Castillo de Montjuïc. Barcelona, 15 de octubre de 1940. Hace 85 años. Veinte meses después de la ocupación franquista de Barcelona (enero, 1939) y dieciocho meses después de la conclusión de la guerra civil española (abril, 1939). Un escuadrón militar español —del bando rebelde que se había sublevado contra el legítimo régimen republicano—, fusilaba a Lluís Companys, 123.º president de la Generalitat de Catalunya. Companys fue acusado, juzgado y sentenciado a muerte por los cargos de “presidente de la Generalidad y responsables de los hechos acaecidos en Cataluña”; es decir, por su cargo institucional y por los crímenes cometidos durante la revolución anarquista (julio, 1936 – mayo, 1937). Y se dio por sentado que durante aquella etapa habría ordenado la muerte de más de 8.000 personas. Pero, ¿realmente, Companys firmó 8.000 sentencias de muerte?
El gran error de Companys
El 21 de julio de 1936, tras dos días de intensos combates urbanos que se saldarían con la victoria de las fuerzas leales a la Generalitat (Barcelona fue la única ciudad del territorio republicano que derrotó a los militares y paramilitares golpistas con la fuerza de las armas), el president Companys reunió a los jefes de las milicias vencedoras y les ofreció participar en un gobierno de concentración. Companys, consciente de que Catalunya —a pesar de la victoria del 20 de julio— vivía una hora grave, urdió la implicación de todas las fuerzas políticas y sindicales contrarias al golpe de Estado, y que él llamó “antifascistas”, en la gobernabilidad del país. Pero no calculó —o no supo calcular— la inversión de fuerzas que se había producido durante aquellas dos jornadas a favor de los anarquistas de la CNT-FAI. Este fue el gran error de Companys.
El Comité de Milicias Antifascistas
Al inicio de la guerra urbana del 19 y 20 de julio de 1936, los anarquistas —que ya disponían de un arsenal clandestino importante— asaltaron el cuartel militar de Sant Andreu, y se apropiaron de 3.000 armas largas. Con miles de milicianos armados hasta los dientes, el 19 y 20 de julio se convirtieron en la principal fuerza de combate contra los golpistas. Y el 21 de julio, exhibían una fuerza militar muy superior a la suma de los cuerpos de seguridad de la Generalitat (Mossos d’Esquadra, Guardia de Asalto y Guardia Civil), y, huelga decir, al resto de fuerzas civiles que habían combatido en aquella guerra urbana (Estat Català, POUM, UGT). El líder anarquista Joan Garcia Olivé rechazó la oferta de participar en un gobierno de concentración —al menos inicialmente—, pero, en cambio, impuso a Companys el Comité de Milicias Antifascistas.
Las Patrullas de Control
En pocas palabras, esto significaba que el Govern de Catalunya quedaba bajo el control militar y policial del Comité de Milicias Antifascistas, organismo creado para organizar militarmente a las fuerzas que combatían el golpe de Estado y la rebelión en Catalunya; y que desde su inicio estuvo bajo el dominio de los anarquistas de la CNT-FAI. Una de las primeras medidas que impuso dicho organismo fue la creación de las siniestras Patrullas de Control, integradas, en gran medida, por falsos revolucionarios o, incluso, por delincuentes excarcelados, que fueron desplegadas con misiones policiales y de seguridad ciudadana. Simultáneamente, las verdaderas fuerzas policiales (Mossos d’Esquadra, Guardias de Asalto y Guardia Civil) fueron recluidas en sus cuarteles y, desde el Comité de Milicias Antifascistas, se les prohibió actuar.
