El Parlament de Catalunya ha pedido al Govern de la Generalitat asumir y seguir de manera inmediata las observaciones y recomendaciones de la Sindicatura de Comptes sobre la contratación pública y adjudicación del servicio de acogimiento de la infancia y adolescencia (DGAIA) en la cual detectaba varias irregularidades. Eso es un cambio de criterio con respecto a lo que se votó a la comisión de la Sindicatura de Cuentas el pasado febrero, ya que, entonces, PSC, ERC y Comuns votaron en contra. Esta vez, sin embargo, el PSC y los Comuns han votado favorablemente, mientras que Esquerra Republicana, que ha estado muy crítica en un informe que no recogía el 155, la pandemia de la covid-19 o el aumento drástico jóvenes no acompañados a Catalunya, se ha abstenido junto con Vox. Los 99 diputados de PSC, Junts per Catalunya, PP, Comuns, CUP y Aliança han votado a favor de este punto de una moción presentada por el partido de Carles Puigdemont.
La cámara catalana también ha aprobado constatar la necesidad de crear una comisión de investigación con el objetivo de ir "en el fondo de la cuestión", analizar la planificación de los servicios, protocolos, líneas y modalidades de contratación, así como las subvenciones, planificación de recursos, costes y gestión económica de la antigua DGAIA. Solo se ha abstenido el PPC, y el resto de grupos han votado a favor. El pleno también ha constatado que la DGAIA necesita un "cambio profundo" en el sistema de gestión para proteger a los menores. Según el texto, los hechos ocurridos con una menor en manos de una red de pederastas bajo la guarda de la DGAIA, y la "mala" gestión y errores obligan a modificar la estructura de protección de los niños.
Tensión con Vox con la intervención de Rull
Durante el debate se ha producido un momento tenso, y es que la diputada de Vox María Elisa Fuster ha acusado en ERC, "con la connivencia del PSC", de embolsarse dinero. "Hablamos de presunta malversación de dinero otorgado a empresas vinculadas a Junts, PSC y ERC", ha dicho literalmente la diputada de extrema derecha, que ha acusado a Junts de estar "tanto pringados" como ERC y PSC. Estas acusaciones han sido renunciadas por el portavoz adjunto del PSC Jordi Riba y la portavoz de ERC, Ester Capella, que incluso se han reservado acciones legales en el marco del delito de injurias y calumnias. Además, el presidente del Parlamento, Josep Rull, ha pedido retirar las declaraciones de la diputada, cosa que se ha negado, y ha trasladado su conducta a la Comisión de Estatuto del Diputado.
Por su parte, durante el debate de la moción, la diputada de Junts per Catalunya Ennatu Domingo ha pedido unificar las comisiones de investigación presentadas por el mismo partido de Carles Puigdemont y, por otra parte, la que está registrada por PSC, ERC y Comuns. También ve con buenos ojos los cambios anunciados por laconsellera, Mònica Martínez Bravo, de suprimir la DGAIA y crear otra dirección general. Por su parte, el diputado de ERC Joan Ignasi Elena ha lamentado que en la moción no constate que estuvo el 155 durante el periodo que recoge la Sindicatura de Comptes. "Pasaron de una media de acogida de 500 menores no acompañados en el 2015 a 3.500 anuales en los años de objeto de estudio", afirma Elena, recordando que en el informe de la Sindicatura no lo recoge, como también lo hace la pandemia. La CUP y los Comuns han pedido internalizar los servicios, mientras que tanto PP como Esquerra Republicana han reconocido, como hizo el gobierno, un abuso de externalización de los servicios.