Después de meses de bloqueo, ha hecho falta que las candidatas progresistas dieran un paso al lado para que el Consejo General del Poder Judicial haya conseguido renovar las presidencias de la Sala de lo Penal y de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo. Así pues, Andrés Martínez Arrieta (que competía con Ana Ferrer) será el relevo de Manuel Marchena, que dejó el cargo en diciembre. La Sala de lo Penal es la encargada de instruir los casos que implican aforados (como miembros del Consejo de Ministros, diputados del Congreso, senadores o el fiscal general del Estado) y de revisar en última instancia las sentencias penales. Martínez Arrieta fue uno de los fundadores de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que tiene una posición centrista en la carrera judicial. En el segundo caso, Pablo Lucas (que rivalizaba con Pilar Teso) sucede a César Tolosa, que abandonó el Supremo en diciembre de 2022 para convertirse en magistrado del Constitucional. Lucas es el juez del CNI desde 2009 y es el que autorizó el espionaje al independentismo. Hasta ahora, los dos ejercían las presidencias de las dos salas del Supremo interinamente dado que son los dos magistrados de más edad en cada caso. Según indican fuentes jurídicas a ElNacional.cat, Martínez Arrieta ha obtenido quince votos y Lucas ha recibido dieciséis.
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El proceso de renovación de las dos presidencias se puso en marcha el pasado mes de octubre, cuando el CGPJ abrió la convocatoria para que los candidatos se pudieran postular. El proceso llegó después que en julio el PP y el PSOE renovaran el CGPJ para poner punto final a cinco años y medio con el mandato caducado y que a finales de agosto, y después de cuatro intentos fallidos, los vocales eligieran a Isabel Perelló como presidenta del órgano de gobierno de los jueces. Antes de ser renovado, el CGPJ no podía hacer nombramientos porque en marzo de 2021 el Gobierno impulsó una ley, que posteriormente fue avalada por el Constitucional, para impedírselo como herramienta para evitar que el sector conservador actuará directamente e intentar acelerar la renovación. Desde finales del año pasado, el proceso de renovación de la Sala Segunda y la Sala Tercera estaba atascado fruto de las posiciones enrocadas en el seno del CGPJ. Hacía falta una mayoría de tres quintas partes y los diez magistrados conservadores y los diez magistrados progresistas no se ponían de acuerdo.
Y la semana pasada las dos candidatas progresistas, Ana Ferrer y Pilar Teso, renunciaron a sus candidaturas y dejaron vía libre para los candidatos conservadores. “Dado el tiempo transcurrido sin que la convocatoria se haya resuelto, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar”, expresó Ana Ferrer en una carta enviada a Isabel Perelló a la que accedió ElNacional.cat, en la que esgrimió que la “confianza de la ciudadanía” en las instituciones “se debilita ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas”. Por su parte, Pilar Teso dio el mismo paso para “evitar que la situación de interinidad” en la presidencia de la Sala Tercera “se cronifique”, cosa que “erosiona su función institucional e impide encarar los desafíos que el futuro depara”.
Nueve vocales del CGPJ lamentan haber perdido una “oportunidad de marcar un antes y un después”
“Lo más llamativo es que, teniendo la posibilidad de aplicar el mandato claro e inequívoco [de la ley de paridad], la voluntad mayoritaria del pleno hay impedido su cumplimiento”, lamentan nueve vocales del CGPJ en un documento de explicación del voto al que ha tenido acceso ElNacional.cat. “Solo hemos defendido, por activa y por pasiva, que una de las dos fuera nombrada presidenta. [...] La representación equilibrada pretende romper inercias masculinas profundamente consolidadas”, sostienen.
Uno de sus principales argumentos es que ambas podrán cumplir el mandato de cinco años, un “elemento clave para garantizar la ejecución de sus proyectos a medio y largo plazo”. En cambio, las jubilaciones de Pablo Lucas, prevista para julio de 2026, y de Andrés Martínez Arrieta, programada para abril de 2027, les impedirá concluir los cinco años. “Hemos perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo”, apostillan. En la historia del Alto Tribunal, solo ha habido dos mujeres presidentas de Sala, y las dos lo han sido de la Sala de lo Social: María Luisa Segoviano (entre 2020 y 2022) y Concepción Ureste (desde marzo de 2025).
