La docena de investigaciones judiciales sobre el espionaje al independentismo catalán con la infección de sus móviles con el software Pegasus están en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque la mayoría se produjeron entre los años 2019 y 2020, y el delito de revelación de secretos -el principal en estas causas- prescribe a los 5 años de haberse sucedido los hechos. Y, en la mayoría de causas este plazo se cumplirá el próximo octubre. El espionaje masivo a independentistas catalanes, familiares y amigos se destapó en el 2022, con la investigación CatalanGate, hecha por el grupo canadiense, Citizen Lab. A partir de entonces, los afectados, la mayoría miembros de ERC, la CUP, Junts, Òmnium Cultural y la ANC presentaron querellas en los juzgados de Barcelona y Madrid contra directores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la empresa israelí NSO Group, titular del software Pegasus, y directores de la Guardia Civil.
En estos tres años, el resultado es bien magro: solo cuatro juzgados han imputado formalmente a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por este espionaje y en su primera declaración se acogió a guardar silencio, obligado por la ley que rige el servicio secreto español. Recientemente, un juzgado ha imputado tres directivos de la empresa NSO en Luxemburgo, aunque la sociedad, como persona jurídica, lo está en más juzgados. La prescripción significa que no se podrá imputar ningún cargo público ni privado más y las causas se tendrán que archivar o llevar a juicio con los indicios alcanzados hasta ahora.
Nuevas acciones
Ante este contrarreloj judicial, el abogado Andreu Van den Eynde, que lleva las querellas de dirigentes republicanos, ha solicitado este miércoles en una vista en la Audiencia de Barcelona, que se amplie la causa del espionaje al presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y de la eurodiputada Diana Riba, que investiga la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, para que incluya la imputación de tres directivos de NSO en Luxemburgo, aparte de la empresa, para que expliquen cómo funciona Pegasus y dónde estan los datos sustraídos en los móviles de los independentistas catalanes. "Es la clave de bóveda", declaró Van den Enyde, y recordó que recientemente desde el gobierno de Israel "se ha amenazado" al presidente español Pedro Sánchez que tiene bastante información suya, después de las decisiones para intentar detener los ataques a la población de Gaza. Hay que recordar que la Audiencia Nacional reabrió la investigación sobre la infección y la sustracción de datos del móvil del presidente español y de algunos de sus ministros, que ha incluido datos de espionaje aportados por autoridades francesas.
El penalista de ERC pidió la imputación de los directivos para garantizar sus derechos, siguiendo el precedente aprobado por la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, que investiga el espionaje de Van den Eynde, el año, 2020, y a petición de Irídia, que impulsa el caso. Los imputados son: Shalev Hulio, Omri Lavie i Yuval Somekh, y ocuparon posiciones de responsabilidad en las empresas NSO Group Technologies Limited, OSY Technologies y Q Cyber Technologies (en territorio de la Unión Europea, Luxemburgo) durante los años de los hechos investigados entre los años 2019 y 2020.
Crítica a la Fiscalía
En la vista, en la sección 3.ª de la Audiencia de Barcelona, Van den Eynde lamentó que la Fiscalía y la Abogacía del Estado "han impedido" aclarar este espionaje, con sus peticiones de archivo. Precisamente, el fiscal Pablo Borjabat expresó su negativa que la querella de Jové y Riba se amplíe a los directivos de NSO al asegurar que no se ha detallado ninguna actuación concreta contra ellos, más allá de ser responsables del conglomerado societario, y "a los cuales se pide imputar 'por si a caso'" y ante el peligro de prescripción. "NSO no puede poner límites a lsus clientes ni tener conocimientos de supuestos fines ilícitos", manifestó el fiscal.
El fiscal Borjabat añadió que "usar spyware está permitido en legislación española", especialmente para perseguir organizaciones criminales y terrorismo. No obstante, el representante del Ministerio Público no citó ningún caso que se haya usado Pegasus para frenar organizaciones terroristas, tal como le requirió antes al abogado de ERC. "Se dice que Pegasus no fue creada para cometer delitos, pero no hay ninguna resolución que lo diga. Al contrario. Es una ciberarma, como ha resuelto un tribunal de los EE.UU.", declaró el penalista catalán. Y enumeró los organismos internacionales que han reclamado aclaraciones y el freno de su uso contra la población, especialmente a disidentes y periodistas.
