Podemos se ha aliado este martes con PP y Vox y ha tumbado la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Dos semanas después de haber criticado a Junts per Catalunya por haber hecho caer la reducción de la jornada laboral junto con la derecha y la extrema derecha española, esta vez han sido los morados quienes han sumado fuerzas con estas dos formaciones para hundir uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura sellados entre socialistas y juntaires. El partido de Ione Belarra e Irene Montero se ha cargado ahora una mejora del autogobierno catalán con la excusa de que, según su opinión, el redactado de la exposición de motivos es racista. Los diputados de Compromís y Chunta Aragonesista Alberto Ibáñez y Jorge Pueyo han decidido romper la disciplina de voto de Sumar y también han votado en contra. El resultado final de la votación ha sido de 173 votos a favor y 177 en contra. Ahora el Gobierno estudiará cómo parar este golpe y "continuar consolidando el autogobierno catalán".
El argumentario de los morados, que no abandonaron el gobierno de Pedro Sánchez cuando en 2022 se produjo la masacre de la valla de Melilla, es repetir por activa y por pasiva que sus votos no contribuirán a aprobar una ley que "trata la inmigración como un problema", según ha defendido este martes el diputado Javier Sánchez Serna. "Es una norma para decidir qué institución ejerce el racismo institucional", ha manifestado. Ahora bien, ha mostrado una pequeña rendija a un eventual acuerdo que implica aprobar antes una exigencia de Podemos. "Les propongo que retiren la votación de esta proposición, aprueben la Iniciativa Legislativa Popular de regularización de medio millón de inmigrantes y entonces nosotros nos sentaremos a hablar", ha manifestado dirigiéndose directamente a Nogueras en un discurso en el que ha acusado a los independentistas de estar compitiendo electoralmente con Aliança Catalana.
La voluntad de Junts de conseguir estas competencias, sin embargo, viene de lejos. Ya las exigió antes de que el partido de Sílvia Orriols tuviera representación en el Parlament, y mucho antes del sondeo publicado el domingo por La Vanguardia que sitúa a la extrema derecha catalana en una competición para convertirse en segunda fuerza política. La exposición de motivos de la norma, además, no describe la inmigración como dice Podemos. El texto apunta que es responsabilidad de los gobiernos "evitar posibles efectos" de la inmigración que "pudieran representar un riesgo". Y de hecho se señala que los "riesgos" están "alimentados por la desinformación y los bulos que pueden aprovechar las ideologías radicales de diferente signo que buscan erosionar los valores sobre los que se ha fundado el modelo de paz, prosperidad y libertades que ha conocido Europa; un radicalismo que comprende desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo, fenómenos ante los que la democracia tiene que reaccionar y actuar sin tapujos".
Nogueras habla de "colapso", "desbordamiento" e "identidad" catalana amenazada
Ahora bien, el discurso pronunciado este martes por Míriam Nogueras ha irritado a algunas formaciones de izquierdas que sí que han avalado la norma. La líder de Junts per Catalunya en Madrid ha dicho que "la supervivencia de la identidad catalana no está garantizada, sobre todo por el impacto que tiene la inmigración en la lengua, que es un factor de cohesión e integración social extraordinario". Ha hablado de situación de "colapso y desbordamiento" generada a causa de la "mala gestión" de los diferentes gobiernos españoles y la "negación del problema" por parte de la izquierda, y ha apuntado que la inmigración ha provocado que "las clases populares y medias que han trabajado y han pagado impuestos toda la vida hoy no reciben los servicios públicos que necesitan" y han quedado excluidos de las ayudas públicas.
Nogueras ha pronunciado este discurso, además, el mismo día que el Congreso ha debatido una proposición no de ley presentada por su grupo parlamentario que pedía incorporar más requisitos a la hora de pedir prestaciones de paternidad. Los independentistas denunciaban en su texto que "en los últimos años se ha detectado un incremento significativo en las solicitudes de esta prestación presentadas por trabajadores migrantes". Y denunciaba la "preocupación por posibles fraudes". Las distintas formaciones de izquierda han puesto el grito en el cielo y no han cerrado filas con Junts en esta iniciativa.
Las formaciones de izquierdas avalan la delegación de las competencias
Sí que lo han hecho en la discusión de la delegación de las competencias en inmigración. El más contundente ha sido Gabriel Rufián, que a pesar de criticar el "discurso lamentable y racista" de Junts, ha cargado duramente contra Podemos por la decisión "kafkiana" de tumbar la medida. Jon Iñarritu de Bildu también ha invitado a los morados a rectificar y ha señalado que es "de sentido común" ceder competencias a un territorio que las reclama. Aina Vidal, de los comuns, ha denunciado la pulsión "centralista" y la estrategia del "no a todo" de los morados, mientras que Àgueda Micó de Compromís ha recordado al partido de Belarra que "la descentralización es fundamental en un Estado plurinacional". También Mikel Legarda del PNV ha remarcado la constitucionalidad de la iniciativa, así como el "principio de confianza" que le inspiran las instituciones catalanas.
Por parte del PP, Nacho Martín Blanco ha denunciado que con esta iniciativa "se saca a España de Catalunya". Ha asegurado que el Gobierno sabe "perfectamente" que la iniciativa no pasaría "el filtro" del Tribunal Constitucional, pero la mantienen por "trilerismo político". Eso ha provocado una disputa con el socialista también catalán José Zaragoza, que ha denunciado que los populares fueron los "pioneros" en el traspaso de competencias a la Generalitat durante la etapa de José María Aznar y Jordi Pujol. El diputado del PSC ha defendido una "medida constitucional" que fomenta la "colaboración" entre instituciones.
Vox, por su parte, ha afirmado que la propuesta supone "el desguace del Estado". Según la diputada Pepa Millán, las tareas de migración y fronteras no son delegables a ninguna comunidad autónoma. "Evidencia el reconocimiento, de facto, de la independencia de Catalunya", ha alertado.
Qué se conseguía con la delegación de las competencias en inmigración
Si el Congreso de los Diputados hubiera acabado aprobando la ley impulsada por PSOE y Junts, Catalunya habría tenido competencias para gestionar permisos de residencia y trabajo, así como poder gestionar procedimientos de expulsión. La plantilla de los Mossos d'Esquadra habría aumentado en casi 2.000 efectivos para hacer funciones que la Guardia Civil y el CNP ejercen actualmente en territorio catalán. La policía catalana habría participado junto con estos dos cuerpos españoles en el control de fronteras; con presencia en puertos y aeropuertos. La Generalitat también habría pasado a tener competencias sobre los CIE, y habría podido expedir documentos NIE y TIE.