Nuevas (y últimas) peticiones de cárcel contra el fiscal general del Estado. Y ya van siete. De hecho, todas las acusaciones (la particular y las populares) piden que el fiscal general del Estado sea condenado a prisión por el Tribunal Supremo por haber filtrado el correo en el que el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales. Los últimos a presentar los escritos de acusación, a los que ha tenido acceso ElNacional.cat, han sido, esta mañana, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y, al mediodía, la acusación acumulada formada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír. En los dos casos, solicitan cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz por el delito de revelación de secretos. Estas peticiones, que se suman a las de Manos Limpias, la APIF y el mismo Alberto González Amador, llegan dos semanas después de que el juez Ángel Hurtado procesara al fiscal general del Estado y lo dejara a un paso del banquillo de los acusados. ¿Qué penas apuntan las otras acusaciones?

  • Manos Limpias pide cuatro años de prisión y una multa de 216.000 euros.
  • La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales reclama seis años de prisión y doce de inhabilitación (también por prevaricación).
  • Alberto González Amador solicita cuatro años de prisión, una multa de 108.000 euros y una indemnización de 300.000 euros y tres años de suspensión de empleo.

Ahora, el ICAM, que presentó una de las primeras denuncias contra la Fiscalía, también pide 81.000 euros de multa, la suspensión de empleo o cargo público por tres años y la inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado. Además, para Pilar Rodríguez, la fiscal jefa provincial de Madrid y también procesada, pide tres años de prisión, una multa de 27.000 euros, suspensión de empleo durante dos años e inhabilitación para el cargo de fiscal provincial de Madrid como cooperadora necesaria. Las otras tres acusaciones también piden tres años de prisión para Pilar Rodríguez.

Los dos escritos de acusación siguen la tesis del juez Ángel Hurtado y aluden a la relación entre la Fiscalía General del Estado y la Moncloa. “Guiándose por consideraciones políticas, que no jurídicas, y en coordinación con Presidencia del Gobierno, el fiscal general del Estado inició una frenética actividad destinada a ‘ganar el relato’ en un asunto que había saltado a la batalla partidista”, relatan el Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír. “Siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno, sabedor de que Alberto González Amador estaba unido sentimentalmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y con ánimo de revelar información confidencial, dio instrucciones a sus subordinados en orden a confeccionar una respuesta abierta”, expone el ICAM. En el auto de procesamiento, el magistrado sostuvo, en el primer párrafo del capítulo de hechos, que “cabe presumir” que Álvaro García Ortiz actuó “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” con la finalidad de “ganar el relato”.

“Ha provocado un grave daño: ha afectado de manera evidente a su imagen pública y a su derecho de defensa”

En su escrito, de 39 páginas, el Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír esgrimen que la difusión del contenido y de los propios correos electrónicos “ha provocado un grave daño a Alberto González Amador” y se ha “afectado de manera evidente a su imagen pública” con la “reiterada calificación” de “defraudador confeso” para referirse a él. Además, “ha afectado a su derecho de defensa”, dado que la “publicidad del expreso reconocimiento” por parte del abogado y en nombre de la pareja de Ayuso de la comisión de dos delitos “afecta de manera necesaria tanto a la capacidad del letrado a la hora de defender la inocencia, como verosímilmente y aunque sea de manera inconsciente, en el ánimo del tribunal, así como en la opinión pública ante la que un veredicto de absolución resultaría incomprensible”.

En la misma línea se expresa el Colegio de Abogados de Madrid. “Los acusados, con pleno desprecio a los principios de legalidad e imparcialidad, y con el fin de contribuir a un rédito político por razón subjetiva del justiciable y su vínculo afectivo, conocedores de una información reservada por razón de sus respectivos cargos, eran conscientes de que […] estaban trascendiendo a la opinión pública elementos confidenciales sobre responsabilidad penal y autoría que afectaban del pleno al derecho de defensa del afectado”, denuncia el ICAM. “Amparándose como norma de cobertura el deber de informar a la opinión pública sobre acontecimientos relevantes, y con el argumento sofista de que estaban saliendo al paso de un bulo, eran conscientes que se estaba lacerando el secreto profesional, la guarda del debido secreto de los asuntos reservados conocidos por razón de su cargo y los derechos del justiciable”, añade.

En el documento, de doce páginas, el ICAM esgrime que la filtración del correo y la emisión de la nota informativa, han generado “perjuicios reputacionales de índole social y económica” y han supuesto una “merma del derecho al proceso con todas las garantías” de Alberto González Amador. Concretamente, menciona el derecho a la “confidencialidad derivada del secreto profesional entre abogado y cliente y con el Ministerio Fiscal en los trámites de conformidad”, el derecho a un “juicio justo” y el derecho a la “presunción de inocencia y a no autoincriminarse en el procedimiento penal seguido por presunta defraudación tributaria”.

“Han minado la credibilidad de la Fiscalía”

Finalmente, las cuatro acusaciones arremeten contra las consecuencias que ha tenido esta causa en la reputación y la imagen de la Fiscalía. El Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír arguyen que la difusión también “ha causado un grave daño a la causa pública” porque “ha puesto en entredicho la garantía de confidencialidad de los procesos de negociación de la conformidad con la Fiscalía” y ha supuesto una “grave afectación de la posición institucional de la propia Fiscalía, quedando comprometida su apariencia de neutralidad”.

Asimismo, el ICAM alega que los dos acusados “han minado la credibilidad” de la Fiscalía y los “principios de objetividad, imparcialidad y confianza que ha de presidir cualquier contacto” de los abogados con el Ministerio Público: “Cualquier filtración, además del daño reputacional y la consiguiente lesión de derechos subjetivos, influye sustancialmente en el desarrollo del proceso con todas las garantías”. “La revelación de la información atenta al instituto de la conformidad y, por tanto, al derecho de defensa como derecho fundamental, siendo el daño irrogado cierto, real y efectivo”, postilla.