Cuenta atrás. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha preguntado a las partes personadas en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, si lo tiene que suspender de forma cautelar de su cargo cuando lo envíe a juicio. Se lo pidió la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es una de las acusaciones populares en la causa, cuándo dicte la apertura de juicio oral, que es inminente una vez la sala de lo penal del Supremo rechazó admitir el recurso contra él por revelación de secretos por supuestamente enviar a periodistas un correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta popular de la Comunidad de Madrid, en el cual el empresario Alberto González Amador admitía ser autor de dos delitos fiscales para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso.
El juez ha dado tres días a la Fiscalía y a las partes porque se pronuncien. El Gobierno del PSOE ha apoyado a García Ortiz y ha defendido que donde dimita porque es inocente. La Asociación Progresista de Fiscales (APF) y la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (JJxD) también apoyan al fiscal general, mientras el resto de asociaciones españolas le exigen la dimisión, como el PP.
División en el Supremo
La causa del fiscal general del Estado ha agrietado la sala de lo penal del Tribunal Supremo. En la resolución que desestima el recurso de García Ortiz, en un clarificador voto particular, el magistrado Andrés Palomo del Arco, sostiene que no hay indicios para llevarlo a juicio, frente al parecer mayoritario de sus compañeros Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porras, que ha sido el ponente, y que solo han aceptado archivar el procedimiento contra la fiscal jefa de Madrid, María Pilar Rodríguez.
Paralelamente, la sala de lo penal del Supremo ha ratificado ahora la medida del juez instructor de denegar nuevas pruebas, solicitadas por la Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF), así como por Alberto González Amador, por "innecesarias".
En concreto, las acusaciones pidieron que se oficiara en la UCO para que determinaran si en el teléfono del fiscal general del Estado constan grabados los teléfonos de fiscales y periodistas, que publicaron la noticia sobre González Amador, a pesar de que ya declararon como testigos al instructor que la información y el correo electrónico no se los facilitó García Ortiz.
Móvil borrado
"Compartimos el criterio del instructor, añadiendo que en esta causa los datos del teléfono del investigado no pueden suponer un dato fiable, en cuanto que borró todos sus mensajes, y nos remitimos a la resolución del instructor de fecha 30 de abril de 2025, donde se recoge el contenido de las comisiones rogatorias a las autoridades irlandesas y de los EE. UU.donde se corrobora tal borrado, y se levanta el secreto que había sobre cada una de las piezas separadas abiertas para el análisis pericial del material incorporado en cada una de las comisiones rogatorias recibidas de Irlanda y los EE. UU., del informe de las cuales se da cuenta a las partes personadas", manifiesta la sala de apelaciones del Supremo.
Además, tampoco acepta que se reclame a la fiscal jefe de Inspección tres informes sobre García Ortiz porque se lo investiga revelación de secretos y no por el delito de prevaricación.