Poca épica en la firma este martes del Pacte Nacional per la Llengua, que nace con el apoyo de solo tres de los ocho grupos del Parlament. Ni Junts ni la CUP lo han firmado. El president de la Generalitat, Salvador Illa, sin hacer referencia directa a estas ausencias ha asegurado que quedaban "las puertas abiertas a todos los que se quieran sumar".

Tras tres años de trabajos, en el patio del Institut d'Etudis Catalans (IEC), donde se ha rubricado el documento bajo un sol de justicia, una parte de las sillas han quedado vacías. Estaban los representantes de Òmnium, que apoya el texto, aunque no estaban su presidente, Xavier Antich, que no ha podido asistir por compromisos académicos. Tampoco estaba el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, que también firma el pacto aunque no ha escondido las sus recelos sobre el acuerdo final. Tampoco estaba el presidente de ERC, Oriol Junqueras, pero sí estaba el president Jordi Pujol, que a pesar de la negativa de Junts al texto, ocupaba una silla de la segunda fila.

Ante los asistentes han firmado el pacto los representantes de PSC, ERC y los Comuns, así como una veintena de entidades, encabezadas por Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua y el Institut d'Estudis Catalans, así como diferentes confederaciones y colegios profesionales y los principales sindicatos y patronales.

En un parlamento de cinco minutos, Illa ha asegurado que el pacto recoge un anhelo largamente esperado; ha agradecido el impulso inicial al pacto del anterior gobierno, y ha destacado que una veintena larga de entidades firman el texto. El president ha dado repaso de las entidades y partidos que apoyan el pacto y ha asegurado que este acuerdo "tiene las puertas abiertas a todos los que se quieran sumar". "Un llamamiento abierto y permanente a sumar a favor del catalán", ha remachado sin citar en ningún momento a los partidos políticos que se han negado a rubricarlo.

Mientras se celebraba el acto en el Institut d'Estudis Catalans, en el Parlament Junts y la CUP reiteraban sus reticencias.

225 millones

El pacto sitúa como horizonte para alcanzar sus objetivos en 2030; establece un compromiso presupuestario mínimo anual de 200 millones; y activa un primer paquete de acciones inmediatas para 2025, con un presupuesto inicial de 255 millones de euros, que asegura el Govern que es “la cifra más alta jamás destinada a la política lingüística en Cataluña”. Este primer paquete se destinará a diversas iniciativas como una campaña de bienvenida de las personas recién llegadas y facilitarles el acceso inmediato a los recursos para aprender catalán; la puesta en marcha de un grupo de trabajo del Consejo de Diálogo Social para desarrollar un plan específico de fomento de la lengua en el mundo del trabajo; un plan de gestión lingüística para los ayuntamientos, un plan de información y formación en el ámbito comercial...

Las diferentes iniciativas responden a nueve horizontes estratégicos que se ha marcado el plan, entre ellos, que el número de hablantes de catalán aumente por encima del ritmo de crecimiento demográfico, con el objetivo de incorporar 600.000 nuevos hablantes entre 2025 y 2030; garantizar la presencia del catalán en todos los niveles de la administración pública, en el sistema judicial y en el sector privado; y conseguir su reconocimiento en la UE o garantizar el conocimiento efectivo del catalán en las escuelas y como lengua académica normal en las universidades, entre otros.

No en detrimento de otras lenguas

"El objetivo final es involucrar a la sociedad catalana en su conjunto para incentivar el uso social del catalán", ha explicado posteriormente la portavoz del Govern, Silvia Paneque, que ha puntualizado, al ser interrogada sobre si el ejecutivo dejará de utilizar el castellano en su comunicación pública, que la promoción de una lengua no puede ir en detrimento de las demás.

La elaboración del pacto surge de una resolución del Parlament de septiembre de 2021, ha sido objeto de un proceso participativo durante el 2022, durante el cual se recogieron más de 2.500 propuestas entre la ciudadanía, entidades y sociedad civil. No obstante, todo apunta que el primer desafío que deberá hacer frente para garantizar su estabilidad será la sentencia del TC que se deberá pronunciar sobre la imposición del 25% de clases en castellano dictada por el TSJC.