Continúa la ola de reacciones a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que anunció este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La propuesta, fruto del pacto entre Esquerra Republicana y el Gobierno, aumentaría los fondos disponibles para las comunidades autónomas en 21.000 millones de euros, de los cuales 4.700 serían para Catalunya. La ministra añadía que el pacto beneficiaría a todas las comunidades autónomas, no solo a Catalunya, y que esta nueva propuesta respetaría la ordinalidad, es decir, que las comunidades recibieran en el mismo orden en el que aportan al sistema. Algunos economistas, sin embargo, dudan de las afirmaciones políticas y afirman que, con la propuesta del ministerio, Catalunya no acabaría con el déficit fiscal y seguiría recibiendo por debajo de lo que le correspondería. "Calderilla", "truco" o "de risa", son los términos que utilizan Santiago Niño Becerra y Germà Bel para referirse al proyecto desvelado el viernes, cuya información se terminará de conocer el miércoles con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Según el parecer de Niño Becerra, lo que presentó la ministra tampoco era un nuevo modelo de financiación, sino una reforma de la LOFCA (ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas), y al no contemplar las balanzas fiscales interregionales en su desarrollo, se traduce en "calderilla" para Catalunya. Según anuncia, Catalunya todavía quedaría por debajo de igualar el déficit fiscal interterritorial, que se estima en más de 23.000 millones de euros para este año 2026. 

Por su parte, Germà Bel afirma en un mensaje en redes sociales que el "truco" para afirmar que se respeta la ordinalidad en la nueva propuesta es la "población ajustada", con la que se calcula el dinero que reciben las comunidades autónomas para financiar sus servicios. Por otro lado, Oriol Amat afirmaba que "confía" en que se pueda llegar a los 4.700 millones de euros más anunciados para Cataluña, pero que todavía no se sabe cómo se llegará hasta esta cifra en una entrevista con 3CatInfo. En la misma conversación, indicaba que la legislación vigente sobre el sistema de reparto en el régimen común de las comunidades autónomas, donde está encuadrada Catalunya, es una "caja negra" de más de 300 páginas donde es muy difícil saber cómo se llega a la asignación para cada autonomía.