El juez Juan Carlos Peinado tampoco descansa el mes de agosto. El magistrado ha vuelto a mover ficha este lunes en su cerco a Pedro Sánchez y ha decidido citar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, como investigadas por un presunto delito de malversación de fondos públicos. En un auto al que ha tenido acceso ElNacional.cat, se cita a Álvarez el próximo 10 de setiembre a las 11 h y a Gómez el día 11 a las diez y media de la mañana en los juzgados de la madrileña plaza de Castilla por la causa sobre la contratación de Álvarez como asistente de Gómez, después de que se supiera que le había echado una mano en asuntos relacionados con sus negocios privados; no solo en el ámbito de asesoramiento en tareas como pareja del jefe del ejecutivo.
Peinado aún no había imputado a Gómez este delito. En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigente cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Juan Carlos Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora. El instructor, de la misma manera, también ve pertinente tomar declaración a Álvarez como investigada por malversación por su propia contratación en el puesto de trabajo de asesora de Gómez. De hecho, ya declaró como investigada, pero la Audiencia Provincial de Madrid anuló aquel interrogatorio.
Ahora bien, Peinado se basa en un auto de esta misma Audiencia Provincial del pasado 12 de junio en el que se abogaba por investigar un posible delito de malversación relacionado con las actividades de Álvarez como asesora de Gómez. "La investigación tendría que centrarse en si se sobrepasó en el desarrollo de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados", apuntaba un texto del que ahora Peinado se hace eco. La Audiencia recordaba que este puesto de trabajo se limita a "gestionar la agenda, el correo, dar apoyo de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la esposa del presidente".
En aquel texto también se apuntaba que "otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa, motivo de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados; y cosa que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia". Dicho esto, Peinado concluye en su escrito de este lunes que "hay que continuar con la investigación oportuna".
El Supremo paró los pies a Peinado por querer investigar al ministro Bolaños
En el auto de este lunes, Peinado también menciona el varapalo que recibió ahora hace un mes por parte del Tribunal Supremo, pese a que advierte que no ha recibido aún la copia oficial. El juez había pedido al Alto Tribunal que abriera una causa contra Félix Bolaños, que es aforado, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio en relación con la contratación de Álvarez como asesora de Gómez. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes replicó que la exposición razonada del juez no se sostenía y mostró su confianza en que un tribunal "profesional e imparcial" adoptaría una decisión "justa y ciñéndose a los hechos". Así lo hizo la Sala de lo Penal del Supremo, que decidió finalmente archivar la exposición razonada porque no apreciaba una imputación de delito "lo suficientemente individualizada" contra el ministro ni un "mínimo apoyo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal".