Leire Diéz, Antxon Alonso y Vicente Fernández han quedado en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el juez Antonio Piña, a consecuencia de la decisión de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que dejara en libertad a los acusados con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados. Tras pasar 72 horas detenidos por la Guardia Civil, los tres han pasado a disposición judicial, investigados por cuatro presuntos delitos: malversación, prevaricación, tráfico de influencias y organización criminal. El juez ha atendido la petición de la Fiscalía, dado que es la única parte personada en la causa, que se mantiene bajo secreto.
La exmilitante socialista, el exsocio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar y el expresidente de la SEPI han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha empezado a tomarlos declaración a las 10.00 horas. Tanto Díez como Alonso se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez Antonio Piña. El motivo que han expuesto es que no saben de qué se los acusa, dado que la causa es secreta. Mientras tanto, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, sí que ha prestado declaración y ha respondido a todas las partes. Fernández, que ha reconocido que trabajó a Servinabar, ha negado las acusaciones.
Tres días detenidos
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las investigaciones bajo secreto de sumario. La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. El instructor ordenó cacheos y solicitudes de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que —según las investigaciones de la UCO— está vinculada a Cerdán.
Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Así mismo, se personaron a la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información. También se personaron para solicitar documentación en Correos y en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió en su sede para reclamar dos expedientes administrativos, que fueron facilitados a los agentes "con total colaboración", y añadió que "fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos".
Además de estos tres, a la causa también figura como investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan además de una docena los investigados en estas diligencias.
Leire Díez trabajó por empresas de la SEPI
Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez de instrucción número 9 de Madrid Arturo Zamarriego, que dirige la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y soborno, donde reconoció que mantuvo dos reuniones con Cerdán, pero indicó que todo va ser en calidad de periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido. Además, negó haber ofrecido favores. La llamada fontanera del PSOE hizo un repaso de su trayectoria laboral, indicando que entró el 2018 en Enusa y estuvo hasta el 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria en Correos como jefe de Relaciones Institucionales. Ambas empresas dependen de la SEPI. Según el juez Zamarriego, Díez "lidera una actuación delictiva, continuada y coordinada" con el objetivo de "recaudar información comprometedora o irregular para anular o derrochar casos relevantes que afectan políticos y empresarios".
Servinabar pagó a Fernández
En cuanto a Vicente Fernández, el gobierno español lo designó presidente de la SEPI el junio de 2018, un cargo al cual renunció el octubre de 2019 después de ser imputado en el caso Aznalcóllar. En aquella causa llegó a sentar al banquillo de los acusados por el presunto falseamiento del concurso internacional de adjudicación de la mina, a pesar de que este año ha sido finalmente absuelto. El nombre de Fernández figura en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra hizo llegar al Tribunal Supremo en el contexto del caso Koldo, relativa a la información fiscal de la empresa Servinabar. Según esta documentación, Fernández percibió de la mercantil 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros el 2023, y también consta una retención de 40.800 euros correspondiente al ejercicio de 2022.
Alonso, admnistrador de Servinabar
Finalmente, hay Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán y administrador único de Servinabar, que también es investigado por el Tribunal Supremo en la pieza del caso Koldo relativa a la presunta trama de arreglos de obra pública. Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó Cerdán de esta empresa y reconoció que efectuó pagos a Koldo García por su intermediación como comisionista en proyectos de construcción privados anteriores a 2017.
Alonso defendió que siempre ha sido el único socio de Servinabar, y restó validez en el contrato privado de compraventa encontrado por la Guardia Civil, en el cual consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (el 45%) de esta empresa, que obtuvo obras del Gobierno navarro por un importe superior a los 75 millones de euros.