El Gobierno comienza 2024 habiendo prorrogado los presupuestos generales del Estado del año pasado y necesitando un ejercicio de funambulismo para aprobar las futuras cuentas públicas. Y es que Pedro Sánchez tendrá que hacer equilibrios dentro y fuera del Consejo de Ministros si quiere dotarse de unos nuevos presupuestos: en La Moncloa, el PSOE tendrá que dialogar con Sumar para que cristalicen las políticas que ambas formaciones acordaron y, en el Congreso de los Diputados, los socialistas tendrán que negociar, a toda costa, tanto con ERC y Bildu (sumados a Podemos y al BNG), que tirarán desde la izquierda e intentarán empujar un poco más que los de Yolanda Díaz, y con Junts y el PNV, que harán de contrapeso hacia la derecha y ya han explicitado que trabajarán "de manera coordinada". Un tira y afloja constante, que estará latente con todas las leyes, pero que aflorará con vehemencia cuando los presupuestos estén sobre la mesa.
Un apunte de hemeroteca: el anterior gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos consiguió sacar adelante tres presupuestos con el apoyo, entre otros, de Esquerra Republicana, el PDeCAT, el PNV y Bildu. Por lo tanto, el "Gobierno de coalición progresista" ya ha exhibido la capacidad de conjugar las dos patas del tablero político. Ahora bien, la variable novedosa que se ha introducido después del 23-J es el voto de Junts, que se postula como crucial: si los juntaires se oponen, los presupuestos generales no se podrán aprobar (siempre y que PP y Vox también votarán en contra).
Los deberes que tendrá la nueva vicepresidenta primera del Gobierno y encargada de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, serán encontrar la complicidad de los socios parlamentarios y aterrizar algunas de las medidas que encauzaron al PSOE y Sumaron en el acuerdo de coalición; por ejemplo, y según consta en el documento, garantizar a las comunidades autónomas infrafinanciadas (el País Valencià es la única que se cita explícitamente) "la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que en el resto del Estado".
Primeras tensiones con Sumar y Junts
Todo, justamente, cuando hace poco que afloraron las primeras tensiones en la mayoría de la investidura. Después de que Pedro Sánchez anunciara las medidas anticrisis que había aprobado el Gobierno de cara al año que viene, la vicepresidenta segunda del ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó que desde Sumar no comparten la rebaja fiscal al impuesto a las grandes energéticas y reclamó "una reforma estructural de la fiscalidad en España" para que "los que más ganen paguen realmente más".
Por su parte, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió a través d'X que votarán en contra de los dos reales decreto ley que el Gobierno intentará convalidar en el Congreso en el mes de enero: el decreto ómnibus del 20 de diciembre, con una modificación en lo referente a las cuestiones prejudiciales que "pondría en riesgo" la amnistía (aunque el ministro Félix Bolaños ha puntualizado que se trata de un "malentendido" y que, a la práctica, no hay ningún cambio), y el decreto de medidas anticrisis del 28 de diciembre. Nogueras argumentaba que son reales decretos ley "macedonia que regulan materias diferentes e inconexas" y que "no respetan competencias de Catalunya en diferentes materias". Junts, por lo tanto, se erige en un hueso duro de roer en las negociaciones.
Primeras alianzas con Bildu y el PNV
En paralelo a los choques con Sumar y Junts, cada una por motivos diferentes, mejor ha sido el entendimiento que el PSOE ha exhibido, de momento, con Bildu y el PNV: los abertzales acordaron con el Gobierno alargar hasta 2025 la prohibición de los desahucios a personas vulnerables y los jetzales pactaron concertar los impuestos a la banca y a las energéticas y prorrogar el contrato de relieve que terminaba con el fin del año.
Además, sin ir más lejos, el pasado mes de octubre, durante la ronda de contactos de Pedro Sánchez con los grupos parlamentarios tras ser propuesto por el rey como candidato, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, consideró "lógico" que el apoyo a la investidura fuera acompañado del voto afirmativo a los presupuestos, argumentando que sería necesario dar al Gobierno los "mínimos instrumentos" para funcionar.
Una prórroga presupuestaria por décima vez desde 1979
Empezar el año con los presupuestos generales del Estado prorrogados no es frecuente históricamente, aunque en la última década se haya convertido en el habitual: en los últimos doce años, ha habido cinco prórrogas, una más que en los 33 ejercicios anteriores.
La de este año, que es la décima desde la aprobación de la Constitución, es la tercera prórroga a la cual se ve abocado Pedro Sánchez en La Moncloa. De hecho, Sánchez tardó dos años y medio a conseguir aprobar unos presupuestos. En 2019 los presentó tarde y, además, los independentistas le tumbaron las cuentas y forzaron un adelanto electoral. Para los de 2020, el Gobierno estuvo en funciones desde finales de abril de 2019, las elecciones se repitieron en noviembre y no pudo elaborar los presupuestos. Posteriormente, la pandemia del coronavirus imposibilitó ni siquiera redactarlos.
De hecho, las elecciones han sido el motivo más recurrente de prórrogas presupuestarias: con Mariano Rajoy, en 2012 (hacía pocos días que el líder del PP había sido investido tras las elecciones del 20 de noviembre del 2011) y en 2017 (con un gobierno en funciones desde inicios de 2016 hasta finales de octubre), y con Felipe González en 1990 y en 1983. Además, para los presupuestos de 1996, el Gobierno de González perdió el apoyo de CiU, que había sido socio durante la legislatura y, aunque las cuentas llegaron a tiempo al Congreso, el pleno aprobó las enmiendas a la totalidad de devolución un mes después de su registro y González convocó elecciones anticipadas dos meses más tarde.
Por otra parte, el Gobierno también empezó el año con los presupuestos prorrogados en 1979, con una democracia todavía embrionaria. El ejecutivo de Adolfo Suárez los había presentado en octubre de 1978, pero posteriormente se aprobó la Constitución. Se celebraron elecciones en marzo de 1979 y en mayo el Gobierno volvió a llevarlos al Congreso.
El particular caso de los presupuestos del 2018
En toda esta cronología hay un año especialmente curioso: 2018, que también empezó con los presupuestos generales del Estado prorrogados. De entrada, el Gobierno tardó en registrarlos porque en otoño de 2017, cuando los tenía que presentar y negociar, el contexto estaba condicionado por el procés independentista y el referéndum del 1 de octubre y eso llevó el PP a no tener "suficientes apoyos", según reconoció en el Senado el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Finalmente, las votaciones decisivas de las cuentas se hicieron entre mayo y junio de 2018 y, en medio de todo este proceso, prosperó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y el líder del PSOE llegó a la Moncloa. Como consecuencia, el 11 de junio, pocos días después de ser nombrada ministra de Hacienda, María Jesús Montero tuvo que pedir que las cuentas recibieran luz verde como "un paréntesis" que había que pasar "para que no se paralice el país". El PSOE, que acababa de expulsar al PP de La Moncloa, se alió con él para votar en contra de los vetos: paradojas del destino político.
Para acabar, un aviso para navegantes: después de las únicas dos veces que el Congreso de los Diputados ha rechazado unos presupuestos generales del Estado, los de 1996 y los de 2019, se han convocado elecciones anticipadas. Hoy por hoy, hasta el 29 de mayo, Sánchez no puede disolver las Cortes (se lo impide el artículo 115 de la Constitución), pero siempre es ilustrativo (y preventivo) ver y entender los precedentes.