El 2 de septiembre, una operación militar de los Estados Unidos en el Caribe bombardeó una embarcación sospechosa de narcotráfico. Según reveló el Washington Post, al menos dos personas habrían sobrevivido al primer ataque. El punto más polémico es que, según la misma investigación, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una “directriz verbal” ordenando “matarlos a todos”, lo que habría provocado un segundo lanzamiento de misiles destinado a rematar y acabar con los supervivientes. Esta publicación ha desatado una tormenta política en Washington y ha reabierto el debate sobre la legalidad de las operaciones norteamericanas en el Caribe. Las normas de guerra, recogidas en los Convenios de Ginebra, prohíben atacar a combatientes heridos o incapacitados, que deben ser detenidos y atendidos.

Hegseth, por su parte, ha negado categóricamente las acusaciones y las ha calificado de “noticia falsa”. En la red X, ha ido más allá describiéndolas como “inventadas, incendiarias y difamatorias”, y defendiendo que las operaciones son “legales tanto bajo la ley estadounidense como bajo el derecho internacional”.

La Casa Blanca, sin embargo, sí que ha confirmado que se produjo un segundo ataque con autorización de Hegseth. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, aseguró que “el almirante Bradley actuó correctamente dentro de su autoridad y la ley”, aunque no confirmó si había supervivientes ni si el segundo bombardeo tenía el objetivo de matarlos.

Trump, por su parte, reafirmó su apoyo a Hegseth: “Él dijo que no dijo eso. Y le creo al cien por cien”. Sin embargo, afirmó que su administración “investigará” el caso y añadió: “Yo no habría querido eso, un segundo ataque no”.

El Congreso exige explicaciones

Ante el alcance de las acusaciones, congresistas republicanos y demócratas han reclamado una investigación exhaustiva. El senador demócrata Tim Kaine advirtió que, si se confirman los hechos descritos por el Washington Post, “esto alcanza un nivel de crimen de guerra”. El republicano Mike Turner, expresidente del Comité de Inteligencia, coincidió: “Si esto ocurrió de verdad, sería muy grave y un acto ilegal”, añadiendo que en caso de confirmarse, debería dimitir.

El Comité de Servicios Armados del Senado —encabezado por los republicanos— anunció el viernes que emprenderá una “supervisión rigurosa” para determinar qué pasó exactamente el 2 de septiembre. En la Cámara de Representantes, el comité equivalente también ha iniciado medidas bipartidistas para obtener un informe completo de la operación.

Un contexto de escalada militar

Las revelaciones llegan en medio de un incremento del despliegue militar de los EE. UU. en el Caribe, el más grande en décadas. Washington ha llevado a cabo varios ataques contra embarcaciones que, según afirma, son utilizadas por narcotraficantes con rumbo a los Estados Unidos. Más de 80 personas han muerto en estas operaciones desde principios de septiembre.

El gobierno norteamericano justifica la campaña en el marco de un “conflicto armado no internacional” con grupos criminales. Venezuela, por su parte, ha condenado los ataques y ha anunciado una investigación propia sobre el presunto segundo bombardeo.