Movimientos en los Juzgados de Plaza de Castilla en una de las dos ramas de la investigación a Begoña Gómez. Las acusaciones populares, unificadas en Hazte Oír, han solicitado al juez Juan Carlos Peinado una batería de diligencias en el marco de la causa sobre la presunta apropiación indebida de la plataforma o software de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que la mujer del presidente español codirigía en la Universidad Complutense. Según el escrito al que ha tenido acceso ElNacional.cat, una de las actuaciones que solicitan es que se libre oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que “acceda y haga copia de los correos electrónicos enviados y recibidos” en cuatro direcciones que pertenecían a Begoña Gómez. “Resulta claramente legal, necesario, pertinente, útil, conducente, idóneo y proporcional investigar estos correos, siendo evidente que estamos ante diligencias que podrían arrojar luz sobre hechos fundamentales de la causa”, argumenta el documento. “La medida es además proporcionada al no resultar indiscriminada, limitándose la obtención de los correos en relación con el objeto de este procedimiento”, añade.
Hazte Oír argumenta que esto es necesario después de que el exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Complutense Juan Carlos Doadrio declarara como testigo el 19 de febrero y manifestara que tenía más de cien correos electrónicos con Begoña Gómez y con su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. De hecho, las acusaciones piden al juez que solicite a Doadrio que él mismo aporte los correos electrónicos al procedimiento. “Señaló que Álvarez era la persona de confianza de Gómez, que siempre iba con ella a la Universidad Complutense e incluso que le indicó que le enviara a ella directamente los e-mails”, sostienen. Todo ello tiene que llevar a obtener “información potencialmente trascendental para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
Las acusaciones subrayan que esta diligencia “debe ceñirse a la intervención de las comunicaciones” del periodo comprendido entre el 2 de junio de 2018 y la actualidad para obtener los archivos que “guarden relación con el resto de investigados” en la causa o en relación con la Universidad Complutense de Madrid, Wakalua, Globalia, el Instituto de Empresa, el IE-África Center, OMT, Indra Sistemas, Google Spain, Sl, Fundacion Manpower, Arsys Internet, Telefónica, la Fundación la Caixa o Reale. De hecho, la investigación sobre Cristina Álvarez floreció después de que se supiera que había enviado un correo a Reale trasladando que Begoña Gómez quería que siguieran como “patrones de la cátedra”. La radiografía de los correos se extiende a “cualquier otra persona, entidad o mercantil que patrocinara, financiara o colaborara con la actividad desarrollada para la Cátedra de Transformación Social Competitiva” y “muy especialmente” a las comunicaciones de correos electrónicos con los otros investigados.
Solicitud de documentación a empresas sobre reuniones relacionadas con la cátedra
Además, las acusaciones piden al juez que solicite a varias empresas, como Google, Indra, Telefónica y Deloitte, una serie de documentación relacionada con la cátedra. Quieren conocer las agendas y actas de las reuniones que tuvieron lugar en relación con el desarrollo de la plataforma digital, el listado de asistentes e invitados a cada una y un conjunto de elementos informáticos sobre la cátedra y el desarrollo del software. Y quieren que se requiera a la Universidad Complutense el volcado y contenido de los correos electrónicos que se alberguen en la cuenta de la cátedra porque consideran que es “clave para la investigación”.
Nuevos testigos
Las acusaciones populares también piden al juez que cite a nuevos testigos. Entre ellos, personal de Deloitte (como el presidente de la compañía en España), Techxonn, Devoteam, Making Science y de la mesa de contratación de Red.es. También recuerdan algunas testificales que están pendientes de resolverse, como las del secretario de Estado y director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, del consejero delegado de Endesa, José Bogas, o del presidente ejecutivo del Instituto de Empresa, Santiago Iñiguez de Onzoño. Finalmente, solicitan que vuelva a citar al responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi.
Para “poder preparar el eventual juicio oral”
El escrito justifica que todas estas diligencias son “legales, lícitas, posibles, útiles, pertinentes, conducentes y necesarias” para “poder averiguar los hechos y las circunstancias que los rodean a fin de posibilitar la debida concreción del eventual escrito de acusación o calificación provisional y poder preparar el eventual juicio oral”. “En atención al estado actual de la instrucción, y con el propósito de profundizar en aspectos determinantes de los hechos objeto de investigación, se propone la práctica de una serie de nuevas diligencias directamente relacionadas con los indicios de presunta apropiación indebida”, justifican. “En consecuencia, las diligencias resultan claramente relevantes, en tanto que su práctica puede aportar datos objetivos para confirmar o descartar hipótesis fundamentales para la instrucción, cumpliendo la exigencia de utilidad y necesidad procesal”, apostillan.