La comisión de investigación sobre la operación Catalunya ha sido una de las protagonistas de los dos primeros años de legislatura en el Congreso de los Diputados. Está investigando el uso de las cloacas del estado contra el independentismo y, después de diecinueve comparecencias, hace cuatro meses que está parada. Era una de las patas del acuerdo entre el PSOE y Junts para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso (junto con el uso del catalán en la Cámara Baja y la oficialidad del catalán en la Unión Europea). Nació poniendo la lupa en la trama que se urdió cuando Mariano Rajoy estaba en la Moncloa y Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior y en las maniobras que acabaron con la extinción de la Banca Privada de Andorra. Aunque inicialmente también mencionaba el espionaje con Pegasus, desde su puesta en marcha, hace casi un año, la comisión ha centrado la investigación en la etapa del PP. En paralelo, el Congreso también creó una comisión específica sobre el Catalan Gate fruto del pacto entre el PSOE y ERC para la elección de la Mesa del Congreso. Sin embargo, aquella comisión no llegó a arrancar nunca y, después de seis meses congelada, no se renovó y los republicanos optaron por fusionarla en la de la operación Catalunya y dejar solo una en funcionamiento, junto con la de los atentados del 17A.
La última sesión de la comisión fue el 19 de mayo, con Xavier Trias y Oriol Junqueras. Ahora bien, poco después estallaron el caso Leire Díez y el caso Santos Cerdán y eso la paralizó por completo. Y ahora, con el arranque del nuevo curso político, los partidos quieren reactivarla. ¿Cuál será la hoja de ruta? Sobre la mesa hay dos caminos: culminar la investigación sobre la etapa del PP o pasar página y dar el salto al caso Pegasus. De entrada, hay trece comparecencias aprobadas (vinculadas con el mandato de Mariano Rajoy) que todavía están pendientes. Pero Junts aboga por empezar a orientar la comisión hacia el Catalan Gate, que es, precisamente, el que más puede incomodar al actual Gobierno, dado que el espionaje al independentismo se produjo cuando Pedro Sánchez había llegado a la Moncloa y con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. Ahora bien, de momento, los juntaires no encuentran complicidades para pasar al siguiente capítulo y el resto de formaciones prefieren rematar el periodo del PP antes de adentrarse en la investigación del caso Pegasus.
“Hay mucha leña por cortar”, responde a ElNacional.cat un diputado del PSOE para justificar que, para poder elaborar unas buenas conclusiones, primero se tienen que acabar las comparecencias pendientes antes de dar el salto a Pegasus. Y lo acompaña con una metáfora: “Nadie se come el segundo plato sin haberse acabado el primero”. Los socialistas no tienen prisa para abrir la carpeta del Catalan Gate. Esquerra coincide en el diagnóstico: “Se tiene que hacer con orden”, justifica una voz republicana a este medio. Desde las filas de ERC, avisan de que mezclar comparecencias entre las dos ramas comportaría el peligro de que el caso Pegasus se pudiera “disolver” y prefieren darle la importancia que tiene. También apuestan por hacer dos dictámenes de conclusiones por separado o, como mínimo, hacerlos claramente diferenciados para poder poner el acento en el papel del PP en la operación Catalunya y del PSOE en el caso Pegasus. Por su parte, los partidos vascos se desentienden de la elección y ceden todo el protagonismo a los independentistas. “Lo que quieran los catalanes”, replica una voz de autoridad de Bildu. “Nosotros no obstaculizaremos, somos coayudantes”, apunta un diputado del PNV.
