La Fiscalía de Barcelona investigará las denuncias por presuntas conductas de acoso sexual, coacción psicológica, maltrato y explotación contra el catedrático emérito de Sociología de la Universitat de Barcelona, Ramón Flecha, y a su entorno del grupo de investigación CREA que le ha trasladado la misma universidad. Fuentes de la Fiscalía confirman este lunes que "se abrirán diligencias de investigación que llevará la nueva sección que se creará en la fiscalía de violencia a la infancia y la adolescencia, que también llevará las agresiones sexuales a mayores de edad". La Universitat de Barcelona (UB), que también ha confirmado la apertura de las diligencias, informó el pasado 22 de diciembre que había trasladado a la Fiscalía las denuncias tras recibir los resultados de un informe preliminar que ha recogido durante cuatro meses los testimonios de once denunciantes y que el rector de la UB, Joan Guàrdia, calificó de conductas "muy graves". Además de elevar los hechos a la Fiscalía, la UB ha confirmado su intención de presentarse como acusación particular si el procedimiento penal avanza y se acusa formalmente al catedrático.
Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos de los hechos relatados por personas que formaron parte del CREA, que el informe describe como un "grupo coercitivo de alto control", con Ramón Flecha al frente. Flecha creó el CREA en 1991 como un centro de investigación en el ámbito de la educación, que posteriormente se especializó también en el estudio de la violencia sexual. Un día después de que la UB trasladara las denuncias a la fiscalía, el CREA, que dejó de ser una estructura interna de la universidad en 2015 para pasar a ser una comunidad externa, anunció su disolución "de forma inmediata" con el objetivo de evitar "más perjuicios a sus miembros".
Denuncias desde 2004
La denuncia recibida en julio de 2025 es la primera que se presentó en la UB desde el archivo de anteriores denuncias en los años 2004 y 2016, y que señalaban conflictos internos, presuntas irregularidades en la gestión y abusos psicológicos, de los cuales no se apreciaron suficientes indicios penales para denunciarlos ante la Fiscalía. El informe preliminar ha detectado que, a partir del año 2015, el carácter coercitivo del funcionamiento del grupo se habría intensificado, coincidiendo con la salida del CREA de las estructuras internas de la UB.
Los hechos descritos por las denunciantes incluyen presuntas conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, así como prácticas vejatorias e intimidatorias, que habrían operado "de forma sistemática" mediante una estructura jerárquica de liderazgo en manos de Ramón Flecha, a quien el informe señala como el presunto perpetrador de la mayoría de los hechos investigados. La UB considera que los hechos relatados por las denunciantes son de "gravedad injustificable, intolerables y repulsivos", y ha reafirmado el compromiso de actuar con contundencia para garantizar un entorno universitario "seguro y libre de violencia".
La investigación interna sigue
La comisión de expertos que ha elaborado el informe preliminar que se ha hecho llegar a la Fiscalía, y que cuenta con expertos sobre violencia de género y acoso institucional, aún no ha terminado su investigación, que podría alargarse hasta un mínimo de 18 meses. Próximamente, la comisión tomará declaración a cinco denunciantes más, hasta un total de dieciséis, para analizar posibles irregularidades académicas y éticas que se han conocido durante el proceso. Por otro lado, la universidad ha activado expedientes disciplinarios con suspensión de trabajo a dos miembros del personal docente e investigador del CREA y ha retirado la condición de catedrático honorario a una tercera persona, y también mantiene la suspensión del estatus y funciones de catedrático emérito de Sociología a Ramón Flecha. Paralelamente, se han activado medidas de acompañamiento psicológico a las personas afectadas y también se han tomado medidas para impedir que los méritos académicos o profesionales vinculados al CREA se valoren en procesos de selección o promoción de profesorado.