¿Cuáles son los indicios?
La firmeza de los afectados ha conseguido que un tribunal, la sección 7.ª de la Audiencia de Barcelona -y también la 3.ª-, haya concluido que es "verosímil" que el CNI "sea el único cliente en España del grupo NSO" ya que la empresa ha asegurado que solo vende el software Pegasus a agencias estatales. Añade también que hay indicios que las infecciones de los móviles de los independentistas sean hechas por el CNI, a raíz de las evidencias encontradas por los Mossos d'Esquadra en las periciales en los teléfonos móviles de los querellados, tal como exigía al fiscal de Delitos Informáticos, Roberto Valverde.
En concreto, la acusación de ERC expuso que el Gobierno de Pedro Sánchez admitió haber espiado al president Pere Aragonès y unas 17 personas más, entre los años 2019 y 2020, con aval del juez del Tribunal Supremo, a pesar de no aportarlo abiertamente. Las periciales han evidenciado que el sistema usado contra Aragonès es el mismo que el sufrido por Jové, Riba y el exeurodiputato republicano Jordi Solé, todo y que fue negado por el Gobierno, entre otros.
Las coincidencias son: Se usó el mismo sofware, Pegasus; la misma técnica de infección, con el envío de SMS maliciosos, con noticias sobre el independentismo o de interés para la persona; el uso del mismo servidor y dominio, donde se pierde la pista. Por todo eso, se aprobaron las tres nuevas imputaciones de Esteban.
En estos tres años de procedimientos dispersados por los juzgados, los abogados de los querellantes han admitido que las causas están "atascadísimas", que cuesta que los jueces acuerden comisiones rogatorias a Israel y Luxemburgo para pedir explicaciones a la sociedad NSO, y que han ido pidiendo la prórroga de las instrucciones cada seis meses a fin de que no se archiven, tal como es obligado al pasar el primer año de investigación.
Damos un repaso de la situación actual de las principales causas.
Josep María Jové y Diana Riba: un móvil reclamado desde el 2017
Después de meses de haber presentado la querella, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y la eurodiputada republicana Diana Riba, pudieron explicar en mayo de 2023 a la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, Eva Moltó, que sufrieron infecciones en sus móviles entre los años 2019 en el 2020, cuando se negociaba la investidura de Pedro Sánchez. Riba incluso recordó que después de mantener una conversación con un asesor suyo, recibió una llamada posterior donde escuchó grabado todo su conversación anterior.
En enero del 2024, la unidad especializada de los Mossos d'Esquadra certificaron las primeras infecciones con Pegasus, en este caso de Jové, Riba y el excargo de ERC Sergi Sabrià. El fiscal de Delitos Informáticos, Roberto Valverde, ha pedido en todos los procedimientos que se haga a una pericial "oficial" sobre los móviles espiados, y hasta ahora, la policía catalana ha ratificado lo que descubrió Citizen Lab en la investigación Catalan Gate.
Ahora, finalmente, la magistrada Moltó ha imputado a la directora del CNI, Paz Esteban, obligada a dimitir en el 2022 al estallar el espionaje masivo a independentistas catalanes. La citación es para el próximo 29 de septiembre. Seguramente se acogerá a su derecho a mantener el silencio, obligación fijada a todos los trabajadores y responsables del CNI por la ley de secretos oficiales. La jueza, a petición de ERC, ha pedido al Consejo de Ministros que le permita declarar, sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna respuesta del Gobierno. Aparte, para evitar la prescripción del caso, el abogado Andreu Van den Eynde ha pedido en la Audiencia de Barcelona que se le permita imputar tres directivos de NSO, aparte de la sociedad.