Dos nombres vinculados al espionaje a Podemos: Bonifacio Díaz Sevillano e Ignacio Cosidó
Podemos tampoco quiere saltar todavía al caso Pegasus. Fuentes del partido consultadas por ElNacional.cat confían que la comisión se reactive a corto plazo y son partidarias de acabar la lista que está aprobada y “consensuada” antes de cambiar de tercio. En su caso, hay nombres pendientes de ser citados en el Congreso que tienen una relación con el presunto espionaje a la formación morada. Hace meses que la Audiencia Nacional investiga si la cúpula policial del Ministerio del Interior hizo investigaciones irregulares y sin aval judicial a los diputados de Podemos entre 2015 y 2016 para sacarles trapos sucios. Y hay dos comparecientes pendientes que tienen relación con ello y que Podemos quiere que tengan que dar explicaciones en el Congreso, donde tendrán la obligación de decir la verdad:
- Bonifacio Díaz Sevillano, inspector de la policía española jubilado, está formalmente investigado en la causa y hace tres meses, ante el juez Santiago Pedraz, negó que participara en una investigación ilegal y prospectiva o que vulnerara la inviolabilidad parlamentaria.
- Ignacio Cosidó, que fue director general de la policía española, fue citado como testigo y negó que tuviera conocimiento de las presuntas investigaciones irregulares.
Una maniobra de los “aparatos del Estado” contra la “disidencia” y un “elemento más de la trama”
Junts y ERC siempre han tenido claro que el caso Pegasus se tiene que investigar. “Hubo mucha operación Catalunya antes [del 1 de octubre] y también hubo después”, sostuvo hace unos meses el diputado juntaire Josep Pagès, que presentó el Catalan Gate como una maniobra de los “aparatos del Estado” contra la “disidencia”. Y la republicana Pilar Vallugera describió el espionaje con Pegasus como un “elemento más de la trama de investigación y de intromisión en la vida de determinados políticos”. Por su parte, el líder de Junts en el Senado, Eduard Pujol, equiparó a Fernando Grande-Marlaska con los ministros franquistas. “Usted sería un buen ministro de la Gobernación porque […] también espiaban y también lo negaban”, sostuvo en una sesión de control al Gobierno.
Las miradas apuntan a Fernando Grande-Marlaska
Uno de los trabajos que tendrá que afrontar la comisión de investigación es validar (o no) las peticiones de comparecencias que registraron los partidos después de la fusión de las dos comisiones. Junts y ERC pusieron la lupa en el caso Pegasus y en la BPA. Dos de los nombres más relevantes de los que solicitaron es el del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de lo que fue su número dos durante cinco años como secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, que dimitió a finales de mayo por “motivos personales”. Además, los partidos independentistas también quieren que se cite a José Antonio Nieto (secretario de Estado de Seguridad entre 2016 y 2018, que compareció hace unos meses a la comisión sobre el 17A) y Jorge Moragas (director del Gabinete de Mariano Rajoy de 2011 a 2018).
🔎 Las investigaciones sobre el espionaje con Pegasus al independentismo catalán, en la cuerda floja
Asimismo, ERC quiere preguntar directamente a los responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI): Esperanza Casteleiro Llamazares (directora desde mayo de 2022), Paz Esteban (directora de 2019 a 2022, fue destituida por el escándalo del caso Pegasus, está imputada en tres causas por el espionaje a independentistas y está citada a declarar el 29 de septiembre) y Félix Sanz Roldán (director entre 2009 y 2019, que fue el primer compareciente a la comisión del 17A). Y Junts quiere poner el foco en expertos y afectados por el espionaje: por ejemplo, Andreu Van den Eynde (el abogado de Oriol Junqueras, miembro de la junta de Iridia y afectado por el espionaje con Pegasus), Josep Alay (director de la Oficina de Carles Puigdemont), Elies Campo (experto en ciberseguridad e investigador de The Citizen Lab) y Ronald J. Deibert (director de Citizen Lab).
Los nombres pendientes: José Manuel Villarejo, Vicky Álvarez, Celestino Barroso y Gonzalo Boye
Entre las comparecencias aprobadas en la comisión de la operación Catalunya y que tendrían que tener lugar en los próximos meses, dos de los nombres con más peso son el de José Manuel Villarejo (excomisario de la policía española) y Vicky Álvarez (expareja de Jordi Pujol Ferrusola). Aunque Villarejo compareció la legislatura pasada y hace un año fue a la comisión del 17A, fuentes socialistas consideran que “no tiene sentido” que una comisión sobre la operación Catalunya pase por alto su testimonio. También está pendiente que vayan Celestino Barroso (que fue agregado de Interior en la embajada española en Andorra entre 2014 y 2017) y Gonzalo Boye (el abogado de Carles Puigdemont). ¿Quiénes son los otros nombres que están a la espera?
