Los Ángeles vive horas de tensión y desconcierto desde que este viernes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desplegado una serie de batidas simultáneas en diferentes puntos de la ciudad. Con el apoyo del FBI y la DEA, los agentes federales han intervenido al menos siete zonas, incluyendo cierres densamente poblados como Westlake, el centro y el sur de la ciudad. Estas actuaciones, que se enmarcan dentro de la ofensiva migratoria de la administración Trump, han tenido lugar en una de las metrópolis con mayor población de origen extranjero de Estados Unidos, generando un clima de alarma e indignación entre los vecinos. El objetivo de las operaciones sería identificar y detener personas en situación irregular y la presencia masiva de agentes y vehículos oficiales ha estado ampliamente documentada por ciudadanos y medios locales.

Durante las batidas coordinadas por el ICE, al menos 44 personas han sido detenidas, aunque algunos medios de la ciudad angelina elevan la cifra hasta 45. Entre los detenidos hay figuras destacadas como David Huerta, presidente del sindicato SEIU en California, que ha resultado herido durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Su detención ha generado un fuerte impacto entre los movimientos sindicales y los grupos de defensa de los derechos civiles, que denuncian un uso desproporcionado de la fuerza. Por su parte, el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, ha confirmado la detención de al menos 11 ciudadanos mexicanos y ha activado protocolos para darles asistencia legal. El gobierno mexicano ha expresado su preocupación ante el alcance de las operaciones y la afectación directa a su comunidad residente en California.

Las batidas del ICE en el corazón de Los Ángeles han desencadenado una ola de indignación tanto entre la ciudadanía como entre los representantes electos. Varias autoridades locales han condenado las acciones como "crueles e innecesarias", subrayando que solo han servido para intensificar el clima de miedo e inseguridad entre las comunidades inmigrantes. Las protestas espontáneas no se hicieron esperar: centenares de personas se congregaron en las puertas de un edificio federal de la ciudad para expresar su rechazo. Ante la creciente tensión, el Departamento de Policia de Los Angeles (LAPD) declaró ilegal la protesta hacia las siete de la tarde y ordenó la dispersión inmediata de cerca de 200 manifestantes, hecho que incrementó todavía más el ambiente de crispación en el centro de la ciudad, que se mantuvo hasta entrada la noche.

El caos aumentó en el distrito de la moda de Los Ángeles, uno de los más concurridos de la ciudad, cuando agentes federales irrumpieron en una tienda mayorista de ropa para detener a varios empleados. El operativo, que tuvo lugar hacia la una del mediodía, provocó una reacción inmediata de la ciudadanía que se encontraba en la zona. Ante las protestas que se concentraron de manera espontánea, los agentes el ICE utilizaron granadas aturdidoras y gas pimienta para dispersar a la multitud, provocando escenas de pánico y tensión. El uso de estos métodos ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos civiles, que consideran desproporcionada la respuesta federal y alertan de la creciente militarización de las políticas migratorias. La situación dejó un rastro de confusión e indignación entre comerciantes, clientes y vecinos de la zona.

Las protestas, que crecieron rápidamente en intensidad, han sido marcadas por gritos a favor de los derechos humanos y consignas contra las políticas migratorias del gobierno. "Nuestra comunidad está bajo ataque", ha afirmado Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), ante la multitud, tal como recogió Los Angeles Times. "Estos son trabajadores, estos son padres, estas son madres", ha añadido.