Por su parte, Jueces y Juezas para la Democracia lamentan que la decisión del CGPJ supone un “paso atrás en las políticas de igualdad” y transmite un mensaje “desolador”. “El principio de legalidad exige un comportamiento leal que no ha existido”, alegan. Y denuncian que “siguen existiendo resistencias inadmisibles a que se produzcan nombramientos femeninos en los más altos cargos judiciales con el fin de equilibrar el número de magistradas en puestos de relevancia”.
Andrés Martínez Arrieta, el juez más joven a entrar en la Sala de lo Penal que estuvo a punto de presidir el juicio del procés
Hace seis años, en un primer momento, Andrés Martínez Arrieta era quien tenía que presidir el juicio del procés con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del CGPJ. Ahora bien, después de la ruptura del pacto entre el PP y el PSOE (cuando se supo que los populares sacaban pecho de puertas adentro de haber controlado “por la puerta de atrás” la Sala de lo Penal del Supremo), Marchena renunció a la candidatura y fue el presidente y ponente del juicio. Martínez Arrieta se sentó a su derecha. Andrés Martínez Arrieta fue el magistrado más joven a entrar en la Sala de lo Penal del Supremo, con 42 años, y ahora es el más veterano.
Uno de los casos destacados del magistrado es la investigación de la desaparición de Santiago Corella, un delincuente conocido como El Nani: como titular del Juzgado de Instrucción Número 11 de Madrid destapó una mafia policial que hizo desaparecer al detenido en dependencias policiales en 1983. Por otra parte, una de sus resoluciones más polémicas fue en 2011: después de que la Audiencia de Guipúzcoa condenara a prisión a los agentes de la Guardia Civil por torturas a los etarras Igor Portu y Martin Sarasola, él los absolvió. Más tarde, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condenó al Estado español a indemnizarlos por daños morales y por no haber investigado las torturas que recibieron.
Pablo Lucas, el juez del CNI que sonó para presidir el CGPJ y que autorizó el espionaje al independentismo
Pablo Lucas es miembro de la Sala Tercera del Supremo desde noviembre de 2001 y es conocido por ser el juez del Centro Nacional de Inteligencia desde 2009. Él fue quien autorizó el espionaje al independentismo con Pegasus por parte del CNI y, especialmente, por haber permitido que se espiara al abogado Gonzalo Boye y, al mismo tiempo, hubiera sido el encargado de pronunciarse sobre diferentes procedimientos judiciales que implicaban sus clientes. Boye reclamó que las sentencias en las que había participado el juez fueran anuladas por la indefensión de sus clientes: “Ha tenido un efecto devastador sobre el derecho de defensa de los recurrentes a consecuencia de las sin duda ilícitas actividades del juez Pablo Lucas, impropias de un juez de un Estado democrático de derecho”, alegó. Finalmente, la Sala Tercera del Supremo aceptó apartar a Pablo Lucas de la resolución de los recursos presentados por Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí sobre su condición de eurodiputados y de los que el magistrado fue ponente. Hace un año, los vocales conservadores del CGPJ pusieron su nombre encima de la mesa como candidato a presidir el CGPJ.
👤 Pablo Lucas, el candidato a presidir el CGPJ que autorizó el espionaje al independentismo
Dos casos más de finales de 2023. Por una parte, Pablo Lucas fue uno de los ponentes de la sentencia que apreció “desviación de poder” en la propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para promover a fiscal de Sala su predecesora y exministra de Justicia, Dolores Delgado. Días más tarde, fue el ponente de la sentencia que anuló el nombramiento de la exministra de Trabajo Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito legal de “jurista de reconocido prestigio”. Además, su trayectoria habría podido pasar por el Tribunal Constitucional: en diciembre de 2023, no obtuvo los votos necesarios (tres quintas partes) para ser elegido magistrado del TC por parte del CGPJ. Fue un fracaso de los conservadores en el intento de imponer a sus candidatos. Finalmente, los vocales del CGPJ escogieron por unanimidad a César Tolosa y María Luisa Segoviano.