Junts per Catalunya quiere que el Congreso de los Diputados apruebe la ley pactada con el PSOE para delegar a la Generalitat las competencias en inmigración. Pero Podemos se niega a entregar sus imprescindibles votos porque está en contra de "delegar el racismo". Los morados, por su parte, quieren que esta misma cámara apruebe una iniciativa legislativa popular para regularizar a medio millón de inmigrantes de países extracomunitarios que se encuentran en el Estado español sin documentación. Pero el partido de Carles Puigdemont se opone a entregar sus necesarios votos en este hemiciclo para sacar adelante una norma de "papeles para todos". En Madrid, la carpeta de la inmigración se encuentra en un callejón sin salida. Si Junts y Podemos quieren aprobar sus respectivas iniciativas, están condenados a entenderse y llegar a un acuerdo. De momento, los independentistas ya se han puesto a disposición de negociar, mientras algunas fuentes de los morados admiten que pueden producirse intercambios.

A principios de marzo, el PSOE y Junts per Catalunya sellaban definitivamente el acuerdo al que se habían comprometido más de un año antes: una ley para delegar íntegramente a Catalunya las competencias en inmigración. La norma ya está registrada en el Congreso de los Diputados, pero todavía no ha iniciado el trámite parlamentario; ni siquiera se ha tomado en consideración. Porque el mismo día en que la ley se hizo pública, Podemos advirtió que no permitiría su aprobación. Ione Belarra criticaba a los socialistas por haber pactado con "un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana", pero ya apuntaba a lo que quizás les podría hacer cambiar de opinión: "Lo que es urgente en nuestro país es la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular de regularización que hace más de un año que espera".

En las semanas posteriores, Podemos ha incrementado sus ataques a Junts y ha conseguido introducir un relato en el que las competencias no se entregan a la Generalitat, sino al partido de Carles Puigdemont; una formación que pretende "encarcelar y maltratar a inmigrantes", en palabras de Pablo Iglesias. La formación morada ha asegurado, en palabras de algunos de sus líderes, que Junts quiere estas competencias porque "entiende que la inmigración es un problema que se resuelve con mano dura, devoluciones en caliente y con CIE". Acusa a los independentistas de querer hacer "redadas basadas en perfiles étnicos", perpetuar el "racismo institucional", hacer políticas "contrarias a los derechos humanos" y promover que "la inmigración es una amenaza para el catalán".

 

La negativa a delegar estas competencias a Catalunya por parte de Podemos —un partido que se encuentra en plena 'operación vendetta' a Yolanda Díaz— también se explica por los recelos que ya han expresado desde algunos sectores Sumar. Han manifestado sus reticencias al pacto PSOE-Junts miembros de Izquierda Unida, la Chunta Aragonesista y Más Madrid. Y Alberto Ibáñez, miembro de Compromís integrado en el grupo parlamentario de Sumar, anunció que votará en contra.

El sí de Podemos a las competencias: ¿a cambio de regularizar medio millón de inmigrantes?

Ya dijo Pablo Fernández, uno de los portavoces de Podemos, que su partido tendría "otro tipo de disponibilidad" respecto de esta delegación de competencias si antes se aprueba la ILP de regulación de 500.000 inmigrantes. Una fuente solvente de la formación morada asegura a ElNacional.cat que la dirección del partido estaría abierta a hacer intercambios con Junts, y mencionan esta iniciativa popular, así como la ley para regular el alquiler. Este jueves, en una entrevista en TV3, Jordi Turull explicó que Junts per Catalunya "se ha puesto a disposición" de Podemos para llegar a un acuerdo que resuelva el rompecabezas migratorio. "He hablado con ellos y les he dicho que podemos negociar; podemos hablar de todo excepto de aquello que sea un retroceso en la gestión de la inmigración", expresó el secretario general juntaire.

De momento, las fuentes del partido morado consultadas por este periódico aseguran que todavía no se ha producido ninguna conversación; y reiteran su oposición a la ley que delega estas competencias a Catalunya. De la misma manera, fuentes del grupo parlamentario de Míriam Nogueras reiteran su oposición a regularizar hasta medio millón de personas: "Papeles para todos, no". Celebran que han percibido a la formación de Ione Belarra e Irene Montero "muy abierta" a negociar en los tímidos contactos que han podido tener hasta ahora. En cualquier caso, apuntan que la negociación tendría que llegar más adelante.

Las competencias en inmigración, un compromiso de PSOE con Junts

El PSOE, que en privado siempre insiste en que cuando llega a un acuerdo con una formación no garantiza el apoyo del resto de formaciones políticas del hemiciclo, llegó en enero de 2024 al pacto con Junts de delegar a Catalunya las competencias en inmigración. Con la amnistía ya aprobada por las Cortes y ya en manos de los tribunales, la oficialidad del catalán en la Unión Europea es el gran deber pendiente del Gobierno con los independentistas. Este jueves, Turull manifestaba que esta carpeta está ya en el "tramo final"; cosa que también confirman a este periódico fuentes de la Moncloa. De hecho, los estados de la UE volverán a debatir la oficialidad del catalán el 27 de mayo, más de un año después.