Begoña Gómez vuelve a acudir a la Audiencia de Madrid para frenar la investigación de Juan Carlos Peinado. La semana pasada, el juez pidió a la Moncloa una copia de todos los correos electrónicos de la esposa de Pedro Sánchez desde 2018 con la voluntad que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los investigue. Y ahora su abogado ha presentado un nuevo recurso de apelación para pararle los pies. “El contenido de la providencia que acuerda la práctica de la diligencia carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida”, argumenta el escrito, adelantado por elDiario.es y al que ha tenido acceso ElNacional.cat. “No es que tenga una motivación reducida o irrazonada, es que la misma carece de cualquier fundamentación, de cualquier análisis de lo que se pretende conseguir o de los elementos y resultados de la investigación que justifiquen el porqué”, añade. Esta petición llega a dos días de que Begoña Gómez tenga que declarar frente al juez por la contratación de su asesora.
“No podemos olvidar que mi cliente, por razones obvias, tiene una repercusión mediática indiscutible. En esas condiciones, la adopción de una medida de la intensidad de la que se ha acordado ha de ir acompañada de la adopción de cautelas destinadas a que la limitación de su derecho a la intimidad no se vea innecesariamente agravada”, justifica el abogado Antonio Camacho. “Es un problema que se ha puesto de manifiesto a lo largo del año y medio que lleva desarrollándose la investigación, puesto que prácticamente todo lo que constituía el ámbito más íntimo de la misma ha sido publicado en la prensa, en algunos casos, sin ninguna limitación”, recuerda. Justo en el principio del documento, asegura que no recurre la providencia por el “temor a que el resultado de la diligencia pueda ser perjudicial” para Begoña Gómez, sino por “estimar que el respeto a las garantías procesales y la protección de los derechos fundamentales de los investigados constituye un elemento esencial en la tramitación de cualquier procedimiento penal”.
“La mayor parte de las exigencias más de fondo han sido incumplidas”
Y cita la Ley de Enjuiciamiento Criminal para avalar su queja: “El hecho de que la diligencia acordada esté ayuna de cualquier motivación incumple el contenido y las garantías que el legislador ha incluido”. En este sentido, el abogado de Begoña Gómez va un paso más allá y lamenta que la “mayor parte de las exigencias más de fondo” que estipula la ley como “necesarias para entender que no afecta de forma innecesaria” a los derechos fundamentales básicos “han sido incumplidas”. El letrado argumenta que la providencia “no recoge ninguna referencia a los indicios racionales en los que el juez funda la medida”, cosa que considera que es “esencial” en un Estado de derecho: “Cuando se afecta de forma tan intensa a un derecho fundamental, es necesario que se aclare por qué razón y sobre qué argumentos se va a alterar un derecho inherente al ámbito de la intimidad de todos los ciudadanos”.
“No contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación”
Finalmente, Antonio Camacho denuncia que el lapso temporal de la medida, entre 2018 y la actualidad, es “exorbitante” y que la petición de Peinado “no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación” de una cuenta de correo electrónico que “puede guardar datos, fotografías o documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad”. “La exigencia del legislador también incluye el contenido material de lo que ha de ser buscado”, destaca. “La inclusión de una mínima referencia a lo que se pretende conseguir con esta medida permitiría a los agentes desarrollar su trabajo sin afectar innecesariamente a ámbitos especialmente protegidos del derecho a la intimidad y que no tienen vinculación alguna con los hechos que se están investigando”, concluye.
“La realización de un favor a la persona para la que trabajas nunca puede interpretarse como malversación”
En otro momento del recurso, Antonio Camacho intenta desmontar la acusación de malversación, que Juan Carlos Peinado añadió en agosto contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Su asesora en la Moncloa está en el foco de la investigación desde que se supo que hizo gestiones con un patrocinador a favor de la cátedra: “Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que seguís como patrones de la cátedra”, manifestó ella en una posdata en un correo enviado a Reale. La defensa de la mujer de Pedro Sánchez responde que la “realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación”. “Es difícilmente sostenible que esa conducta, aislada y habitual en los usos sociales de este país y de tantos otros, pueda constituir un delito de malversación”, añade.
“Está transmitiendo un mensaje personal en la parte final de un correo que sí estaba relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones”, insiste. Y recuerda que las condiciones del puesto de trabajo de Cristina Álvarez son de “plena disposición 24 horas siete días a la semana” y que, por lo tanto, es “muy habitual que sus jornadas comiencen a primeras horas de la mañana y finalicen llegada la noche”. “Su horario laboral diario excede de las ocho horas, […] no podemos afirmar que ese correo fuera realizado en su jornada laboral”, razona. El abogado subraya que los correos son “reflejo de lo que era el cumplimiento de las funciones habituales de la asistente” y denuncia que “interpretar que un mensaje contenido en uno de esos correos puede ser susceptible de ser subsumido en el tipo penal de malversación implica una interpretación exorbitante del Código Penal”.
La persecución de Juan Carlos Peinado de los correos de Begoña Gómez
La cruzada del juez Peinado sobre los correos de Begoña Gómez se remonta a mediados de julio. Fue entonces cuando las acusaciones populares, unificadas Hazte Oír, le solicitaron una batería de diligencias. Una de las actuaciones que pedían era que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accediera e hiciera copia de los correos electrónicos enviados y recibos en cuatro direcciones que pertenecían a Begoña Gómez: dos de Gmail, una @ucm.es (de la Universidad Complutense) y una @transformatsc.org (de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía). “Resulta claramente legal, necesario, pertinente, útil, conducente, idóneo y proporcional investigar estos correos, siendo evidente que estamos ante diligencias que podrían dar luz sobre hechos fundamentales de la causa”, argumentaba el documento, al que tuvo acceso ElNacional.cat.
Hazte Oír argumentó que era necesario después de que el exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Complutense Juan Carlos Doadrio declarara como testigo el 19 de febrero y manifestara que tenía más de cien correos electrónicos con Begoña Gómez y con su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. Días más tarde, el juez accedió a pedir a un directivo de Google los correos con Begoña Gómez y su asesora sobre el software: el jefe de proyectos de Google, Miguel Rodríguez Bueno, que mencionó unos correos que tenían relación con el software de la cátedra cuando declaró como testigo.
Ahora bien, rechazó la petición de que la Guardia Civil analizara los correos enviados y recibidos en cuatro direcciones que pertenecían a Begoña Gómez. Eso sí, requirió a la Complutense que hiciera un volcado de los correos que se alojen en la cuenta de la cátedra (hola@transformacionsocialcompetitiva.com) y remitiera el contenido al juzgado. Sin embargo, la Complutense respondió que no tiene acceso al correo y que solo puede consultar los que tienen dominio ucm.es. Así pues, alegó que los correos de la cátedra de Begoña Gómez “no son accesibles por el personal técnico de la universidad”.
Posteriormente, el juez Peinado preguntó a la Moncloa si la esposa de Pedro Sánchez dispone de un correo oficial e institucional vinculado a la Presidencia del Gobierno. “Se considera necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con diferentes empresas que colaboraron con la cátedra”, justificó al magistrado. “Parece necesario y útil y, por lo tanto, pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada”, apostilló. Después de la confirmación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reclamó todos los correos desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y pidió a la UCO que los analizara.