La inopinada decisión de este lunes, por tratarse del mes de agosto, del juez Juan Carlos Peinado de citar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, y su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, como investigadas por un presunto delito de malversación de fondos públicos el próximo 11 de septiembre, en los juzgados de la madrileña plaza de Castilla, supone, en la práctica, el final de las vacaciones políticas. Pedro Sánchez y sus acompañantes seguirán en La Mareta, Lanzarote, el tiempo que sea. En principio la fecha del retorno a la Moncloa era el 24 de agosto, pero los días que restan van a venir muy marcados en el PSOE y en el Gobierno por la comparecencia de Gómez y el hecho de que sea citada como investigada por malversación.

La citación de su asesora, Álvarez, tiene que ver con la investigación sobre si ayudó a la esposa del presidente del Gobierno en asuntos relacionados con sus negocios privados y no solo en el ámbito de asesoramiento en tareas como pareja del jefe del ejecutivo español. Según la Audiencia Provincial de Madrid, este puesto se limita a gestionar la agenda, el correo, dar apoyo de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la esposa del presidente. El juez Peinado mantiene, al respecto, cuatro líneas de investigación sobre Gómez: su presunto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, la gestión de Gómez en la cátedra de la Complutense y los dos másteres que codirigía, la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra y, el caso que nos ocupa, el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora. 

El calvario judicial de Sánchez es evidente que no le va a dar tregua alguna porque el caso Gómez solo es uno de los frentes abiertos que tiene

La citación de Gómez como investigada por malversación el próximo 11 de septiembre no es, por tanto, una más en el tortuoso procedimiento judicial en que está inmersa. Además, hasta la máxima acusación que se había formulado era de tráfico de influencias, que puede conllevar multas, inhabilitación para cargo público y, muy excepcionalmente, prisión, dependiendo de si el infractor es funcionario o particular y si se obtuvieron beneficios. En cambio, el delito de malversación es bastante más grave y, dependiendo de la importancia y la gravedad, conlleva penas de prisión que pueden variar entre seis meses y doce años. Estamos, obviamente, muy lejos de todo ello, pero una citación en pleno de mes de agosto no es precisamente una señal tranquilizadora para la Moncloa.

El calvario judicial de Sánchez es evidente que no le va a dar tregua alguna porque el caso Gómez solo es uno de los frentes abiertos que tiene. En el terreno familiar, el otro es el de su hermano David, a quien la juez investiga por su contratación en la Diputación de Badajoz y que está procesado por un delito de prevaricación y tráfico de influencias. En el terreno exclusivamente político, el más inmediato que tiene es el del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión desde el pasado 1 de julio tras declarar como imputado en el Tribunal Supremo. Sus abogados han pedido amparo al Tribunal Constitucional para salir de prisión, algo que aún no ha sido analizado. Aunque la prisión provisional es de un máximo de seis meses, nada da a entender, hoy por hoy, que el Supremo lo vaya a poner en libertad.

Detrás van los casos Koldo, Ábalos y el del fiscal general del Estado. Este último sentará a Álvaro García Ortiz en el banquillo, en una situación tan extraña como excepcional. Se ha negado a dimitir, el Gobierno le apoya y será la primera vez que el más alto representante fiscal se siente en el banquillo. Incluso, se ha especulado con que el Supremo podría apartarlo de sus funciones al darse una anomalía tan grande.