Este año, Junts per Catalunya hará tres años que se marchó del Govern. Después de que este espacio político ocupara durante doce años consecutivos la Generalitat -el último año sin la presidencia-, la militancia del partido decidió, a través de una consulta, romper con Esquerra Republicana en medio de reproches de incumplimiento contra el entonces president, Pere Aragonès. Casi tres años después ha habido hasta cuatro elecciones: las municipales, en el Congreso, en el Parlament y en Europa. El resultado de todo ello es que el máximo cargo que ocupa alguien del partido es la presidencia del Parlament, con Josep Rull, mientras que la administración más relevante que gobiernan y presiden es la Diputació de Girona y el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès -también es el partido con más alcaldías-.

El presidente y líder de Junts, por eso, sigue en el exilio pendiente de la aplicación de la ley de amnistía, hecho que dificulta enormemente la política del partido. Después de las últimas elecciones, Puigdemont renunció a ocupar la figura del jefe de la oposición, que sirve, básicamente, para visualizar a un líder de contrapeso al president de la Generalitat. Mientras Junts, como principal partido de la oposición con 35 diputados, fiscaliza al Govern presidido por Salvador Illa, el partido tiene centrado la mayor parte del mostrador de juego de su política en el Congreso de los Diputados, donde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, depende de los siete diputados junteros para gobernar.

El mostrador de juego, en Madrid

Las miradas de los juntaires, en Madrid, están puestas sobre todo en tres carpetas acordadas con el PSOE: la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la delegación de las competencias de inmigración y la aplicación de la ley de amnistía. La primera carpeta está en el terreno de juego de los estados de la Unión Europea, que siguen debatiendo la cuestión en búsqueda de la necesitada unanimidad; la delegación de las competencias de inmigración continúan bloqueadas por los diputados de Podemos, necesarios para que salga adelante; finalmente, la aplicación de la ley de amnistía también queda pendiente, con el Tribunal Constitucional, que ya validó la amnistía, que tendrá que decidir la cautelar del líder de Junts en septiembre.

La situación de estas tres carpetas continúa bloqueada, hecho por el cual los juntaires, a través de la mesa de negociación en Suiza, apremian al PSOE para que den resultados. Y todavía más después de los casos de corrupción que han afectado al entorno de Sánchez durante los últimos meses, como es el caso del ya exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, quien, precisamente, era el principal interlocutor con Junts. De hecho, en uno de los últimos cara a cara en el Congreso, la portavoz juntaire en Madrid, Míriam Nogueras, advirtió a Sánchez que estaba "en prórroga", mientras que el vicepresidente del partido, Toni Castellà, días más tarde, pidió a Sánchez que entendiera que su modelo es el concierto económico como nuevo sistema de financiación.

Oposición sin jefe

Mientras todas las miradas están puestas en el papel de Junts en el Congreso de los Diputados, en el Parlament de Catalunya el grupo parlamentario presidido por Albert Batet hace de oposición a Illa sin capacidad de sumar una mayoría alternativa. Y es que el president socialista, tal como ha ido haciendo este año, puede sumar a través de la mayoría de la investidura, con los 68 diputados de PSC, ERC y Comuns, y con los 68 diputados de PSC, PP y Vox. Los juntaires no suman con una mayoría independentista y la única forma que tienen para hacer castigar al Govern de Illa es rompiendo los dos bloques a la vez. Sin embargo, Junts ha conseguido poner de acuerdo a la mayor parte de la oposición en contadas ocasiones, como con la reprobación y la petición de cese por parte del Parlament s  la consellera de Territori, Sílvia Paneque, por el caos de Rodalies; o por la reprobación de todo el ejecutivo por la gestión de las infraestructuras. Otra de las características de esta legislatura por parte de Junts per Catalunya es que ERC es el partido con quien más ocasiones coincide, en un 67,3%.

Con el exilio de Puigdemont, el partido tampoco cuenta con un líder visible en la cámara catalana, aunque la portavoz parlamentaria, Mònica Sales, ha ido cogiendo ascendencia este último año, hasta el punto que se ocupa de la mayor parte de la coordinación interna del grupo parlamentario. De hecho, en más de una vez, Sales ha cogido la batuta de la sesión de control al president de la Generalitat, mientras habitualmente lo hace Albert Batet como presidente del grupo. Sin embargo, crecen las voces dentro del partido y el grupo parlamentario que piden consolidar y hacer visible un liderazgo mucho más claro, mientras que también piden tener más peso en la vida del partido y no tener la mirada tan focalizada en Madrid.

"Incumplimientos, desnacionalización y mala gestión"

Durante este año de oposición, los juntaires también han puesto el foco en los "incumplimientos, la mala gestión y la desnacionalización". Con respecto a los incumplimientos, el grupo parlamentario ha fiscalizado los acuerdos con Esquerra Republicana, sobre todo con respecto a Rodalies y financiación. En los dos casos los juntaires consideran que los acuerdos no son lo bastante ambiciosos y no cumplen con lo que se acordó. Mientras con Rodalies aseguran que no se trata de un traspaso integral, con la financiación creen que ha pasado de ser un "acuerdo singular a un acuerdo generalizable" a todas las comunidades autónomas.