Una novedad en el caso de Jové es que el TSJC -que tiene pendiente juzgarlo para el 1-O, si no lo amnistía-, ha enviado el móvil que le sustrajeron en el 2017 en su detención (en total tenía 3 móviles), después de siete años de reclamaciones de su defensa, desde la causa sobre la organización del Referéndum. El abogado de los republicanos ha presentado un recurso porque el alto tribunal catalán ha indicado que solo lo pone a disposición del juzgado -que ya lo ha derivado a los Mossos para su análisis- no de Jové.
El espionaje del president Pere Aragonès: ¿el primero en juzgar-se?
El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García, que le tocó la querella presentada por el president Pere Aragonès, ha sido el más valiente y decidido. Fue el primero a imputar a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por el espionaje del republicano. Era finales de enero del 2024 cuando Esteban declaró por vídeoconferencia desde Madrid, bajo el control cuatro letrados de la Abogacía del Estado, dos en el juzgado de Barcelona y dos en Madrid, que dejaron claro al juez y abogados de que no se podía informar de nada o lo denunciarían. Sin embargo, la exdirectora del CNI no reveló nada y se escudó que el Gobierno no lo había autorizado a hablar, al no eximirla de guardar secreto.
La importancia del caso de Aragonès, además de ser el más avanzado, es que el Consejo de Ministros desclasificó parte del espionaje que le hizo el CNI, con el visto bueno del juez del Supremo que controla el ente. Antes, en la comisión de secretos, ya se anunció que se habían espiado unos 18 políticos catalanes, en el marco de las reacciones a la durarísima sentencia del Supremo a los líderes del procés y las movilizaciones de Tsunami Democràtic.
Esta confirmación ha sido clave para dos extremos: el primero que la admisión que se espió a Aragonès, confirma indirectamente otros espionajes no admitidos (como el exeurodiputado Jordi Solé) al haberse hecho en el mismo periodo y con los mismos métodos; y el segundo, que la pericial de los Mossos ha demostrado que Aragonès sufrió una infección del móvil en el 2018, antes de la autorización del Supremo, y por lo tanto de forma ilegal. Es por eso, que el abogado de Aragonès ha pedido la imputación del director del CNI de la época Félix Sanz Roldán, mientras que con la prescripción en la esquina, ya no se intenta la imputación de los directivos de NSO. El juez tiene que resolver si envía ya a juicio Paz Esteban, mientras la Abogacía del Estado insiste en pedir el archivo.
El espionaje insólito de dos abogados: tres directivos NSO imputados
El espionaje también se hizo de forma excepcional a dos abogados, profesión que tiene que tener mayor blindaje para garantizar el derecho de defensa. Gonzalo Boye, defensor del president en el exilio, Carles Puigdemont, y otros políticos de Junts, denunció su caso y es investigado en el juzgado de instrucción 29 de Madrid.
Por su parte, el espionaje de Andreu Van den Eynde, defensor del presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el juicio en el Supremo y otros cargos de ERC, es investigado por la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, como también el espionaje al eurodiputado Jordi Solé.
En este sentido, la magistrada Maria Antonia Coscollola ha hecho las últimas acciones. La primera, la imputación de Paz Esteban, que ya suma la cuarta citación como investigada. Y la jueza, también,obligada por la Audiencia de Barcelona, ha ampliado la querella contra tres directivos de NSO Group y ha ordenado dictar una Orden Europea de Investigación (OEI) a Luxemburgo a fin de que se les cite a declarar como investigados. Es el único caso aproba,do el pasado julio, y a petición de Irídia, que lleva la acusación en nombre de Van den Eynde, a través del abogado Brian Ventura.
Respecto a otros excargos republicanos afectados, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona abrió la investigación por el espionaje sufrido por Oriol Sagrera, exjefe de prensa del expresidente del Parlament, Roger Torrent.
Un juzgado con espiados de ERC y la CUP
Precisamente, el espionaje de los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall fueron los primeros casos denunciados en los tribunales, que recayeron en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona, el cual archivó el procedimiento provisionalmente al no tener avances, ya que los republicanos no conservaban sus móviles oficiales para ser analizados. El juez se opuso frontalmente a unificar todas las querellas del espionaje de Pegasus, con el visto bueno de la Fiscalía. No obstante, acabó por admitir las querellas de los exresponsables de la CUP, Carles Riera, Albert Botran y David Fernández, con la acción del abogado Benet Salellas. Los Mossos también han confirmado la infección del móvil de Riera, que es uno de los espiados admitidos por el Gobierno.
