No ha habido consenso. Igual que hace un mes y medio, las esperanzas del Gobierno han acabado naufragando y el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea no ha llegado a someter a votación la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego. Es un compromiso que el PSOE adquirió con Junts en agosto de 2023 a cambio de la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y que tendrá que seguir esperando. En esta ocasión, el tema figuraba en la agenda como “punto de debate” con la opción que se pudiera someter a votación y, pocas horas antes del debate, fuentes diplomáticas españolas insistían en que no hay “ningún obstáculo” para que las tres lenguas cooficiales puedan ser reconocidas “en breve”. Sin embargo, las dudas que siguen teniendo algunos países ha impedido que la iniciativa reciba luz verde. Las próximas oportunidades serán el 16 de septiembre, el 21 de octubre y el 17 de noviembre. “Se trata de una cuestión muy sensible y simbólica, la presidencia danesa va a tratar la cuestión con mucha cautela y en un diálogo continuo con los Estados miembros”, ha expresado al final de la reunión la ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca, Marie Bjerre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE entre julio y diciembre.

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Los ministros tenían previstos 45 minutos para el debate, pero la discusión se alargó alrededor de una hora y acabó sin votación cuando se ha constatado que los recelos de los estados continúan y que, por lo tanto, no había unanimidad. De hecho, desde el principio, la ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca ha enfriado las opciones de votarlo: “Sé que hay muchas preocupaciones abordadas por los Estados miembros. Eso afecta tanto cuestiones presupuestarias como legales y, por supuesto, tenemos que encontrar respuestas a estas preguntas. No preveo una votación hoy”. Eso llega después de que el 27 de mayo se aplazara la decisión sobre la oficialidad del catalán por la reticencia de algunos países, que tenían dudas financieras y legales. En aquel momento, el PP maniobró en Bruselas para torpedearlo.

Hoy la estrategia del Gobierno ha sido pasar a la ofensiva contra los estados que están poniendo palos en las ruedas. “Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente”, ha denunciado el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, que ha dejado claro que la Moncloa está dispuesta a “abordar cualquier duda o cuestión que se plantee” para que la iniciativa se pueda “adoptar de manera inmediata”. “Quizás hay otros motivos que explican sus posiciones, pero no es la falta de información y no hay ningún argumento ni económico ni en términos legales ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa en un minuto más”, ha verbalizado. “Estaremos más cerca aún que nunca de la aprobación próxima de la propuesta española porque no vemos ninguna otra alternativa”, ha remachado.

 

El lunes, el mismo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, admitió que todavía no habían conseguido la “unanimidad necesaria”, pero defendió debatir sobre la propuesta del Gobierno: “Nadie podrá esconderse detrás de supuestos aspectos que dicen que no conocen o no están suficientemente detallados y expondremos muy claramente que eso tiene que oficializarse pronto, es una discriminación hacia España”, argumentó. Hace unas semanas, él mismo aseguró que la oficialidad del catalán es “irreversible” y continuó dispuesto a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Todavía hay algunos problemas por resolver”

Ahora bien, los Estados miembros conservan las reticencias. Incluso Luxemburgo, que ha dado “apoyo total” al “multilingüismo”, ha alegado que no es el momento oportuno para aprobarlo: “Entiendo perfectamente que para los españoles el multilingüismo y las tradiciones son muy importantes, […] pero creo que el momento realmente no es el correcto”, ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués, Xavier Bettel. Por parte de Francia, el ministro Benjamin Haddad ha confiado en “poder seguir trabajando” con el Gobierno para “encontrar soluciones constructivas para avanzar”.

Y el resto de países han expresado sus dudas. “Es muy importante que nos tomemos seriamente las preocupaciones jurídicas de los Servicios Jurídicos del Consejo. […] Mientras haya una propuesta sobre la mesa que presente dudas legales que no hayan sido clarificadas, no es posible dar nuestra aprobación”, ha avisado la austríaca Claudia Plakolm. “Siempre estaremos abiertos a debatir de manera constructiva, pero no vemos que haya sido suficiente con respecto a los servicios jurídicos. Creo que todavía hay algunos problemas por resolver”, ha añadido el finlandés Joakim Strand. “Hay muchas preocupaciones sobre este tema entre los Estados miembros. No creo que haya ninguna decisión hoy. De todos modos, creo que la mayoría de los Estados miembros necesitan más tiempo porque hay preocupaciones, sobre todo legales, al respecto”, ha remachado el polaco Adam Szłapka.

