La política circula dentro de la madrileña M-30 a una velocidad frenética. Esta última semana arrancaba con un Pedro Sánchez en pleno despegue preelectoral. El lunes Carlos Mazón comparecía en la comisión de la DANA y se proponía a las autonomías un déficit del 0,1%, un porcentaje desafiador porque Junts per Catalunya ya lo rechazó; el martes el Gobierno daba el primer paso para presentar unos presupuestos a pesar de que los independentistas ya han advertido que los tumbarán. El miércoles la semana daba un giro con la publicación de un nuevo informe de la UCO que estrangula aún más a Santos Cerdán, el juez lo dejaba en libertad y esparcía su imagen por las televisiones al considerar que ya ha recaudado suficientes pruebas que ya no pueden ser destruidas. El jueves el Tribunal Supremo derribaba al fiscal general del Estado. Y el viernes, de resaca, mientras se celebraban en el Palacio Real y el Congreso de los Diputados actos para conmemorar el cincuenta aniversario de la muerte en la cama de Francisco Franco, el alto tribunal citaba a declarar para esta próxima semana a José Luis Ábalos y Koldo García para valorar si debe encarcelarlos.
El martes por la mañana, al día siguiente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y mientras el Consejo de Ministros daba los primeros pasos para acabar presentando unos próximos presupuestos generales del Estado, varios socios del PSOE manifestaban a este periódico que veían a Pedro Sánchez inmerso en una nueva campaña electoral. Aquel día, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, decía que la negociación sobre la senda de déficit y el techo de gasto que abre ahora el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero “es fake”. “Es un intento de aparentar que quieren aprobar las cuentas, pero solo tienen voluntad de perderlas y tener un argumento para convocar elecciones”, sentenciaba. Y al día siguiente, en el cara a cara de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Míriam Nogueras se reivindicaba como no-socia de los socialistas y recriminaba a Sánchez que estuviera haciendo electoralismo. “Visto que quiere presentar los presupuestos, o usted está en campaña o usted tiene un acuerdo con PP y Vox”, espetaba.
Las autonomías activan el modo electoral de Sánchez
Fuentes de la Moncloa confirman a ElNacional.cat que Sánchez ya ha activado el modo electoral. Y el presidente español tiene motivos para hacerlo. El tablero autonómico empieza a agitarse porque este próximo mes de diciembre habrá elecciones anticipadas en Extremadura. El candidato del PSOE en esta comunidad es Miguel Ángel Gallardo. Y, a pesar de que esté imputado en el caso del hermano del presidente del Gobierno, los socialistas cierran filas con él y defienden que es un buen candidato. Al mismo tiempo, dan casi por hecho que la popular María Guardiola continuará siendo la presidenta de esta comunidad. Este pasado miércoles, Sánchez volvió a acompañar a Gallardo en un mitin en Mérida, a pesar de que su estrategia en las elecciones autonómicas del 2023 de convertirse en pseudocandidato del PSOE no le funcionó bien; los socialistas sufrieron una importante derrota. También habrá elecciones en marzo del 2026 en Castilla y León; y las andaluzas deben celebrarse, como muy tarde, aquel verano.
También ha habido terremotos en el País Valencià, con la dimisión de Carlos Mazón, su comparecencia en el Congreso, y las negociaciones de PP y Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente. Mientras tanto, el Centro de Investigaciones Sociológicas continúa engordando al PSOE (y también a Vox). El laboratorio demoscópico dirigido por el socialista José Félix Tezanos proyecta una victoria abrumadora de Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo si ahora se celebraran nuevas elecciones generales.
Cerdán sale de prisión, pero más acorralado que nunca
Solo un cuarto de hora después de la publicación de este CIS, todo ese despegue preelectoral quedaba frustrado por un movimiento de ficha del juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo. Levantaba el secreto parcial de sumario y, después de haber recopilado todas las pruebas que, según él, estaban en riesgo de ser destruidas por Santos Cerdán, volvía a dejar en libertad al exsecretario de Organización del PSOE. Su salida de prisión aparecía en todas las televisiones, así como toda la nueva información recopilada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: la empresa vinculada a Cerdán cobraba el 2% de las adjudicaciones de Acciona, el socialista viajó a Marruecos con Koldo y Ábalos para mediar en una adjudicación para esta empresa, y su esposa gastaba una cantidad “desmesurada” de dinero.
Este mismo magistrado, Leopoldo Puente, ha decidido ahora imputar a un exdirectivo de Acciona y dos de sus subordinados. Y ha citado a comparecer el próximo jueves a Ábalos y Koldo para "resolver sobre la modificación de las medidas cautelares" solicitadas tanto por la Fiscalía como por la acusación popular. Es decir, dirimir si los mantiene en libertad o los encarcela de forma preventiva. Anticorrupción pide 24 años de prisión y cuatro millones de euros de multa para el exministro, y 19 años y medio y la misma cantidad de dinero para su exasesor.
El Supremo tumba al fiscal general
Pero el terremoto más importante para Sánchez llegó el jueves, cuando el Supremo condenó a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación en el cargo de fiscal general. La cara del presidente del Gobierno era todo un poema cuando aquella tarde asistía en el Congreso a un acto de presentación de la nueva serie de Movistar+ sobre el 23-F, Anatomía de un instante. Sin rodeos, también a la llegada a la cámara baja, el portavoz del PSOE Patxi López decía que la decisión del alto tribunal es una “vergüenza”.
Sánchez ha alentado desde el primer momento la decisión de García Ortiz de permanecer en el cargo, a pesar de que ha sido el primer fiscal general que se sentaba en un banquillo de los acusados. El ministro Óscar López insistía horas después de conocerse la condena en que “es inocente”. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, decía directamente que la condena es “política” y un ataque “contra el gobierno de coalición”. Para recuperarse de este choque, fuentes socialistas apuntan en caliente que ahora hay que colocar como sustituto de García Ortiz “al fiscal más de izquierdas que haya en este país”. “Tienen que entender que no les sirve de nada tumbarnos al fiscal”, aseveran.
Fuentes de la sala de máquinas de Ferraz también apuntan a este periódico que hay un atisbo de esperanza ante todas aquellas noticias que se remueven dentro del huracán judicial: la polarización. Consideran que esta segunda fuerza puede ser capaz de movilizar a todo aquel electorado que ha quedado desencantado con los socialistas tras los diversos casos —supuestos o no— que afectan al entorno familiar y político de Sánchez.