Decía Konrad Adenauer —primer canciller de la Alemania Occidental y uno de los padres de la Unión Europea— que, en política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno. Y viendo cómo ha ido la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados este jueves y el consenso que se ha generado al respecto, el protagonismo que Carles Puigdemont va a ocupar en esta legislatura en la mayoría de las portadas y en los análisis políticos entre los defensores y los críticos va a tener mucho que ver con las posiciones ideológicas de unos y de otros, pero en medio de todas las salsas de los próximos meses va a estar el president en el exilio.

¿Qué ha pasado para que Pedro Sánchez se viera forzado a ceder más que cualquier otro candidato a presidente del gobierno en lo que era tan solo la constitución de la Mesa de Congreso y en una negociación que nunca antes en las 14 legislaturas habidas en España desde 1977 se habían introducido temas de contenido político? Fundamentalmente, la resiliencia. Porque si Sánchez está acostumbrado a no ceder o a hacerlo en el último minuto con compromisos etéreos que no llega a cumplir, Puigdemont no le anda a la zaga, ya que ni le debe nada, ni se fía de él y tampoco le cae especialmente simpático. Aguantar el envite no era para el president en el exilio una opción, sino una necesidad autoimpuesta, una vez rechazadas elegantemente todas las presiones que había tenido en las últimas 48 horas y que no eran pocas.

El acuerdo, que incluye a Junts y a Esquerra, es positivo porque es importante, y muchas de las críticas que se puedan hacer desde el punto de vista independentista pierden de vista lo que se estaba votando —la Mesa del Congreso— y lo confunden con el segundo acto, que se iniciará a principios de la semana que viene, el pacto de investidura. Ahí, la partida será otra y de una dimensión política que no tendrá nada que ver, empezando por la amnistía que se tendrá que aprobar en el Congreso de los Diputados a partir de la tramitación de una proposición de ley que Junts intentará primero que sea el PSOE quien la presente, algo que no será fácil. Si no es así, la iniciativa legislativa será independentista o de Sumar. Y si no se aprueba, no habrá investidura. Así de sencillo.

El acuerdo logrado afecta al catalán en España y en las instituciones europeas y tiene otras dos cosas —más simbólicas que importantes a efectos prácticos— como es la reapertura de la comisión sobre el espionaje político y la creación de otra comisión sobre los atentados del 17-A, de los que este jueves se han cumplido seis años. La nueva presidenta del Congreso, la balear Francina Armengol, en su primer discurso después de ser escogida, ya proclamó solemnemente que permitiría desde aquel momento hablar en catalán, euskera y gallego en la cámara baja, mientras se tramitaba la modificación del Reglamento.

Respecto a la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, que fue el último punto acordado entre Puigdemont y Sánchez, la investidura de Armengol hubiera podido saltar por los aires si no se hubiera cumplido al pie de la letra la exigencia del president: hechos comprobables. El miércoles a media mañana no había acuerdo, el PSOE decía que no a todo y las posiciones estaban muy alejadas. En pocas horas, todo cambio como un calcetín y empezó una negociación diferente. Hacia el mediodía, la presidenta del Grupo Parlamentario de Junts, Míriam Nogueras, entregó al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, sus exigencias y un redactado preciso sobre el documento que tenía que enviar el gobierno español a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera.

Sobre las 17 horas aproximadamente, La Moncloa reenviaba el documento a Nogueras y esta hacía lo propio con destino a Waterloo. Parecía correcto, no había modificaciones sustanciales y después de varios análisis y viendo que el encabezado era el correcto se le dio el ok definitivo al ministro Bolaños. Solo faltaba el último trámite, que no se podría ejecutar hasta por la mañana. La Moncloa sabía que sin el sello del registro conforme se había depositado la petición del gobierno español, el acuerdo con Junts reventaría por los cuatro costados.

Aún hubo unos minutos de incertidumbre sobre las 8 de la mañana de este jueves, cuando se tenía que reunir la ejecutiva de Junts de manera telemática para decidir la posición en la votación de la Mesa del Congreso, y desde La Moncloa se envió el documento con el registro de salida del ministerio de Exteriores. No era ese, ni mucho menos, el acuerdo alcanzado. Debía ser el registro de entrada en el Consejo de la Unión Europea. Había sido un error, se les explicó, e inmediatamente se envió el documento sellado en el registro de entrada de la UE, e incluso el acuse de recibo del Consejo. Tema resuelto. Había mucho más que un compromiso, un documento verificable del acuerdo.

Ahora, el foco está puesto en el 19 de septiembre, cuando el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea votará esta solicitud, en principio un trámite, ya que los gastos corren por cuenta del Reino de España, no de las instituciones europeas.