El naufragio de este pasado martes de la ley que delega las competencias en inmigración a la Generalitat estaba prácticamente anunciado. Junts per Catalunya llevó a votación la iniciativa que había pactado y registrado conjuntamente con el PSOE sabiendo que Podemos no avalaba su aprobación. Pero los morados no solo han acusado la ley de forma tergiversada de ser racista, sino que hace meses que insisten en un intercambio de cromos: quieren que se apruebe una Iniciativa Legislativa Popular para regularizar, según sus cálculos, 500.000 inmigrantes de forma extraordinaria que actualmente no tienen papeles. Fuentes del Gobierno admiten que hace falta que haya "elementos de intercambio" para que todo acabe en un acuerdo. Pero el partido de Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias plantea una renegociación con desigualdad de condiciones sobre la carpeta de la inmigración.
El martes, un rato antes de la celebración en el Congreso de los Diputados del debate sobre la medida, se produjo una reunión entre miembros de Podemos y Junts. No hubo acuerdo. Los morados pidieron a los independentistas que retiraran su iniciativa, que aprobaran la ILP de regularización y que más tarde, en todo caso, ya se sentarían a negociar la norma que deja en manos de las instituciones catalanas la gestión de la inmigración. El planteamiento de Podemos, tal como denuncian fuentes de Junts a este periódico, es el de una negociación desequilibrada. Porque el grupo parlamentario de Míriam Nogueras ya votó a favor de la toma en consideración de esta iniciativa popular en abril del 2024. De hecho, solo Vox votó en contra. Es decir, ya superó un primer filtro que ahora Podemos se niega a conceder a la delegación de competencias.
Después de la reunión sin acuerdo, esta petición la verbalizó durante el debate el diputado Javier Sánchez Serna dirigiéndose directamente a Míriam Nogueras: "Les propongo que retiren la votación de esta proposición, aprueben la ILP de regularización de medio millón de inmigrantes y entonces nosotros nos sentaremos a hablar". Un día antes, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ponía unas condiciones todavía más complicadas. En rueda de prensa aseguraba que antes de negociar el contenido de la ley registrada por Junts y PSOE "hace falta aprobar leyes para cerrar los CIE, regularizar al medio millón de personas que se encuentran en situación administrativa irregular, derogar la ley de extranjería, prohibir por ley las batidas basadas en el perfil étnico y las devoluciones en caliente, y erradicar el racismo institucional".
La gran excusa de Podemos para negarse a la aprobación de la medida que reclama el partido del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, es que su exposición de motivos es racista. Lo que plantea la norma es que Catalunya pueda tener "un modelo de gestión basado en el establecimiento de un marco de derechos inclusivos y deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge." "Este marco tiene que ser el elemento clave que vertebre la integración y el respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad; un nuevo contrato social que sirva para proteger a las personas recién llegadas ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades, así como para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura".
¿Cambios en la exposición de motivos?
Los morados señalan, además, que el texto describe a la inmigración como un "riesgo". El texto, sin embargo, apunta que es responsabilidad de los gobiernos "evitar posibles efectos" de la inmigración que "pudieran representar un riesgo". Y de hecho se señala que los "riesgos" están "alimentados por la desinformación y los bulos que pueden aprovechar las ideologías radicales de diferente signo que buscan erosionar los valores sobre los que se ha fundado el modelo de paz, prosperidad y libertades que ha conocido Europa; un radicalismo que comprende desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo, fenómenos ante los que la democracia tiene que reaccionar y actuar sin complejos".
De todos modos, Nogueras se abrió el miércoles en una entrevista en TVE a hacer "cambios" en el preámbulo de la norma si este es realmente el único obstáculo para que Podemos dé luz verde a la proposición de ley. Pero en estas mismas declaraciones en la televisión pública española advirtió que, según su opinión, el posicionamiento de Podemos se debe sencillamente a su mentalidad centralista y la negativa de otorgar unas competencias a Catalunya. Fuentes de este grupo parlamentario aclaran a ElNacional.cat que todavía es demasiado pronto para saber si la formación se abrirá a hacer cambios en la exposición de motivos. La dirección del partido —a quien esta semana algunos alcaldes le han trasladado su malestar con cuestiones relacionadas, entre otras, con la inmigración y la multirreincidencia— todavía tiene que reunirse para valorar la derrota sufrida esta semana y analizar qué nuevos pasos se pueden dar.
Los socialistas, dispuestos a volver a presentar la iniciativa, asumen que hay que encontrar un "elemento de intercambio"
Aunque los socialistas —que han sido coautores de la proposición de ley con Junts— son conscientes de que tachar la norma de "racista" es una excusa, sí que consideran que habrá que hacer algún cambio de cromos con Podemos. Fuentes del Gobierno manifiestan su predisposición de traer de nuevo al Congreso la delegación de las competencias en inmigración y adoptar un papel de intermediarios, pero afirman que hay que encontrar algún "elemento de intercambio" con Podemos. Apuntan, también, que habrá que esperar unos días porque "las pasiones en la tribuna de la cámara provocan averías".
También muestran su predisposición a impulsar vía reglamento los puntos que no requieren rango de ley. De momento, las fuentes de la Moncloa consultadas por este periódico mantienen en el aire qué Plan B impulsará ahora que la ley ha quedado en nada. En privado, Junts también señala que todavía no han ideado con los socialistas la vía alternativa para salvar, como mínimo, algunos puntos del articulado de la norma. De todos modos, el martes, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se comprometió a "seguir mejorando y consolidando el autogobierno catalán" ante una derrota que ya estaba anunciada.