El 29 de julio del 2024, ERC anunciaba un preacuerdo con el PSC para la investidura de Salvador Illa. Hacía dos semanas que, en medio de una guerra interna feroz, Marta Rovira había vuelto del exilio después del archivo de la causa del Tsunami Democràtic y dirigía el partido republicano tras la dimisión de Oriol Junqueras, que ya había empezado la campaña interna por volver a la presidencia. Aquel día, la entonces portavoz, Raquel Sans, aseguraba que se había pactado un concierto fiscal para Catalunya, la salida del régimen común de financiación y la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria de Catalunya. No era la única medida que contemplaba el documento de una treintena de páginas pero si el más relevante y la que la dirección quiso subrayar.
Dos días después, la militancia republicana, que veía cómo los líderes del partido se iban tirando los trastos a la cabeza, tenía que validar o rechazar el acuerdo. Si la mayoría de militantes hubiera optado por el "no", Catalunya se habría visto abocada a una repetición electoral por primera vez, pero con un margen muy ajustado, la propuesta salió adelante. La dirección, que había hecho campaña a favor del acuerdo se impuso: una repetición electoral no parecía un escenario muy alentador para un partido dividido, que había conseguido solo a 20 diputados dos meses atrás y que ni siquiera tenía un candidato a la presidencia de la Generalitat, con el president Pere Aragonès reiterado de la mira línea tres el batacazo. También, sin embargo, había diferentes voces relevantes dentro de la formación que creían que era un error investir en Salvador Illa, pero no fueron suficientes para que esta opción saliera ganadora. Durante la campaña interna, las diferentes candidaturas fueron posicionando respecto de este acuerdo y todos, menos Oriol Junqueras, explicaron que habían votado en la consulta.
En la víspera de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat y también del retorno de Carles Puigdemont a Catalunya para asistir, en principio, a este pleno, Marta Rovira y Lluïsa Moret firmaron el pacto en un acto sin convocar a la prensa. Ahora que ya ha pasado un año, es el momento de hacer balance. Todo ello teniendo en cuenta que el gobierno socialista se quedó sin presupuestos de la Generalitat para este 2025 después de que Junqueras se negara en rotundo con lo que en estos últimos meses ha sido su gran lema: "No habrá nuevos acuerdos hasta que no se cumplan los que ya han sido firmados". Sí que ha habido pactos para los tres decretos de suplemento de crédito del Govern socialista, que han salido adelante con el apoyo de Esquerra y los comunes.
La financiación, la clave
Buena parte de la militancia de ERC que votó a favor del acuerdo lo hizo con la promesa del nuevo modelo de financiación por escrito. En la recta final de la legislatura, Pere Aragonès y la consellera Natàlia Mas ya habían planteado la propuesta. De las 28 páginas del pacto, más de cinco iban destinadas al segundo punto, un "acuerdo para un nuevo modelo de financiación". En el texto se recogen las "graves deficiencias para Catalunya" de los diversos modelos de financiación y quedaba por escrito en que "no se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basta en la singularidad y bilateralidad". Los dos partidos acordaron que fuera la Generalitat a quien "gestione, recaude y liquide e inspeccione todos los impuestos todos los impuestos soportados en Catalunya", una tarea que corresponde a "la Agencia Tributaria de Catalunya". Por lo que hacía la implementación, el texto establecía que se tenía que formalizar durante el primer semestre en una comisión bilateral, que se acabó celebrando el 14 de julio, e impulsar los acuerdos con modificaciones legislativas necesarias. También concretaba que "el primer tributo en que se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF" y que se tenía que asegurar su "ejecución a lo largo del año 2026".
