El juez del Tribunal Supremo ha citado a tres nuevos investigados vinculados a la sociedad Acciona por supuestamente haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública a una red liderada por los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos. El magistrado Leopoldo Puente ha tomado esta decisión tras los registros realizados la semana pasada por la Guardia Civil en las sedes en Bilbao y Madrid de la constructora Acciona y el domicilio de un exdirectivo de la compañía, Justo Vicente Pellegrini, exdirector de Construcción, que fue despedido el junio pasado cuando transcendió su vinculación con las supuestas mordidas a Cerdán, Ábalos, entonces ministro de Transportes, y a su asesor Koldo García. Este exdirectivo es uno de los tres citados a declarar como investigados, junto con dos de sus subordinados: Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, el próximo 3 de diciembre.

En el mismo auto, el juez ha acordado el levantamiento del secreto de la pieza separada que creó tras recibir un informe de la UCO sobre el patrimonio de Cerdán, que continúa en prisión preventiva desde verano por peligro que destruya pruebas.

 

Aclarar nuevos extremos

En el auto, el juez instructor del Supremo del caso Koldo declara  que "a la vista del informe policial, fechado el día 11 de noviembre del 2015, conteniéndose en el mismo referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación  Justo Vicente Pelegrini; don Tomás Olarte Sanz; y don Manuel José García Alconchel procede sea recibida declaración a los mismos en calidad de investigados en la presente pieza de esta causa especial".

Antes, el juez Puente expone que levanta el secreto parcial de la investigación "después del examen de la documentación encontrada durante las entradas y registros  practicados, así como de la información que se pueda obtener de los terminales telefónicos y/o informáticos intervenidos". Añade que "el conocimiento del actuado por las partes, que como es obvio tiene que ser la regla general en el procedimiento, no se considera que pueda ya perjudicar la investigación en curso". 

Por eso, también acuerda poner en conocimiento de las partes personadas en esta causa "la totalidad del actuado", es decir: el informe policial de la Guardia Civil del 11 de noviembre de 2025, así como los informes emitidos en esta pieza tanto por el Ministerio Fiscal como por la misma unidad policial.