“Cristina Álvarez puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno”. La Audiencia de Madrid confirma los indicios que apuntan a Cristina Álvarez, la asesora personal de Begoña Gómez en la Moncloa y que está investigada por el juez Juan Carlos Peinado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, en el auto, anula la declaración que hizo en diciembre como testigo, pero la mantiene como investigada. Ella es quien comunicó a la empresa Reale el interés de Begoña Gómez en que la compañía aseguradora siguiera patrocinando el máster que codirigía en la Universidad Complutense.

El auto apunta a una “clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público” respecto de las que tendrían que ser sus “funciones de ayuda, de mera colaboración y acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo” a la mujer del presidente del Gobierno. Asimismo, la Audiencia de Madrid esgrime que esto podría “permitir inferir la solidaridad con la actuación de la principal investigada”, refuerza el “carácter prevalente de la conducta de la principal investigada” y apuntala la áurea de “indudable influencia” que, como esposa del presidente español y ejerciendo sus funciones desde el “entramado del Palacio de la Moncloa”, podía tener toda su “actividad privada”.

“Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa, siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento”, añade. “Podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno”, apostilla.

“Favorecer el plan delictivo de la investigada”

La Audiencia de Madrid avala que se investigue a Cristina Álvarez y traza cuál tendría que ser la hoja de ruta. Es partidaria de centrar la investigación en “si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”. En concreto, alude al correo de febrero de 2024 en el que Cristina Álvarez hizo gestiones con un patrocinador a favor de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez: comunicó a la empresa Reale el interés de Begoña Gómez en que la compañía aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que ella codirigía en la Universidad Complutense. Para la Audiencia de Madrid, esto “excede claramente sus funciones”.

Un “elemento fáctico” de la “máxima transcendencia” sobre el tráfico de influencias

“Es cierto que el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina y aprovecha o quien consiente esa decisión”, relata la Audiencia de Madrid. “Sin embargo, su connivencia o anuencia con esa conducta viene a redundar en el elemento clave de la influenciabilidad subjetiva de la conducta constitutiva de posible tráfico de influencias”, apunta. Y remacha la argumentación: “Es decir, al tolerar ese ilícito comportamiento, quizá no esté cometiendo un delito de malversación, pero si es un elemento fáctico de la máxima transcendencia a la hora de poder acreditar su solidaridad con el plan del autor, en tanto su posición institucional refuerza la posibilidad de influencia de la conducta de la principal investigada, que se mueve en ese limbo de poder no institucionalizado”.

Anula la declaración como testigo, pero la mantiene como investigada

Toda esta argumentación de la Audiencia de Madrid se hace en el auto en el que anula la declaración de Cristina Álvarez como testigo, pero la mantiene como investigada y defiende que la decisión de “trasmutar la condición de testigo a investigado” es “factible”. “Ello es así porque la decisión judicial adoptada de conceder, o no, tal condición es lógicamente alterable en dicha fase de instrucción, de conformación del objeto de enjuiciamiento”, esgrime. “Existen múltiples datos objetivos que avalan la decisión”, añade. Eso sí, enmienda al juez Juan Carlos Peinado y reconoce que “hubiera debido motivar de forma más detallada su cambio de decisión”.

En diciembre, como testigo, Cristina Álvarez relató que la contrataron en julio de 2018 (después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa) y que sus funciones eran confeccionar la agenda institucional y privada de Begoña Gómez e informar al servicio de seguridad de la Moncloa de sus actividades. En febrero, como investigada, negó que influyera en la Complutense o en ningún patrocinador antes de la creación de la cátedra para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno y aseguró que no se prevalió de su cargo para ninguna solicitud.