Yolanda Díaz lanza un nuevo aviso al PSOE sobre la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. El tema volvió a la agenda política y mediática la semana pasada, cuando trascendió un intercambio de cartas de Sara Aagesen con Endesa e Iberdrola. En la misiva, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica recordaba a las dos empresas energéticas las condiciones para que el Gobierno estudie la cuestión. Son los tres requisitos que Pedro Sánchez puso encima de la mesa hace tres meses: que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, replicó a Aagesen que España tiene “cerrado” el debate sobre la energía nuclear y recordó que los plazos de cierre son “muy claros”. Este lunes, en una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha ido un paso más allá y ha apelado al acuerdo que suscribieron el PSOE y Sumar para la investidura de Sánchez: “Estaría vulnerando directamente el acuerdo de Gobierno y no lo vamos a permitir”, ha subrayado al ser preguntada por esta cuestión. “Se estaría vulnerando de lleno, de facto, el acuerdo de Gobierno”, ha insistido. Y ha defendido que Sumar es una “fuerza verde” y “no comparte esta posición”.
📝 Un intercambio de cartas de la ministra Aagesen sobre las nucleares levanta los recelos de Yolanda Díaz
Ahora bien, no ha querido aclarar cuáles serían las consecuencias en caso de que la rama socialista del ejecutivo lo tirara adelante. “¿Le parece poca consecuencia en términos democráticos que alguien violenta directamente el acuerdo de gobierno? Es gravísimo en términos democráticos. Por tanto, esto no se puede producir”, ha verbalizado Yolanda Díaz. Asimismo, ha sacado a colación la “desafección democrática” y el hecho de que el 50% de la juventud española “no vota” como argumento para oponerse a ello. “La juventud española está comprometida con el cambio climático, con muchos valores que son claves. El problema está en que no se sienten interpelados por la democracia y este es el reto del país que tenemos. Cuando alguien incumple lo que llevan un acuerdo de investidura está quebrando la confianza democrática”, ha razonado.
¿Y qué dice el acuerdo entre el PSOE y Sumar? El documento, firmado en octubre de 2023 para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez, dejaba claro que el ejecutivo haría un cierre de las nucleares “planificado, seguro, ordenado y justo socialmente”, “escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035” y “continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa”. El calendario de cierre de las nucleares fue pactado en 2019 entre las cuatro empresas propietarias de las centrales que hay en España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), la empresa pública de gestión de residuos (Enresa) y el Gobierno.
Un “elemento disfuncional” y una energía “peligrosa y carísima”
Yolanda Díaz también ha argumentado que la energía nuclear es un “elemento disfuncional” en el sistema energético español, es “absolutamente peligrosa” y es “carísima”. Y ha hecho un llamamiento a “seguir avanzando en la descarbonización, generar energía distribuida, actuar frente los oligopolios, fomentar el autoconsumo y optar por las renovables en el conjunto de España”. Además, ha lamentado que la derogación del decreto antiapagones, que fue tumbado por el Congreso hace dos semanas con el voto en contra del PP, Vox, Junts, Podemos, el BNG y CHA, supone “apostar por las energías fósiles, que son más caras y contaminantes, y dar más fuerza todavía al oligopolio energético”.
Las tres condiciones para extender la vida de las nucleares
Fue el 7 de mayo, durante su comparecencia en el Congreso sobre el apagón general del 28 de abril, cuando Pedro Sánchez abrió la puerta a alargar la vida de las centrales nucleares. “Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto, nosotros las escucharemos”, expresó. Y planteó la necesidad que se cumplan “tres requisitos de absoluto sentido común” para acceder a ello: la garantía para la “seguridad de los ciudadanos”, la conveniencia para “garantizar la seguridad del suministro eléctrico” y la necesidad que sea “económicamente viable” y que, por lo tanto, “no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo de los ultrarricos que presiden las grandes energéticas que son propietarios de las centrales nucleares”. “Lo que no vamos a hacer es obligar a los ciudadanos españoles a arriesgar su salud o tener que pagar más factura de la luz para que determinadas empresas se sigan forrando”, justificó.
La semana pasada, después de recibir la carta de Endesa e Iberdrola (una misiva que no firmaban ni Naturgy ni EDP, que son las otras dos compañías firmantes del protocolo de cierre de 2019), fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico esgrimieron que el planteamiento de las dos empresas “no cumple con las tres líneas rojas” establecidas por el Gobierno. Además, alegaron que la carta era una “declaración de intenciones” y no una “petición formal” y lamentaron que las dos empresas planteaban modificar el marco normativo en “perjuicio de consumidores y ciudadanos” apostando por “reducir la tributación de las instalaciones”. Ayer, en una entrevista en El País, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteró la misma argumentación y se limitó a recordar que se tienen que cumplir la hoja de ruta: “Podríamos decidir esta extensión de la vida de las nucleares si se dan estas tres condiciones”.