Sobre las dudas jurídicas, el Gobierno niega que haya que modificar los tratados europeos para hacer efectiva la oficialidad: “Dicen que la identidad nacional de los Estados miembros tiene que ser respetada. También son muy claros que el régimen lingüístico de la Unión se acuerda por unanimidad mediante un reglamento del Consejo, ni más ni menos”, ha reiterado esta mañana Fernando Sampedro. El artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la UE estipula que el “régimen lingüístico de las instituciones” de la Unión Europea será fijado por el Consejo por “unanimidad” y “mediante reglamentos”. Sin embargo, según detalla la ACN, los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea consideran que para “acomodar la solicitud de España y añadir nuevos idiomas a la lista” sí que es “necesario modificar” los tratados.

El PP arremete contra Sánchez: “Europa no está para pagar los chantajes de nadie”

Antes de conocerse la decisión, el Partido Popular ha dado por hecha la negativa y ha salido a la carga contra Pedro Sánchez. “Un nuevo fracaso internacional y un nuevo ridículo”, ha expresado Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP. “Nuestros socios comunitarios nos han dicho que Europa no está para pagar los chantajes de nadie, mucho menos los chantajes a los que someten los socios independentistas a Pedro Sánchez”, ha sostenido en una atención a los periodistas en las puertas de la sede de Génova. “Sánchez ha prometido a sus socios independentistas algo que sabía que no podía cumplir. Les ha tomado un poco por estúpidos”, ha reiterado. Y ha lamentado que el Gobierno “se desfonde tanto en defender en Europa el cumplimiento de este chantaje” en lugar de defender “cosas tan importantes” como los “derechos de los agricultores frente a la nueva PAC”, la “seguridad de las fronteras con la llegada masiva de inmigrantes ilegales” o la “seguridad en las calles”.

 

Requisitos estrictos, el compromiso de pagar todos los costes y una aplicación parcial y progresiva

El memorándum que el Gobierno envió hace unos días al resto de estados recoge todos los argumentos que avalan la oficialidad del catalán y que dan respuesta a las dudas que han expresado algunos de los países. Uno de los puntos primordiales, fruto de los recelos principalmente de Alemania, tiene relación con los costes, cifrados por la Comisión Europea en 132 millones de euros y de los que España está comprometida a hacerse cargo íntegramente. “Para aclarar todavía más el compromiso de España, se propone incluir un artículo en el proyecto de Reglamento del Consejo con la misma redacción utilizada en los acuerdos administrativos celebrados en el 2005 y en el 2006 entre España y las instituciones de la UE, en los que el compromiso de España de asumir todos los costes no ha planteado ningún problema”, esgrime el documento del Ministerio de Asuntos Exteriores.

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Asimismo, con el objetivo de cortar posibles demandas similares de otros países, el memorándum también subraya que “ninguna otra lengua cumple todos los requisitos” para seguir el mismo camino. El Gobierno incluyó uno listado de “requisitos estrictos” que cualquier lengua tendría que cumplir para poder aspirar a ser oficial en la Unión Europea. Entre otros, hace falta que tenga reconocimiento oficial desde hace más cuarenta años en el estado que lo solicita, que se utilice en la legislación, que se hable en el parlamento estatal (se utiliza en el Congreso de los Diputados desde septiembre del 2023) y que el estado se comprometa a financiar el coste.

Finalmente, hace un mes y medio, el Gobierno apostó una aplicación parcial y progresiva de la oficialidad, que empezaría en 2027. En una primera fase, se prevé garantizar solo la traducción de la normativa aprobada por el Consejo de la UE y por el Parlamento Europeo, cosa que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos. Las otras obligaciones asociadas a la oficialidad quedarían aplazadas hasta que el Consejo decida su activación. El plan prevé que en un plazo de cuatro años a partir del 2027 y en intervalos de cinco años posteriores los estados aborden la oficialidad completa del catalán, el gallego y el vasco. “Replica la secuencia seguida para el reconocimiento del gaélico en 2005”, alega el Gobierno.