- Carles Sumarroca, empresario que se ha declarado víctima de la operación Catalunya y que presentó una querella contra los impulsores
- Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma Proseleccions Catalanes, aparece en informes de la UDEF y fue investigado en el caso Volhov
- Basilio Sánchez Portillo, comandante de la Guardia Civil señalado como pieza clave en la rama andorrana de la operación Catalunya
- José Luis André Vega, excomisario de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)
- Javier de la Rosa, empresario y a quien Villarejo sitúa como una de las primeras fuentes de la operación Catalunya
- Agustí Carles, abogado y presidente de la entidad Drets (que ejerce la acusación popular en la causa de Andorra sobre la BPA)
- Higini Cierco, expropietario de la BPA que ha denunciado coacciones del estado español
- Mayka Navarro, periodista especializada en sucesos
- Juan Manuel Vega Serrano, director general del SEPBLAC
El PNV impide que Rajoy, Cospedal, Sánchez-Camacho y Fernández Díaz vuelvan a comparecer
Entre marzo y mayo, la comisión puso el punto de mira en las grandes figuras del PP en la etapa de Mariano Rajoy en la Moncloa. Comparecieron el mismo expresidente español, junto con Soraya Sáenz de Santamaría (que fue su mano derecha durante seis años), Dolores de Cospedal (que era la número dos del PP), Alicia Sánchez-Camacho (que era líder del PP Catalán) y Jorge Fernández Díaz (que era ministro del Interior). Sus comparecencias coincidieron con la publicación de audios por parte de El Món a RAC1 que acreditaban su implicación en las maniobras contra el independentismo. Todos ellos siguieron una misma estrategia de defensa: desacreditar las grabaciones y asegurar que no se reconocían en ellas.
📝 Mariano Rajoy niega en el Congreso la operación Catalunya: “No tengo ningún conocimiento de que existiera”
📝 Cospedal se desmarca de la operación Catalunya: “Yo no he encargado nunca nada parecido, es una ficción”
Posteriormente, ERC y Junts movieron dos fichas. Primero solicitaron que la comisión remitiera sus palabras a la Fiscalía para que investigara si habían mentido (todos los comparecientes en una comisión de investigación tienen la obligación de decir la verdad y no hacerlo está estipulado como un delito en el Código Penal). El PSOE lo vio bien, pero emplazó a los partidos independentistas a las conclusiones de la comisión. El segundo paso que dieron republicanos y juntaires fue reclamar que cuatro comparecientes volvieran a ser citados para poder ponerlos delante del espejo de sus contradicciones. Los socialistas lo vieron con buenos ojos y lo avalaron. Pero apareció un impedimento imprevisto: el PNV.
📝 Sáenz de Santamaría, sobre la operación Catalunya: “Nunca di ninguna instrucción de investigar a nadie”
📝 Sánchez-Camacho vuelve a negar la operación Catalunya a pesar de las evidencias: “Es una invención absurda”
📝 Fernández Díaz asegura que “nunca” se ha reunido con Villarejo a pesar del audio sobre la operación Catalunya
Según ha podido saber ElNacional.cat, los jeltzales, que han tenido una participación y presencia mínima en las sesiones de la comisión, advirtieron antes del verano que no eran partidarios de ello. Para aprobar cualquier comparecencia, es necesario el aval de todos los grupos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez y, por lo tanto, la negativa del PNV, representado a la comisión por Mikel Legarda, frena que Rajoy, Cospedal y compañía tengan que volver a dar explicaciones. Desde el partido vasco, indican a este medio que solo apoyarían una repetición en casos excepcionales.