Pedro Sánchez ha dado en los últimos días un nuevo paso para borrar un elemento más de la lista de acuerdos pendientes de cumplir con las formaciones que lo invistieron presidente del Gobierno. La reunión que mantuvo en la Moncloa con Oriol Junqueras sirvió para acordar un nuevo sistema de financiación; un modelo singular para Catalunya reconvertido en un sistema de ‘singularidades’ para todos. Pero es un pacto sin mucha esperanza de vida. Si Junts mantiene su rechazo, la propuesta morirá en el Congreso de los Diputados. Detrás de esta iniciativa en vías de potencial fracaso hay un método de negociación —o de incumplimiento— habitual del PSOE esta legislatura, un modus (in)operandi marcado por una aritmética endiablada en la cámara baja. Ante la dificultad de aprobar medidas, los socialistas se comprometen con sus socios a llevar textos a votación y basta; dejando las iniciativas a su suerte, ante el riesgo de que otras formaciones las tumben.
Junts —que ahora se alza como principal obstáculo de esta financiación pactada entre socialistas y republicanos— ya sufrió el mismo mal. Los juntaires cerraron hace dos años, en enero de 2024, un acuerdo con el PSOE para delegar a la Generalitat las competencias en inmigración. Tras meses y meses negociando la letra pequeña, la proposición de ley se sometió a su toma en consideración; un primer examen en el Congreso. Fracasó. El pasado septiembre Podemos tumbó la medida con la excusa —no sostenida en el texto de la norma— de que la iniciativa era racista. Todas las formaciones que habían investido a Sánchez votaron a favor, excepto los morados.
Fuentes del Gobierno argumentaban que en sus negociaciones con Junts no pueden comprometer el voto de terceros. Como moneda de cambio para sentarse a negociar la delegación de competencias, el partido de Ione Belarra pide al de Carles Puigdemont la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a medio millón de inmigrantes. Esta carpeta ha quedado ahora arrinconada.
El catalán en Europa, en manos de los socios comunitarios
De hecho, no fue la primera vez que este partido independentista se topaba con la misma estrategia negociadora del PSOE. A cambio de nombrar a la socialista mallorquina Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados, Junts pactó al inicio de la legislatura la oficialidad en la Unión Europea del catalán, así como del euskera y el gallego. Sánchez ha superado ya el ecuador de este mandato y no hay ahora mismo perspectivas de avance en esta carpeta. La maquinaria diplomática española no ha convencido a los 27 socios europeos para sacar adelante una medida que debe aprobarse por unanimidad.
El gesto más grande que ha hecho el Gobierno es anunciar la creación de una mesa de diálogo con Alemania —socio reticente a la medida y con un gran peso en la toma de decisiones— para abordar la oficialidad del catalán en el club comunitario. Pero el país del conservador Friedrich Merz se ha encargado de dejar claro que no pretende cambiar de opinión. “Aquellas iniciativas que dependen exclusivamente de nosotros ya se han cumplido o están en vías de hacerlo; aquellos compromisos que no dependen en exclusiva de nosotros trabajamos sin demora para que se cumplan”, se excusaban fuentes del Gobierno el pasado noviembre, cuando Junts anunció que, cansado de tantos incumplimientos, rompía sus relaciones con el PSOE.
Nuevo sistema de financiación
Y a Esquerra Republicana, si nada cambia, le puede acabar pasando lo mismo. Esta semana se ha celebrado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda expuso a sus homólogos autonómicos el sistema pactado entre socialistas y republicanos. Ahora iniciará reuniones bilaterales de carácter técnico con estas autonomías para escuchar quejas y/o sugerencias e intentar añadirlas en el redactado final, que tiene que pasar por una nueva reunión del CPFF y después llevarlo al Congreso de los Diputados. La idea es hacerlo antes de verano.
Los consejeros del PP salían del encuentro cargando contra un nuevo modelo que es, según ellos, una nueva concesión al independentismo. Pero en privado, también manifestaban su tranquilidad ante un modelo que decaerá en el Congreso si Junts mantiene la posición de tumbar cualquier cosa que no sea un concierto económico que excluya a Catalunya del régimen común. El PSOE no solo no tiene atado el apoyo de los juntaires; tampoco el de socios parlamentarios habituales como los gallegos del BNG, los valencianos de Compromís o los aragoneses de la Chunta. Son formaciones que han mostrado discrepancias y recelos con el nuevo modelo.
Transferencia de la recaudación del IRPF
Ahora Junqueras asegura que no se sentará a negociar los próximos presupuestos de los gobiernos catalán y español hasta que republicanos y socialistas no se pongan de acuerdo en el traspaso a Catalunya de la recaudación del IRPF. En el acuerdo firmado por ERC a cambio de investir a Salvador Illa como president de la Generalitat se estipulaba que el Govern pasaría a "gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos soportados en Catalunya". La comisión bilateral Estado-Generalitat ya ha borrado del mapa este punto clave y ahora ya se habla de una cesta de tributos en la que la responsabilidad fiscal queda definida a partir de la participación de las dos administraciones en la recaudación.
El Gobierno insiste en un modelo “en red” donde siempre haya coordinación entre agencias tributarias. Es decir, que no sea Catalunya quien tenga exclusivamente la llave de la caja. Los republicanos, ante posiciones tan alejadas, registraron en el Congreso una propuesta de ley para que Catalunya pueda recaudar el impuesto sobre las personas físicas. Decidieron posponer su debate para poder llegar a un acuerdo con los socialistas, que todavía no se ha conseguido. El entorno de la vicepresidenta española y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advierte de que si ERC “no rebaja su posición de máximos”, no habrá ningún acuerdo; menos aún antes de las elecciones andaluzas.
Si al final lo hay, los socialistas tendrán vía libre para negociar con ERC los presupuestos de Sánchez e Illa. Pero aún quedará pendiente someter a votación en el Congreso de los Diputados el traspaso a Catalunya del IRPF, sin tener atado el apoyo de los socios parlamentarios ni tampoco el de Junts; que insiste en que mantendrá rotas sus relaciones con el PSOE.