Nuevo revés judicial para el hermano de Pedro Sánchez. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no da por bueno el aforamiento exprés del líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, tilda la maniobra de "fraude de ley" y devuelve la causa completa de David Sánchez a la jueza instructora. Su decisión llega después de que Beatriz Biedma también considerara que el aforamiento "repentino" fue fraude de ley y elevara una exposición razonada al TSJ de Extremadura para que decidiera si asumía la causa. El TSJ de Extremadura concluye que Miguel Ángel Gallardo logró el aforamiento mediante una "manipulación apresurada y torticera de la cobertura del escaño vacante" y declara su falta de competencia para juzgarlo: "No estamos ante una sobrevenida adquisición de la condición de diputado tras la celebración de elecciones a la Asamblea de Extremadura, sino ante una concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del Juzgado de Instrucción y de la Audiencia Provincial de Badajoz", relata el auto. Ante esta negativa, Miguel Ángel Gallardo puede presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo.
📝 La jueza del caso del hermano de Sánchez cree que el aforamiento del líder del PSOE extremeño es fraude de ley
¿Qué pasó? Pocas horas antes de que la jueza lo enviara a juicio, Miguel Ángel Gallardo maquinó para retrasar la causa y para conseguir su acta de diputado después de hacer renunciar a una diputada del PSOE y a los cuatro nombres que lo precedieron en la lista electoral. "[Esto] evidencia la realización de una serie de maniobras de las que resultan la manipulación inadmisible de la competencia objetiva" del Juzgado de Instrucción y de la Audiencia Provincial con una "clara elusión de las normas de la competencia objetiva", remacha el auto, que hace hincapié en el "modo apresurado de proceder" del PSOE.
"La forma y el tiempo de adquisición de la condición de diputado puede ser un dato indicativo de que se ha instrumentalizado dicho acceso con el único fin de gozar de la prerrogativa del aforamiento", relata el auto del TSJ de Extremadura. Y acusa a Miguel Ángel Gallardo de estar decidiendo el tribunal que tiene que juzgarlo "a su conveniencia o a la del partido político". "El aforamiento no es una opción procesal ni responde a la preferencia de nadie a ser juzgado por uno u otro tribunal", reitera. "Este caso concreto presenta especiales características al ser el único, salvo error u omisión por parte de este tribunal, en el que el aforamiento se adquiere cuando el procedimiento penal se encuentra en curso y en una fase avanzada por una persona que carecía de aforamiento de ningún tipo y sin que el mismo provenga de un proceso electoral que haya tenido lugar cuando ese procedimiento penal estaba iniciado", apostilla.
"Como es público y notorio, había venido manifestando que no adquiriría la condición de diputado hasta que no terminara el procedimiento penal"
Asimismo, el auto recuerda que Miguel Ángel Gallardo, después de ganar las primarias del PSOE extremeño, "había venido manifestando, como es público y notorio, que no adquiriría la condición de diputado para liderar la oposición en la Asamblea de Extremadura hasta que no terminara el procedimiento penal". "Es evidente que pudo hacerlo un año antes si su objetivo, como manifiesta en la actualidad, no era el aforamiento, sino realizar la función de oposición en la Asamblea propia de su cargo orgánico en el partido", argumenta el TSJ de Extremadura. Además, carga contra el "aprovechamiento" del aforamiento por "quienes, sometidos a un proceso penal o pudiendo serlo, mediante la renuncia al cargo o promoviendo su propio nombramiento para adquirirlo o mejorarlo, con el fin de eludir o procurar la intervención de determinados jueces o tribunales y, al mismo tiempo, retrasar el procedimiento impidiendo en muchos casos el normal desarrollo de una actividad procesalmente correcta".
Un último dardo contra Miguel Ángel Gallardo: "Un ataque injusto a los principios de independencia judicial"
El auto del TSJ de Extremadura también tiene espacio para reprobar las consecuencias que tiene la actuación de Miguel Ángel Gallardo. "Determinados comportamientos que rozan o constituyen fraude de ley o abuso del derecho contribuyen a extender el recelo de que las últimas instancias judiciales son más comprensivas con determinadas conductas atribuidas a los aforados", lamenta. La Sala Penal y Civil subraya que "aforamiento no comporta impunidad" e insta directamente a suprimirlos. "Sembrar la duda sobre la independencia de unos órganos del Poder Judicial o de algunos de los magistrados sobre otros, como si unos fueran más independientes o profesionales que otros, además de no adecuarse a la realidad, constituye un ataque injusto a los principios de independencia judicial y de sujeción por jueces y tribunales únicamente al imperio de la ley", concluye.
La Fiscalía reconoció que la maniobra era "peculiar"
El TSJ de Extremadura desoye el criterio de la Fiscalía, que consideraba que la "competencia de los órganos superiores también se producirá aunque el aforamiento tenga lugar después del dictado del auto de apertura del juicio oral" y alegaba que era "irrelevante" el momento en que el Miguel Ángel Gallardo adquiriera la condición de aforado. "Se ha limitado a hacer uso de las opciones que la legislación procesal pone a su alcance", apuntó. Aunque admitió que es evidente que la "maniobra conjunta" que concluyó con su aforamiento fue "cuanto menos peculiar". "[Pero] no estamos aquí para formular valoraciones éticas ni políticas, sino estrictamente legales y en concreto procesales", matizó.
Tres días de prisas para conseguir el aforamiento
La realidad es que tres días antes de que se dictara el auto de apertura de juicio oral, el PSOE extremeño activó su maquinaria para conseguir que Miguel Ángel Gallardo se convirtiera en aforado. El 19 de mayo, se constituyó un notario en la sede del PSOE de Extremadura en Mérida para que los cuatro candidatos que precedían a Gallardo (y que todavía no eran diputados) “renunciaran expresamente” por "razones personales y profesionales" a ser proclamados en caso de que algún parlamentario dimitiera. El día siguiente, María de la Cruz Rodríguez renunció a su acta de diputada, cosa que permitió que, posteriormente, la Junta Electoral de Extremadura expidiera la credencial de diputado de Miguel Ángel Gallardo. Todo era un plan orquestado.