiscalía a ElNacional.cat. Las mismas voces apuntan que se trata de un paso menor y muy inicial.
En la denuncia, Hazte Oír acusaba a Leire Díez y José Luis Saénz de Tejada de intentar “sabotear la causa” del hermano de Pedro Sánchez y denunciaba su “interés obsesivo” por apartar a la jueza Beatriz Biedma de la causa. La entidad ultracatólica considera que orquestaron una “campaña dirigida a desprestigiar a magistrados, fiscales y otros sujetos con la finalidad de diluir los casos judiciales” que afectaban personas vinculadas al PSOE y argumenta que no puede alegarse que sus “negociaciones” se enmarcaban en la “actividad profesional” de Leire Díez, dado que “no es letrada, ni fiscal” y que, por lo tanto, “no tiene legalmente ninguna intervención en los procedimientos judiciales existentes”. “Así pues, solo puede entenderse su intervención o bien como comisionista con el fin de enriquecerse presuntamente por medio del ejercicio del tráfico de influencias o ejerciendo un mandato oficial u oficioso por parte del Gobierno o de algún miembro del Gobierno con capacidad de dictar instrucciones a la Fiscalía y la Abogacía del Estado”, apostillaba.
Leire Díez contactó con empresarios para conseguir información privilegiada de jueces y fiscales
Según reveló La Razón hace un mes y medio, Leire Díez contactó con una decena de empresarios tras el estallido del caso del hermano de Pedro Sánchez para conseguir información privilegiada de jueces y fiscales que pudieran tener algún tipo de vínculo con la causa. Para conseguir la información, tanteó a empresarios salpicados en causas de corrupción acercándose a ellos para ofrecerles ayuda. Se produjeron encuentros en diferentes puntos de España en los que participaron media decena de empresarios con frentes judiciales abiertos. Llegó a ellos gracias al empresario Alejandro Hamlyn, el dueño del Grupo Hafesa, que es con quien se reunió para intentar sacar trapos sucios del teniente coronel de la UCO, Alejandro Balas.
Las otras causas contra Leire Díez
El Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid no es el único que tiene sobre la mesa una investigación sobre Leire Díez. La semana pasada, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid abrió una causa e inició diligencias por presunto tráfico de influencias a raíz de una denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). A principios de julio, fue un juzgado de Badajoz el que abrió diligencias a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Por otra parte, hay dos denuncias más pendientes de resolución: una de la Asociación Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) en el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid y una de Iustitia Europa (una entidad que está personada en todas las causas que rodean al PSOE) en el Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid.
Asimismo, hay dos acciones judiciales impulsadas por Vox y el PP. Los populares presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo (que desde hace unos días forma parte de la defensa de Santos Cerdán). Génova acusaba a los tres de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y grupo u organización criminal por “obstruir la actuación de la justicia en las causas que afectan de manera directa destacados miembros o exmiembros de la cúpula socialista”. Finalmente, la formación de extrema derecha presentó una querella contra los tres y sumó al empresario Alejandro Hamlyn por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.