Los crímenes
A partir de ese momento, se produjo una brutal oleada de criminalidad, protagonizada por estas Patrullas de Control. La prensa de la época (hasta su intervención por parte de aquel Comité) está repleta de notas que relatan auténticas cacerías contra personas por su ideología política, ejercicio profesional o confesión religiosa. Durante la llamada “etapa revolucionaria” (julio, 1936 – mayo, 1937), las Patrullas de Control, impunemente, crearon y alimentaron un brutal régimen de terror, perpetrando robos, atracos, secuestros, agresiones físicas, violaciones y asesinatos. Sus víctimas, seleccionadas previamente, eran personas de ideología catalanista (independentista o regionalista), o conservadora y monárquica; o de profesión empresarios o cuadros medios, o miembros de la Iglesia.
Algunos casos
La acción de las Patrullas de Control fue de una atrocidad brutal. Pero uno de los casos más dramáticos se produciría en Matadepera. El 24 de julio de 1936, un grupo de Patrullas irrumpió en la zona residencial de la Barata y secuestró a siete personas a punta de pistola: los industriales Francesc Salvans i Armengol y su hijo Joan Salvans i Piera; Joaquim Barata i Rocafort; Josep Maria Duran i Torres; Manuel Vallhonrat i Comerma; Gaietà Vallès i Pujals, el notario de Catalunya Francesc de Paula Badia i Tobella, cofundador de Unió Democràtica de Catalunya, y el propietario agrario Agustí Prat i Marcet. Y, acto seguido, los condujo al paraje de la Font de l’Olla, donde fueron asesinados a culatazos. Según el informe forense, todas las víctimas de aquella masacre murieron debido a hemorragias cerebrales.
La pinza anarco-falangista
La permisividad del Comité de Milicias Antifascistas tenía un clarísimo objetivo político, que Josep Maria Planas —el primer periodista de investigación de la historia de la prensa catalana— desenmascararía poco antes de ser asesinado (24 de agosto de 1936): la pinza anarco-falangista. Las evidentes conexiones entre la CNT-FAI y la Falange Española para crear y alimentar —en Catalunya— un clima de terror que condujera a la desafección de la sociedad catalana hacia la República y hacia el autogobierno de Catalunya. El asesinato de Miquel Badia Capell, excomisario de Ordre Públic y dirigente de Estat Català, o del propio Josep Maria Planas, a manos de una célula terrorista integrada por el falangista José Pastor Castillo, alias “el Maño de Sarrià”, y por el anarquista Justo Bueno Pérez —posteriormente protegido por la policía franquista— lo demuestran.
Los Fets de Maig de 1937
El caos revolucionario duró nueve meses y medio, hasta que el 3 de mayo de 1937, Companys, con el apoyo del prosoviético Joan Comorera —líder del recién creado PSUC—, logró poner todos los medios policiales y militares de la República en la calle para acorralar y exterminar a los anarquistas. Aquella guerra urbana, que duró tres días y que sería llamada Fets de Maig, se saldaría con la victoria de las fuerzas de la Generalitat. Y si bien es cierto que, a partir de aquel momento, el aliento de Moscú en la nuca de Companys —y de Andreu Nin, ¡líder del trotskista POUM!, y que también había tenido cierta participación en la liquidación de los anarquistas— fue cada día más intenso, también lo es que, en contrapartida, cesó totalmente el clima de terror y de criminalidad impuesto por las Patrullas de Control.
¿Cuál era la responsabilidad de Companys en aquella oleada de criminalidad?
Companys es, probablemente, el peor presidente de Catalunya del siglo XX. Sus políticas erráticas y sus grandes errores estratégicos contribuyeron a la derrota de Catalunya. Pero no se puede decir que firmó más de 8.000 sentencias de muerte. De hecho, durante la llamada “etapa revolucionaria”, actuó para salvar la vida de cientos de personas amenazadas de muerte, como el caso del cardenal Vidal i Barraquer. Poniendo en riesgo su propia vida. Ahora bien, lo peor de esta historia es que, tras docenas de investigaciones académicas que lo prueban, algunos representantes políticos todavía sostienen el mantra de 1939 y nos regalan un despliegue de imbecilidad supina en grado superlativo —entendida desde la filosofía, que la conceptúa como la difusión de ideas de tono y contenido muy bajo— que el pueblo de Catalunya no se merece.