Otro de los incumplimientos que apuntan los juntaires es qué Salvador Illa prometió tener los presupuestos del 2025 antes del 1 de enero, cosa que no ha sido así. La idea del president era acordarlo con los socios de investidura, ERC y Comuns, pero el presidente republicano, Oriol Junqueras, lo descartó por la falta de avances en los acuerdos de investidura. Con respecto al partido de Carles Puigdemont, únicamente asistieron a una reunión con la consellera de Economía, Alícia Romero. "No vale la pena y no tiene sentido", dijo Sales, saliendo de la reunión. Eso sí, durante estos últimos meses Toni Castellà ha ido pidiendo al Govern que los lleve al Parlament y, durante los trámites, negociarlos. De cara a las próximas cuentas, fuentes juntaires apuntan que el ejecutivo todavía no ha contactado con ellos para negociarlos y prevén que vuelva a pasar como el año pasado, con unos socios prioritarios claros por parte del ejecutivo. "Nosotros asistiremos tal como hicimos, pero no se puede negociar si el gobierno no nos da datos", lamentan.

Foco en Rodalies y Educación

Con respecto a la "mala gestión" que apuntan en el Govern de Illa. Los juntaires han puesto sobre todo el dedo en la llaga en las crisis en el Departament de Educació. Conflictos como que 15.000 alumnos se hayan quedado sin plazas de Formación Profesional, los malos resultados en competencias básicas, las rectificaciones a los exámenes de selectividad o los errores en las adjudicaciones de profesores han estado seguidos de bien cerca por Junts per Catalunya. Pero también han fiscalizado problemáticas en otros departamentos, como lo que consideran la "mala gestión" comunicativa del Govern durante el apagón general, las rectificaciones con el decreto de la tasa turística o la gestión de la crisis en la DGAIA. De hecho, uno de los pescozones que ha conseguido Junts hacia el ejecutivo de Illa en más de una ocasión es por parte del Consejo de Garantías Estatutarias, quien se ha quejado del abuso de los decretos ley por parte del ejecutivo de Salvador Illa, en vez de tramitar las propuestas como proyectos de ley. Un ejemplo, más allá de la tasa turística, también hay el del impuesto de transmisiones patrimoniales o las medidas para la vivienda.

Con respecto a la desnacionalización, Junts per Catalunya ha criticado las reuniones de Illa con el rey Felipe VI, el uso de la bandera española en actos de la Generalitat, el uso del castellano por parte del president, la gestión con las obras de Sixena en el MNAC o que Illa "no alce la ve pidiendo recursos y exigiendo cambios al presidente del Gobierno.

Las propuestas de Junts chocan con la mayoría de los partidos de izquierdas

Finalmente, los juntaires también han querido ser propositivos para evitar la imagen "gruñón". Sin embargo, según apunta Mònica Sales a El Nacional.cat, Junts per Catalunya se encuentra con que PSC, ERC y Comuns ya van a la Junta de Portavoces con "todo pactado" para evitar que sus propuestas salgan adelante de forma "urgente". Un ejemplo, según expone Junts per Catalunya, son las propuestas para presentar a la Mesa del Congreso una proposición de ley para hacer frente al fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles con el fin de efectuar el desalojo en un plazo de 48 horas; otro ejemplo es la proposición de ley de modificación de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de Catalunya, relativo a los derechos reales, y de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, relacionado también con las ocupaciones; finalmente, también ponen de ejemplo la proposición de ley de modificación del decreto legislativo 1/2010 por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo, con relación al régimen de uso del suelo no urbanizable.

"Es evidente que el tripartito bloquea las propuestas sectoriales de Junts, como estas en materia de vivienda, ya sea por trámite ordinario, por lectura única o por vía de urgencia", lamenta Sales, que también pone sobra la mesa una propuesta de Junts para sacar adelante una ponencia conjunta sobre la proposición de ley de la vivienda. De hecho, con los juntaires también se tropiezan con la mayoría de la investidura de Illa en otros ejemplos, como la ley de mecenazgo, la ley de atención paliativa pediátrica integral, mientras que también han rechazado una ley de medidas urgentes de apoyo económico y la regulación del alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones. La única proposición de ley que Junts ha presentado en solitario y que está tramitándose es la sobre el patrimonio cultural inmaterial y del asociacionismo cultural -en tramitación conjunta con el proyecto de ley del Govern. Los juntaires también han registrado enmiendas al proyecto de ley del Govern sobre memoria democrática.

Hasta 20 proposiciones de ley presentadas

Con todo, Junts ha presentado hasta 10 proposiciones de ley en solitario y 10 más con otros grupos parlamentarios. Han presentado hasta 258 propuestas de resolución, han hecho 48 interpelaciones al Govern, 579 preguntas escritas y han intervenido hasta 341 veces al pleno, así como han pedido hasta seis veces la comparecencia del president Illa y otros 18 de consellers. También se han celebrar hasta tres plenos monográficos a propuesta suya y se han reunido con 460 entidades y asistido además de 1.300 actos. Según Sales, el objetivo de todo ello es "fiscalizar el Govern de Salvador Illa y demostrar que hay una alternativa sólida y preparada al ejecutivo y a sus socios". "Hacemos el trabajo que el Govern no hace y aportamos soluciones allí donde el tripartito pone problemas", reivindica. En todo caso, el grupo parlamentario juntaire hará unas jornadas de trabajo antes del debate de política general del 7, 8 y 9 de octubre para definir sus prioridades del nuevo curso político, pendentes de Sánchez y con un grupo de trabajo en marcha en el partido para asumir legislativamente las competencias de inmigración.