Paralelamente, la policía catalana confirmó el enero pasado que el historiador Josep Lluís Alay tuvo los móviles intervenidos, mientras era el director de la oficina del president Puigdemont, en el 2019. Alay denunció haber sido perseguido incluso físicamente en Suiza, aparte sufrió un asedio judicial en las causas de Tsunami Democràtic -donde la Guardia Civil habría hecho seguimientos de móviles y ordenadores a independentistas- y en el caso Volhov sobre una supuesta trama rusa. Los dos procedimientos fueron cerrador por orden de tribunales superiores a los dos jueces de ambos casos, ahora jubilados. El caos de Alay és investigado por el titular del juzgado de instrucción 4 de Barcelona.
Entidades civiles y empresarios: la ANC, Òmnium y Sentinel
La persecución a la disidencia también llegó a las entidades civiles catalanas. Los expresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y Elisenda Paluzie, junto con Sònia Urpí, explicaron la injerencia sufrida en sus móviles a la titular del juzgado de instrucción 23 de Barcelona, en noviembre de 2024. Entonces ya tenían el informe de los Mossos, encargado por el juzgado, que ratificaba su seguimiento entre los años 2019 y 2020. Sànchez tuvo seguimientos antes, del 2015 al 2017, y también el 2020, al salir de la prisión y participar en la fundación de Junts.
Desde entonces, la magistrada Maria Ángels Falip por ahora ha admitido emitir una comisión rogatoria internacional a Israel y Luxemburgo para que la empresa NSO, propietaria del software Pegasus, exponga a quien le encargó espiar los cargos de la Asamblea. Aún no hay respuesta. Del CNI, por ahora no ha aceptado ninguna imputación.
Con respecto a los querellantes de Òmnium Cultural, hace meses que se espera el informe de la policía catalana, mientras se batalla para obtener respuestas de NSO, que ni se ha personado en los juzgados de Barcelona.
Paralelamente, antes del verano la Fiscalía de Barcelona confirmó que ha admitido que el titular del juzgado de instrucción 2 de Barcelona admita a trámite la querella interpuesta por cinco empresarios catalanes espiados con el software Pegasus y Candiru. ,Inicialment, los afectados, a través de Sentinel Alliance —que se define como la primera asociación internacional de víctimas de espionaje—, presentaron la querella en la Audiencia Nacional, que los derivó a los juzgados donde habían pasado los hechos.
Artur Mas, el primero espiado
Finalmente, el president Artur Mas ha presentado recientemente una querella por haber sido espiado, contra el CNI y la empresa NSO, además de dirigentes de la cúpula del PP. Las investigaciones indican que es el primer espiado, entre los políticos catalanes. El titular del juzgado de instruccó 31 de Barcelona inadmitió la querella, al considerar que es competencia de la Audiencia Nacional, mientras el abogado de Mas, el penalista Jordi Pina, ha presentado un recurso para que el caso se quede en el juzgado barcelonés, después de obtener nuevas pruebas.
Ninguna reparación del Estado español
A pesar de los esfuerzos y frentes abiertos, la negativa Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a investigar el espionaje con Pegasus sufrido y denunciado por el president Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, conocida el mayo pasado, fue un jarro de agua fría para todos.
Hasta ahora, el Estado español ha menospreciado as reclamaciones de organismos europeos e internacionales, como la ONU, que le reclama que investigue el espionaje sufrido por la disidencia, como los independentistas catalanes, y que sean reparados. Tampoco ha actualizado la ley franquista de secretos de Estado, como prometió el Gobierno del PSOE.
Ante la falta de respuesta, Irídia junto con otras entidades ha creado un grupo para exigir a sus gobernante la prohibición del software Pegasus en la Unión Europea y que no espien a su ciudadanía.
Por ahora, el sofware Pegasus se va perfeccionando y se sigue usando, pisando derechos fundamentales.
