Cuatro años de prisión, una multa de 108.000 euros, una indemnización de 300.000 euros y tres años de suspensión de empleo. Es la pena que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pide para el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos por haber filtrado el correo en el que su abogado reconocía dos delitos fiscales. Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, que reclama al Tribunal Supremo que envíe a juicio a Álvaro García Ortiz alegando que “resulta imposible concebir una mayor lesión de los derechos fundamentales a la intimidad, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa”. Asimismo, pide tres años de prisión, suspensión de empleo durante dos años y una multa de 36.000 euros para Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid y también procesada, como cooperadora necesaria. El documento es muy duro contra los dos: “Resulta imposible concebir una actuación de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo”. La pareja de Ayuso relata que ambos “habrían revelado, transmitido y difundido a terceros” (medios de comunicación y público general) la información sobre la “posición procesal de defensa exacta y literal” de González Amador.
📝 El juez procesa al fiscal general del Estado por revelación de secretos de la pareja de Ayuso
“Nadie duda que, de haber mantenido Alberto González Amador una relación sentimental con cualquier otra persona o no haber mantenido ninguna, jamás se habrían producido las conductas de los investigados ni los hechos delictivos que nos ocupan, ni habría padecido las consecuencias”, esgrime el escrito de acusación, de 73 páginas. El abogado de Alberto González Amador considera que, por culpa de la actuación del fiscal general del Estado, es “imposible” que haya ningún “proceso justo” porque se ha “extraído de raíz y ex ante los elementos esenciales que hacen que no pueda darse con todas las garantías”. “Todo ello de forma irremediable e irreversible y con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial”, apostilla. Así pues, alega que esta actuación le ha generado “daños irreparables sobre todo aquello que, con esfuerzo, se construye durante años” y le ha conllevado “padecimientos personales, profesionales, empresariales y familiares” y “lesiones procesales irreversibles”. Además, apunta que la “confección y publicación” de una nota de prensa forma parte del “mismo plan delictivo para ganar el relato político”.
El escrito se suma a los que han presentado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que pide seis años de prisión y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación y revelación de secretos, y Manos Limpias, que pide cuatro años de prisión y una sanción de 216.000 euros. Todo eso llega una semana después de que el juez Ángel Hurtado procesara al fiscal general del Estado y lo dejara a un paso del banquillo de los acusados. El delito de revelación de secretos, regulado en el artículo 417 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario público que revele “secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados” y prevé penas de prisión de dos a cuatro años si son “secretos de un particular”.
“Las revelaciones fueron seguidas de un uso político inmediato”
Asimismo, el escrito lamenta que las revelaciones “fueron seguidas de un uso político inmediato”, que considera que era su “único móvil al seleccionar a la víctima y al diseñar y ejecutar sus actividades delictivas”. Alude a la “exhibición del documento blanqueado” a través de El Plural por parte de Juan Lobato, que entonces era el líder del PSOE de Madrid, durante la sesión de control al gobierno madrileño en la Asamblea de Madrid. De hecho, Alberto González Amador denuncia que ha sufrido un “continuado e incesante daño” en su “intimidad, presunción de inocencia, derecho de defensa y honor” que es de “imposible restitución”. “No existe un día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no le denomine como delincuente o defraudador confeso a través de los medios de comunicación”, lamenta.
“Directamente proporcional a la intensidad con la que el Gobierno ha tenido que enfrentarse a la actuación de la justicia”
Alberto González Amador no ahorra dardos contra la Moncloa. “Después de un año y tres meses de los hechos, la intensidad de uso del relato político lesivo construido a partir de la actividad delictiva de revelación ha sido continua y, además, directamente proporcional a la intensidad con la que el Gobierno y el PSOE han tenido que enfrentarse con relatos a la actuación de la justicia en causas judiciales que le afectan”, esgrime. Y lamenta que sus “padecimientos personales” se hayan “alimentado desde su origen de los recursos institucionales” de la Fiscalía General del Estado, de la Presidencia del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español, “afectando a su dignidad y generando constantes sufrimientos, inconvenientes, padecimientos, angustias e incertidumbres”.