El 14 de julio, en el Palau de la Generalitat se celebró la reunión de la Comisión Bilateral, sin la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quién ERC ha convertido en la diana de sus reproches por haber puesto por delante de su trabajo como vicepresidenta del Gobierno su papel como candidata del PSOE a Andalucía, donde la posibilidad de un sistema de financiación singular para Catalunya no es plato de buen gusto. Lo que surgió de aquella reunión, donde no se garantizó el principio de ordinalidad, tal como dejaron claro al día siguiente desde la Moncloa, no gustó nada a ERC, que han cargado contra el pacto al considerarlo totalmente insuficiente. Dos de las voces más duras contra el acuerdo fueron las de las expresas políticas, Carme Forcadell y Dolors Bassa, que llegaron a hablar de una tomadura de pelo.
Del 2026 al 2028 y con el foco ahora en Madrid
A cambio del último decreto de suplemento de crédito, ERC pactó con el PSC que el Pla Director de la Agencia Tributaría Catalana se publicara antes del 31 de julio. Sobre la bocina, la Conselleria de Economía lo publicó este jueves por la tarde y si bien en el texto se detalla cómo se tiene que redimensionar este ente para hacer posible al nuevo modelo de financiación, el dato más relevante de todas es que aleja la gestión del IRPF: del 2026, que es lo que habían firmado PSC y ERC, al 2028. Después de meses siendo, al menos en público, muy optimistas, la oposición independentista al Govern y también voces críticas dentro de ERC pusieron el grito en el cielo por lo que consideran como un nuevo atraso e incumplimiento del Ejecutivo de Salvador Illa, pero los republicanos salieron con otro tono.
El portavoz del partido, Isaac Albert, dejó claro en una entrevista que el problema no era este Pla Director, que describió como "humo" y un documento "puramente técnico", sino el hecho de que todavía no haya un acuerdo con el PSOE para las reformas legislativas necesarias, que tendrán que contar con el apoyo de todo el bloque de la investidura. A mediados de julio, los republicanos ya dejaron clara su voluntad de presentar en solitario esta proposición de ley para modificar la LOFCA, entre otras normas, aunque la voluntad era hacerlo conjuntamente con el PSOE. "Más allá de los plazos necesarios, es imprescindible que se produzcan cambios normativos en Madrid, como en la LOFCA o la ley de cesión de los impuestos a la Generalitat. Esto es lo que está parado, lo que no avanza," lamentó el viernes, reiterando que si estas modificaciones legislativas no se producen, no solo no se recaudará el IRPF en Catalunya hasta el 2028, sino que tampoco el 2029: "En el momento en que estamos ahora, no será ni en 2028, ni en 2029".
Traspaso de Rodalies: avances en una nueva empresa adscrita en Renfe
Durante las negociaciones, Rovira insistía en que el acuerdo tenía que tener tres patas. La primera, la financiación; la segunda, Rodalies. El traspaso integral del servicio de trenes, que es un gran quebradero de cabeza para los usuarios por todo el país que no confían en poder llegar a tiempo al trabajo, al médico o a sus planes de ocio ya que no se pueden fiar de que los convoyes lleguen a hora, era una de las grandes prioridades de ERC. Ya formaba parte del acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, porque las negociaciones se tienen que hacer, básicamente, con el ministerio de Transportes. Pero volvió a aparecer en el pacto para la investidura de Illa, poniendo por escrito el despliegue del anterior acuerdo. Concretamente, se reclamaba el traspaso de las primeras infraestructuras durante el 2025 y antes que acabara el año pasado, haber transferido el déficit de explotación de RENFE de 2023 y presentar el traspaso de la nueva empresa operadora. A mediados de diciembre del 2024, el Gobierno autorizó la transferencia de 283,4 millones de euros para compensar el déficit de explotación de Rodalies.
