El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo un interrogatorio exhaustivo a los abogados del Reino de España y de la Comisión Europea sobre "la compatibilidad" de la ley de amnistía del procés con la directiva europea sobre terrorismo 2017/541, en la vista sobre la causa de los 12 CDR de la operación Judas, celebrada este martes, y que se prolongó más de cinco horas. En la vista de la mañana, sobre los gastos del 1-O y el Tribunal de Cuentas, las preguntas de los magistrados sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, se interpreta como que abren el camino al Tribunal Supremo, que ya anunció que presentará prejudiciales por la malversación atribuida al president en el exilio, Carles Puigdemont, si el órgano de garantías aprueba su amnistía.

Las preguntas de los magistrados, en la causa de los CDR, duraron más de una hora. Fue "un debate amplio y rico", en palabras del presidente del TJUE, Koen Lenaerts. Ofrecemos un resumen, con vídeos, de esta segunda audiencia.

Compatibilidad

El vicepresidente del tribunal y ponente de la sentencia, Thomas Von Danwitz, ha dirigido las preguntas sobre todo a la abogada del Estado español, Andrea Gavela, para aclarar si todos los delitos que recoge la directiva europea del 2017 -traspuesta en España en marzo de 2019- son o no incluidos en el apartado de exclusión que tiene la norma del olvido penal. Ante la falta de una respuesta clara y directa, el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, se ha dirigido en castellano para hacer la pregunta clave: "¿No todos los actos que recoge la directiva europea son excluidos de la amnistía?" Y la respuesta de Gavela ha estado: "Efectivamente", matizando que es una medida excepcional y que ciertamente se amnistían hechos de gravedad, calificados de terrorismo.

El interés general, a debate

El presidente del TJUE también ha puesto bajo las cuerdas al abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, que en sus intervenciones primero ha sido muy crítico con la amnistía del procés, y ha puesto en duda que se respete "el interés general". Con los interrogatorios del abogado general del tribunal, Den Spielmann, el abogado de Bruselas ha moderado sus palabras y asegurado que la comisión no afirma que la amnistía tiene un tiempo amplio, sino que crítica que así fuera, como recoge la Comisión de Venecia, y que tienen que ser los jueces españoles quien tienen que resolver este debate. Con todo, ha insistido en que la ley de amnistía se aprobó para tener "apoyo para una investidura", refiriéndose a Pedro Sánchez con los acuerdos con Junts y ERC.

Dos normas españolas

El debate jurídico se ha elevado y el presidente del TJUE ha interrogado al abogado de la Comisión Europea sobre "qué consecuencia ve la Comisión" si lo que realmente "está en conflicto son dos normas nacionales". Es decir, la ley de amnistía del procés con la transposición de la directiva europea sobre terrorismo, que hizo el Estado español en el 2019, de la cual todas las partes han indicado que se hizo correctamente. La respuesta de Urraca es que el juez nacional lo ha de resolver dando  "primacía al derecho de la Unión", y el presidente del TJUE le ha replicado: "No se habla de Derecho de la Unión sino de una directiva europea."

Este interrogatorio del presidente del TJUE se ha interpretado como un cuestionamiento del tribunal de Luxemburgo a los postulados expuestos por Bruselas, que la "ley de amnistía no tiene suficiente seguridad jurídica".

El abogado David Aranda, de Alerta Solidaria, al ser preguntado por uno de los magistrados, es  quien ha puesto sobre la mesa que ninguna directiva europea "no se puede aplicar directamente" y que son los Estados miembros quien las tienen que interpretar y trasponer. El penalista incluso ha recordado que una directiva europea "tiene un efecto vertical, pero no descendente"; es decir, obliga a los  Estados miembros, pero no se puede aplicar a los ciudadanos, y más si ha sido mal traspuesta. También ha declarado que en esta causa se analiza una "interpretación" de la directiva europea sobre terrorismo, no su incorrecta aplicación.

La representante de la Fiscalía, Marta Durántez, también ha recordado que el caso de los CDR es el único calificado como terrorismo donde se ha planteado la amnistía y están hechos muy acotados. "La ley de amnistía no es el Código Penal", ha insistido, por su parte, la abogada del Estado.

Las dos normas en conflicto

En concreto, la ley de amnistía del procés en el artículo 2 expone las Exclusiones para aplicar la norma del olvido penal, y en el punto C incluye: "Los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de manera intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario."

Algunos magistrados han preguntado si eran complementarios o excluyentes la norma europea y los tratados internacionales. Además, la directiva europea incluye los "actos preparatorios" de hechos delictivos, de los cuales se podría interpretar la acusación contra los CDR.

Ninguna víctima ni daños

Antes, en las intervenciones pautadas, los abogados de Alerta Solidaria, han insistido que los 12 vecinos, a pesar de ser acusados de los delitos de pertenecer a grupo terrorista, y ocho de ellos a preparar material explosivo, no cometieron ningún acto criminal, ni daños ni heridos ni muertos.

Por el contrario, el abogado de la acusación popular de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), Josep María Fuster-Fabra, ha asegurado que la ley de amnistía "pone en peligro la aplicación de la norma europea", y ha añadido que le da "pánico" la aplicación de la norma, recordando su experiencia como abogado sobre la lucha antiterrorista. Sin embargo, Xavier Monge, de Alerta Solidaria, ha recordado al tribunal que los 12 vecinos fueron puestos en libertad cuando "la Guardia Civil confirmó que no se les había encontrado termita ni material explosivo".

La Audiencia Nacional preguntó al TJUE si la amnistía vulneraba el derecho de la Unión al separarse acciones de terrorismo  que definió "de baja y alta intensidad". Ahora, el abogado general del TJUE anunciará la fecha de su posicionamiento, y meses después la sentencia del tribunal, que se espera para finales de año. La respuesta implicará que los 12 CDR podrán ser amnistiados o, por el contrario, serán juzgados, aunque la Fiscalía defiende su amnistía.