El Tribunal Supremo acoge desde hoy un juicio inédito: el fiscal general del Estado se enfrenta a una pena de entre cuatro y seis años de prisión acusado de revelación de secretos por haber filtrado presuntamente el correo en el que Alberto González Amador reconocía que había cometido dos delitos fiscales. Álvaro García Ortiz ha llegado al Supremo a las 9.42 horas en coche oficial procedente de la sede de la Fiscalía, en la calle Fortuny, a poco más de cinco minutos. Lo ha recibido el fiscal de sala jefe de la Sección Penal, José Javier Huete, y ha entrado al Supremo por la puerta principal. El juicio ha comenzado oficialmente a las 10.07 horas. El fiscal general del Estado ha decidido sentarse en estrados, junto a los abogados del Estado que lo defienden y de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Está previsto que cincuenta personas acudan de público cada día y hay más de 200 periodistas acreditados. Ahora bien, a diferencia del juicio del procés, no se retransmitirá en directo y los medios de comunicación no podrán emitirlo íntegramente ni en tiempo real ni en diferido.
🔎 Un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por primera vez: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
👤 ¿Quién es quién en el juicio del fiscal general del Estado por revelación de secretos de la pareja de Ayuso?
Durante la instrucción, que se ha alargado ocho meses, ha insistido en que él no filtró nada y ha defendido continuar en el cargo para impedir que una “mentira” derrote a un fiscal general del Estado. A lo largo de seis días (distribuidos en dos semanas), declararán como testigos, entre otros, Miguel Ángel Rodríguez (el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso), Alberto González Amador (su pareja), ocho fiscales, doce periodistas, dos altos cargos de la Moncloa y Juan Lobato (el exlíder del PSOE de Madrid).
Un tribunal con mayoría conservadora, presidido por Martínez Arrieta y con viejos conocidos del procés
El tribunal está integrado por siete jueces: lo presidirá Andrés Martínez Arrieta, que es presidente de la Sala Penal del Supremo desde el mes de julio, y la ponente será Susana Polo (que fue la instructora de la causa del Tsunami Democràtic contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg). Asimismo, lo integrarán Manuel Marchena (que fue el ponente del juicio del procés y fue presidente de la Sala de lo Penal hasta hace un año), Carmen Lamela (que es la jueza que dictó la prisión preventiva de los consellers del Govern del 1-O, de los Jordis y de Sandro Rosell), Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, al lado de la progresista Ana Ferrer (que fue candidata a presidir la Sala de lo Penal del Supremo y acabó renunciado a ello). La mayoría de los magistrados son los que participaron en el juicio del procés en 2019: cinco de los siete participaron en la sentencia.
¿Quién defenderá a Álvaro García Ortiz?
Durante el juicio, Álvaro García Ortiz tendrá dos abogados del Estado:
- José Ignacio Ocio, que lo ha representado a lo largo de la instrucción y que es el mismo que defiende al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el caso de Begoña Gómez.
- Consuelo Castro, que fue la abogada que relevó a Edmundo Bal (que posteriormente fue el número dos de Ciudadanos en el Congreso) en la causa del procés y fue quien acusó a los miembros del Govern del 1 de octubre de sedición (y no de rebelión). Ella y Álvaro García Ortiz coincidieron en Galicia en el caso Prestige. Se ha incorporado a su defensa de cara al juicio.
Por su parte, la Fiscalía también defenderá la absolución del fiscal general del Estado alegando que la “información contenida en los correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general del Estado adquiriera conocimiento de la misma”. En esta causa, el Ministerio Público está representado por María Ángeles Sánchez Conde. Es la teniente fiscal del Supremo, que (orgánicamente) es la número dos de la Fiscalía. Ahora bien, Álvaro García Ortiz firmó hace meses un decreto de abstención para evitar conflictos de interés: no puede dar órdenes y no tienen que hacerle dación de cuentas.
Para el juicio, el equipo se ha reforzado con el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, que se encargó de la causa cuando estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En Extremadura, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que están a la espera de saber la fecha de su juicio.
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Una acusación particular, seis acusaciones populares y peticiones de entre tres y seis años de prisión
La causa contra el fiscal general del Estado empezó a raíz de una querella de Alberto González Amador, que ejerce la acusación particular en calidad de perjudicado. Su abogado es Gabriel Ramos. Pide cuatro años de cárcel, la suspensión de tres años de empleo y sueldo, que sea inhabilitado, una multa de 108.000 euros y 300.000 euros en concepto de daños morales por los “padecimientos” familiares y profesionales.
Asimismo, en la causa hay seis acusaciones populares:
- La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Ha pedido en más de una ocasión que el juez suspenda cautelarmente a Álvaro García Ortiz para que no se siente en el banquillo como fiscal general del Estado. Sin embargo, Ángel Hurtado lo ha rechazado sistemáticamente. Reclamó seis años de cárcel para él, la petición más alta, y doce años de inhabilitación. Además, lo acusa de prevaricación.
- El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) solicita cuatro años de cárcel, tres años de suspensión de empleo y sueldo y de inhabilitación y una multa de 81.000 euros.
- Las mismas penas de prisión y de suspensión reclama Manos Limpias, que añade una multa de 216.000 euros.
- La acusación popular unificada liderada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa y que incluye a Vox y a Hazte Oír también apuntan a un delito de prevaricación y pide cuatro años de cárcel y tres años de suspensión y de inhabilitación.
La sala del juicio, la misma de la condena de Homs por el 9N y de la vista sobre la amnistía de Puigdemont
El juicio será en la Sala de lo Penal. No es el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, que fue la que acogió el juicio del procés y donde se celebra la Solemne Apertura del Año Judicial. Hace ocho meses, en la Sala de lo Penal tuvo lugar la vista pública por los recursos de apelación de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía. La Sala de Apelación ratificó la decisión del juez. Previamente, la misma sala acogió el juicio de Francesc Homs (que fue conseller de la Presidencia y era diputado del PDeCAT) por un delito de desobediencia por la consulta del 9N (que acabó con una condena de inhabilitación) y el juicio de Eulàlia Reguant, diputada de la CUP en el Parlament, por no haber contestado a Vox en el juicio del procés.