Los estatutos de la nueva empresa fueron aprobados esta semana tanto por el Consell Executiu como por el Consejo de Ministros, en Barcelona y en Madrid. Rodalies de Catalunya tendrá el domicilio social en Catalunya y contará con un capital inicial de dos millones de euros. Estará constituida por la Generalitat en un 49,9% y por Renfe Viajeros en un 50,1% y el Consejo de Administración tendrá cuatro miembros propuestos por el Estado y cinco propuestos por el Govern, entre los cuales se escogerá la presidencia, que tendrá voto de calidad. El día antes, ERC había celebrado que se trataba de un paso histórico y que nunca se había llegado tan lejos en un traspaso largamente reivindicado. Esta empresa estará adscrita, sin embargo, a Renfe. Al menos inicialmente. Después de grandes protestas por parte de los sindicatos ferroviarios, Esquerra evitó ir al choque con los trabajadores y aceptó esta adscripción inicial de la empresa, pero advirtiendo que tenía que ser transitoria y dando un margen de dos años. De momento, desde el Govern, aseguran que no hay ningún calendario para la cuestión.
La cuestión nacional, en pausa
La tercera pata a la cual se refería Rovira era la cuestión nacional. La resolución del conflicto político era el primer punto del texto y resolvía que se tenía que construir una Convenció Nacional para la resolución del conflicto político. Era el elemento que tenía un plazo más marcado: según el acuerdo, esta se tenía que impulsar en el primer pleno del Parlament, posterior a la constitución del nuevo Govern de la Generalitat. Illa fue investido el 8 de agosto, el siguiente pleno se celebró el jueves 5 de septiembre y hasta el 8 de octubre, con el debate de política general, los diputados no volvieron a llenar el hemiciclo. Esta Convención Nacional, que tiene que estar presidida por un diputado de ERC, sin embargo, continúa guardada en un cajón. Esto, no ha supuesto un conflicto entre los socios, ya que los dos partidos acordaron demorar su creación hasta que más grupos se quisieran sumar, ante el rechazo de Junts y la CUP a participar. Hay que tener en cuenta que aquel momento era uno de los puntos más álgidos de la crisis interna de ERC, con los reproches escalando, Junqueras habiendo presentado su propuesta en Olesa de Montserrat y la respuesta de Rovira.
Lengua y Unión Europea
Aunque para ERC, según manifestó la dirección en aquel momento, estos eran los tres puntos claves del acuerdo -con un cumplimiento muy desigual un año después-, no eran, ni mucho menos, los únicos elementos que llevaba el pacto. También fijaba como una prioridad la protección de la lengua catalana. En los últimos meses de legislatura, Aragonès sacaba pecho del trabajo hecho en este sentido y, después de una campaña electoral donde Salvador Illa fue noticia para hablar de Lérida o Bajo Llobregat, pactaron la creación de una conselleria de Política Lingüística. También la firma del Pacte Nacional per la Llengua que el nuevo conseller, Francesc Xavier Vila, ya había trabajado como secretario general en el Ejecutivo de los republicanos. Llegó con retraso y sin el apoyo de Junts y la CUP, pero está en marcha. Los republicanos también quisieron dejar por escrito el compromiso de Illa con la conselleria de Acció Exterior, que se ha mantenido en el organigrama del Gobierno, y a extender la red de delegaciones de la Generalitat por todo el mundo. Desde China, esta última semana, el presidente ha anunciado una nueva delegación a Pekín, con la qué ha hecho enojar PP y Vox. En este sentido, el Govern ha cumplido el compromiso de aprobar el cuerpo de Acció Exterior, que ya ha visto la luz en el Parlament.
Pendientes del I1
Una de las grandes propuestas del Govern Aragonès que se quedó en medio hacer con el adelanto electoral repentino fue la gratuidad de toda la educación infantil, como medida para garantizar la equidad entre las familias. Aunque se puso en marcha en el segundo curso, el objetivo del gobierno republicano era extenderlo, pero no fue posible. En el pacto de investidura se recogió mantener el I2 gratis y ampliar la medida también al I1, pero es una cuestión que todavía no se ha implementado, aunque el Govern ha querido mostrar repetidamente su compromiso para hacerlo realidad. Lo que si que se ha mantenido es lo vale escolar de 60 euros para las familias para la vuelta a la escuela, tal como se pactó.