En las últimas dos semanas, han salido a la luz seis casos de presuntos acosos sexuales en lo que ya se conoce como el mee too del PSOE. Las denuncias contra Paco Salazar (dirigente madrileño y exasesor de la Moncloa), Antonio Navarro (exsecretario general del partido en Torremolinos, concejal y diputado provincial), José Tomé (expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos), Javier Izquierdo (secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal y senador por Castilla y León), Francisco Luis Fernández Rodríguez (exalcalde de Belalcázar, pueblo de Córdoba) y Toni González (vicesecretario del PSPV y alcalde de Almussafes) han provocado un terremoto interno en el principal partido del Gobierno, y han dado munición a la oposición para mermar la confianza de los votantes socialistas. Pero el PP corre el riesgo de acabar contagiado por esta ola de denuncias de mujeres que hasta ahora han podido guardar guardado o que no han sido escuchadas, o de los mismos socialistas, que pueden buscar bajo las piedras o reactivar casos de acoso en el adversario para contrarrestar sus escándalos.  Ha sido el caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que este viernes ha registrado su baja como miembro del grupo parlamentario del PP en el Senado, pero mantiene el acta de senador por la provincia de Cádiz, y ahora tendrá que incorporarse al grupo mixto, después de una denuncia presentada este miércoles por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. En consecuencia, Landaluce decidió pedir su suspensión temporal de militancia en el PP, y de los cargos orgánicos como miembro del partido, pero mantiene los cargos institucionales, como alcalde de Algeciras, cargo que ocupa desde 2011.

De hecho, el caso no es nuevo, pero el PSOE lo ha reactivado ahora, coincidiendo con sus escándalos. Las acusaciones iniciales surgieron en octubre de 2024 con la publicación de capturas de WhatsApp de concejalas del PP (Eva Pajares y Susana Pérez) en las que describían tocamientos y gestos inapropiados por parte de Landaluce, como por ejemplo “me tocó el culo” o “me metió mano por debajo de la mesa”. Ambas negaron posteriormente en público haber sufrido acoso, y en aquel momento, el PP aseguró que abría una investigación interna, pero hasta ahora no se ha hecho público ningún resultado. El caso se ha reactivado ahora con más pruebas aportadas por el PSOE. La secretaria general de los socialistas de Algeciras, Rocío Arrabal, y su vicesecretaria general, Isabel Beneroso, reclamaron al Ministerio Público que investigue si existe responsabilidad penal por parte del máximo responsable del consistorio en relación con “supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual” a dos concejalas del PP, según unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles populares que salieron a la luz. Ahora el PSOE también lo denuncia por malversación y tráfico de influencias, porque aseguran que el alcalde habría intentado tapar el escándalo con contrataciones hechas con dinero público para evitar que los mensajes salieran a la luz. 

El alcalde de Algeciras continúa denunciando que la actuación del PSOE “obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal”, y recuerda que contra él no hay ninguna denuncia de acoso sexual, a pesar de los intentos del PSOE de implicarle en un caso que cuenta con la connivencia del “partido socialista de Algeciras, es una mafia”, afirma.

El otro caso relacionado con casos de acoso sexual que afecta al PP es el de José María García Urbano, alcalde de Estepona, señalado por un funcionario municipal, pero que se enfrenta a un procedimiento judicial por presunta malversación de caudales públicos. El origen, sin embargo, sí que fue una investigación en 2024 por una denuncia archivada por acoso sexual y coacciones presentada en 2023 por un policía local contra García Urbano y su entonces pareja, que era exmujer del agente. En su declaración como testigo, la mujer admitió haber sido contratada como cargo de confianza en el Ayuntamiento (área de Control Externo) durante seis semanas en 2022, cobrando 5.276 euros sin ejercer funciones reales, hecho que dio lugar a la apertura de esta pieza separada por malversación. La denuncia inicial por acoso (2023) quedó archivada en enero de 2025 por falta de indicios, ratificando la “falsedad” de las acusaciones del policía. Y en abril de este año, el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona abrió juicio oral con jurado al considerar que hay indicios suficientes de que el alcalde utilizó su posición para beneficiar económicamente a una “amiga íntima”. El pasado 4 de diciembre, el juez rechazó archivar la causa y concedió plazo para presentar conclusiones, mientras que García Urbano, que devolvió los 5.200 euros en noviembre para atenuar una eventual pena, niega haber cometido delito alguno y lo atribuye a una “campaña política”.

Estos son dos casos aislados que, a diferencia de los escándalos del PSOE, no son originados por ninguna denuncia de las presuntas víctimas. La coincidencia temporal con el me too del PSOE —seis casos confirmados con dimisiones— genera presiones para que afloren más denuncias en el PP, especialmente si mujeres de dentro del partido rompen el silencio ante presuntos casos, como ha ocurrido en el bando socialista. Los medios ya vinculan ambos partidos en un debate sobre protocolos internos fallidos, y el PP impulsa mociones en el Congreso para exigir “tolerancia cero”, pero siempre existe el riesgo de beber de la misma medicina, lo que debilita la estrategia de confrontación del PP.