Este lunes arranca el nuevo curso político. Después de pasar sus vacaciones en la isla canaria de Lanzarote, de haber mantenido encuentros —Salvador Illa formaba parte de la lista de invitados—, y de haber visitado algunas zonas afectadas por incendios forestales, Pedro Sánchez vuelve definitivamente a Madrid para encarar los próximos meses desde el palacio de la Moncloa. Lo hace, sin embargo, en números rojos; con un montón de compromisos pendientes de cumplir con sus socios de investidura que agravan su asfixia parlamentaria; aparte de un cerco judicial cada vez más agónico por presuntas tramas de corrupción, tanto por el caso Cerdán como por aquellos que afectan a su entorno familiar. Con respecto al independentismo, el Gobierno tiene que conseguir de una vez por todas convencer al resto de estados europeos para que hagan oficial el catalán en la UE. El otro gran compromiso pendiente de cumplir con Junts es la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Y con respecto a los pactos con Esquerra Republicana, hay que apretar el acelerador en la carpeta de la financiación singular para Catalunya.
Sánchez tendrá que cumplir con estos compromisos queriendo sacar adelante, entre otras, tres importantes normas. Después de haber renunciado a los presupuestos generales de 2024 y haber tirado también la toalla con los de 2025, ahora el presidente del Gobierno asegura que con los del 2026 sí que va la vencida. La aritmética parlamentaria es, no obstante, la misma. Con este fragmentadísimo Congreso de los Diputados, el jefe del ejecutivo también pretende sacar adelante una de sus grandes leyes de la legislatura, que lleva el sello de Yolanda Díaz: la reforma para reducir la jornada laboral. Los números no dan, de todos modos, porque Junts per Catalunya —igual que PP y Vox— ha registrado una enmienda a la totalidad, motivo por el que ahora la iniciativa se encuentra atascada. Y Sánchez también quiere la luz verde a la reforma de las carreras judicial y fiscal que impulsa el ministro Félix Bolaños. Su último anuncio, aprovechando la crisis de incendios de este verano, ha sido anunciar su voluntad de aprobar un pacto de estado contra el cambio climático. Necesitará a los socios de investidura, porque el PP ya se ha desmarcado.
Catalán en Europa y delegación de inmigración
Precisamente con Junts per Catalunya Pedro Sánchez tiene todavía muchos deberes pendientes de cumplir. A cambio del nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados, socialistas e independentistas pactaron oficializar la lengua catalana en la Unión Europea; también la vasca y la gallega. El escollo sigue siendo la no unanimidad de los 27 estados miembro, a pesar de los esfuerzos diplomáticos del ministro del Exterior, José Manuel Albares, que chocan fundamentalmente con aquellos estados gobernados por la misma familia política que el PP. El aviso de Carles Puigdemont de esta semana ha sido claro: "Decidimos que no haríamos un acuerdo para la estabilidad de la legislatura; en otoño quizás pasarán cosas que no han pasado hasta ahora; nosotros ya hemos dado bastante tiempo".
Y la otra ley pactada con Junts que ha quedado encallada es la de la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. El principal obstáculo es Podemos, que ha decidido oponerse a la iniciativa con todo tipo de argumentos catalanófobos. Uno de los últimos llegó por parte de la líder del partido, Ione Belarra, que aseguró que entregar estas competencias al Govern implicaría que los Mossos d'Esquadra harían "batidas racistas". Los morados, por su parte, quieren que el Congreso apruebe la Iniciativa Legislativa Popular que tiene que regular medio millón de inmigrantes en el Estado. Fuentes de este partido han expresado a ElNacional.cat su predisposición a hablar de intercambios con Junts, cosa a la que los independentistas de momento se oponen.
Financiación singular y condonación de la deuda
Por otra parte, el Gobierno también tendrá que abordar la carpeta de la financiación singular para Catalunya, que este verano ha chocado con un importante obstáculo. Aunque PSC y ERC habían pactado —a cambio de la investidura de Salvador Illa como president— que la Generalitat desarrollara la Agencia Tributaria de Catalunya para empezar a recaudar y gestionar el IRPF a partir de 2026, el Govern ha alejado ahora esta fecha hasta 2028. Los republicanos no hicieron demasiada sangre del Plan Director presentado por la Conselleria d'Economía, mientras confían presentar en septiembre una proposición en el Congreso de los Diputados para modificar la LOFCA y dos otras leyes. Esta semana el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, advirtió a Pedro Sánchez y a Salvador Illa que su partido no aprobará los presupuestos españoles ni catalanes sin una financiación singular para Catalunya.
Y con el fin de animar a Pedro Sánchez a espabilarse, también le ha avisado de que la condonación de la deuda autonómica en Catalunya de 17.104 millones de euros es un compromiso alcanzado en noviembre de 2023 y, por lo tanto, no será ninguna moneda de cambio para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2026. También esta misma semana, Esquerra Republicana informaba de que el Gobierno aprobará a principios de septiembre la condonación de la deuda del FLA con el objetivo de que a finales de año el Congreso de los Diputados dé su luz verde. Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten a ElNacional.cat la urgencia de tener que cumplir con este compromiso en el arranque de este nuevo curso político. Hay que recordar, también, que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de Sánchez, candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas y la diana de buena parte de las críticas de ERC por los atrasos en el nuevo modelo de financiación, especificó que la condonación se extendería a todas las autonomías, por un total de 83.252 millones de euros.