El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne al Ministerio de Hacienda con las consejerías homólogas de las autonomías, ha mantenido este miércoles una reunión para discutir el nuevo sistema de financiación pactado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras que no cuenta, por ahora, con el apoyo de Junts en el Congreso. Una vez terminada la cita, los consejeros del PP han arremetido contra el nuevo modelo presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se trata, dicen, de una propuesta “decepcionante” hecha “para el independentismo”. Un “chantaje”, ha llegado a decir el representante socialista del gobierno manchego del díscolo Emiliano García-Page. La propuesta tampoco cuenta con el apoyo de Asturias, también en manos del PSOE. Para escudarse de todas estas críticas, Montero ha rebajado en una posterior rueda de prensa los supuestos beneficios que el nuevo sistema tendría para Catalunya. Y ha desafiado a las autonomías del PP a no aceptar la nueva financiación: la adscripción será voluntaria.
“Los partidos a los que se refiere el PP querían un ‘cupo’ y es una reforma del régimen común”, ha manifestado la ministra de Hacienda en una comparecencia en la que ha cargado contra el “discurso del agravio territorial” entonado por el PP. La también candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas ha asegurado que “es falso que sea un modelo ideado para contentar a Catalunya; el sistema beneficia a todas las autonomías”. “Junts ha manifestado su rechazo al nuevo modelo; si fuera tan bueno para Catalunya, se facilitaría este acuerdo inmediatamente”, ha manifestado en esta comparecencia ante los medios, en la que ha insistido en que el sistema “no está hecho a medida” de los catalanes.
Montero también ha señalado que el PP declinó la oferta de Sánchez de sentarse a negociar conjuntamente un nuevo modelo de financiación del régimen común; cosa que, ha trasladado, hubiera impedido que el nuevo sistema surgiera de un acuerdo con una formación independentista. La vicepresidenta española ha cargado contra el PP por no haber presentado “ninguna alternativa”. “Siempre responden con un pseudodocumento que no tiene ni un solo número”, ha espetado. Y también ha acusado a los populares de ser unos “nostálgicos” del “escenario de ruptura” del Procés.
Sea como sea, y ante tanta oposición, Montero ha ofrecido durante la reunión que la adscripción al nuevo modelo sea voluntaria. Es decir, las autonomías podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente. Se trata de una prerrogativa que no es nueva; ya aparece en la actual ley aprobada en 2009. De hecho, en 1996, cuando se reformó el sistema de financiación con José María Aznar en la Moncloa, autonomías como Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha continuaron con el anterior sistema, que era de 1993. Montero también ha comunicado a las comunidades que iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para "profundizar en el modelo" y añadirle algunas modificaciones.
El Govern defiende el nuevo modelo y pide a los críticos un debate sin “anticatalanismo”
Montero ha explicado en esta rueda de prensa que en el interior de la reunión Catalunya no ha sido la única autonomía que no ha criticado el modelo. Ahora bien, la consejera de Economía, Alícia Romero, sí que ha sido la única que, ante los medios, ha salido en su defensa. Cuando ha llegado a la reunión, ha pedido al resto de autonomías un debate “sereno, racional y con datos sobre la mesa”, alejado del “anticatalanismo”.
Después del encuentro, la socialista catalana ha salido en defensa del nuevo modelo porque es "más justo y equitativo" que el actual. Ha remarcado que todas las comunidades "ganan", de modo que ha cargado contra el PP por sus críticas al nuevo sistema. Así, ha resaltado que un 70% de los 20.975 millones de euros más que supondría el nuevo sistema va a parar a comunidades gobernadas por los populares. De esta cifra, 4.700 millones serán para Catalunya. El nuevo modelo respeta, en el caso de Catalunya, el principio de ordinalidad: la autonomía sería la tercera en aportar y recibir.
Un modelo en vías de quedar en papel mojado por la oposición de Junts
Una vez superada la reunión de este miércoles, el siguiente paso será aprobar el nuevo modelo en el Consejo de Ministros como anteproyecto de ley orgánica. Después, se deberán recibir todos los informes pertinentes de organismos como el Consejo de Estado y llevar la propuesta al Congreso ya en forma de ley orgánica de reforma de la LOFCA, la norma sobre la financiación de las comunidades.
En el Congreso, el Gobierno se encontrará, previsiblemente, con el ‘no’ de PP y Vox y la reticencia de Junts, que ya ha avanzado que no apoyará ningún modelo que no suponga un concierto económico completo. Este miércoles, la consellera Romero ha reconocido que ahora toca “convencer y seducir”. Este lunes, el presidente del ejecutivo se comprometió a “sudar la camiseta” para conseguir que Junts se sume a la propuesta. Y la vicepresidenta Montero, preguntada por esta formación independentista, ha afirmado que “se está trabajando” la publicación de las balanzas fiscales, una exigencia del partido de Puigdemont. También otros socios parlamentarios habituales de Sánchez, como el BNG, Compromís o la Chunta Aragonesista, han mostrado su distancia con la propuesta pactada con Junqueras.