Con retraso y sin demasiadas concreciones. El Govern ha acordado este lunes con el Estado en el marco de la comisión bilateral lo que ha descrito como "bases" o "cimientos" del nuevo sistema de financiación singular surgido del acuerdo entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa. El nuevo modelo se basa en la definición de una cesta de impuestos -un porcentaje para la Generalitat y uno para el Estado- para financiar las competencias homogéneas de todas las autonomías, una aportación a la solidaridad y una financiación por parte del Estado para las competencias específicas de Catalunya. El acuerdo no especifica cifras ni el calendario en que se tiene que concretar todo ello, dado que todo quedará pendiente de las reformas legislativas imprescindibles. Lo que sí que ha dejado claro el Govern es que el próximo año la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) no podrá encargarse de la campaña del IRPF, aunque comience a participar en la gestión de este impuesto.
PSC y ERC acordaron en agosto del año pasado que "sea la Generalitat quien gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya" y que "la aportacióna a los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos". Estos principios se han traducido este lunes en la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat en una propuesta que habla de una cesta de impuestos, que se reparte entre la Generalitat y el Estado, y unos mecanismos de nivelación, a través de la aportación de Catalunya a la solidaridad, además de una financiación singular ad hoc de las competencias específicas de Catalunya, como son los Mossos o las prisiones, que otras autonomías no tienen traspasadas.
CPFF, tras el verano
No obstante, la propuesta no entra a cuantificar los porcentajes de la "cesta de impuestos", con el argumento que depende de los fondos que el Estado decida inyectar al sistema y con el cual tendría que compensar los fondos que dejaría de aportar Catalunya. Esta aportación de más del Estado es clave dado que el Gobierno ha garantizado que ninguna autonomía verá rebajados sus ingresos con el nuevo modelo. Lo que sí que se asegura es que el cálculo de la cesta y la nivelación se hace de acuerdo con criterios objetivos, que tampoco se han concretado, lo cual tiene que garantizar la "transparencia".
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, se han encargado de explicar el acuerdo tras la comisión bilateral, en la que ha estado presente la consejera de Economía, Alicia Romero, pero no la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en las últimas semanas ha sido señalada por ERC como responsable de frenar la materialización del acuerdo, que debería haberse formalizado antes de finalizar el mes de junio. El ministro ha argumentado la ausencia de Montero por no formar parte de la comisión, aunque estas reuniones contemplan la posibilidad de que se incorporen los responsables de los ministerios afectados. El ministro ha anunciado que tras el verano se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la reforma del sistema de financiación, caducado hace 11 años.
ATC: "inviable" el IRPF del 26
El nuevo sistema obliga a un despliegue de la Agencia Tributaria de Catalunya para que acabe gestionando todos los impuestos que se recaudan en Catalunya, pero desde el Govern se insiste en que eso requerirá modificaciones legislativas y un reforzamiento técnico y humano de la entidad. De momento, y después de meses en que se ha asegurado que, tal como establece el acuerdo con ERC, la ATC asumiría ya la campaña del IRPF del próximo año, el Govern ha admitido que esto es "inviable", porque la Agencia catalana no dispone "ni de la infraestructura material, ni tecnológica, ni personal". "Al final el objetivo es avanzar en la gestión del IRPF en el menor tiempo posible", ha argumentado el consejero de Presidencia en la rueda de prensa.
Desde el Govern se insiste en que el Estado recauda 30.000 millones de IRPF en Catalunya y el ATC ahora solo gestiona 5.000 millones, y la conselleria de Economia añade que solo disponen de 30 inspectores y que las dos plataformas tecnológicas con que trabajan, Espriu y Gaudí, ni siquiera están interconectadas entre ellas. La conclusión es que, como ya se anunció, la ATC trabajará para la campaña del IRPF, però no podrá asumirla en su totalidad.
El departamento de Economia pidió hace cinco meses a INDRA un estudio sobre el despliegue de la Agencia, pero subraya que la conexión con la entidad estatal se tendrá que mantener dado que la agencia española tiene la información y la conexión con el ámbito internacional que tendrá que seguir manteniendo. "Eso no quiere decir tutela", subrayan fuentes del Govern en respuesta a las reticencias expresadas por los republicanos.
Ordinalidad
El acuerdo recoge el concepto de ordinalidad, es decir, que Catalunya no pierda posiciones en el ranking de rentas de las diferentes comunidades autónomas después de hacer su aportación a la solidaridad. Este es un concepto incluido en el Estatut del 2006, pero que sistemáticamente se ha incumplido.
Con respecto a la aportación a la solidaridad, se especifica que proviene de la aportación a los gastos del Estado y con los recursos destinados a la nivelación con otras comunidades autónomas. Tampoco se ha concretado de qué manera se cuantificará la financiación adicional que Catalunya tiene que recibir para las competencias específicas, que tiene asumidas la Generalitat, pero que no tienen otros territorios.
La propuesta amplía la capacidad normativa en materia fiscal, aunque limita las competencias fiscales a la baja. Es decir, que se puede actuar para subir impuestos.
Reformas legales
Todo ello, además, queda a la espera de las diferentes reformas legislativas imprescindibles para que la propuesta pueda entrar en vigor. Entre otros, la ley orgánica 8/1980 de financiación de las comunidades autónomas, la ley 22/2009 que regula la aplicación del sistema de financiación y la ley 16/2010 que regula el despliegue de la financiación en Catalunya.
Desde el gobierno se subraya que se trata de un acuerdo bilateral, es generalizable con el resto de comunidades autónomas que se quieran añadir. En cualquier caso, el acuerdo tendrá que pasar antes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Estado cuenta con el 50% de los votos y las autonomías el 50% restante, con lo cual es suficiente con el apoyo de Catalunya para que prospere.