“Dado el tiempo transcurrido sin que la convocatoria se haya resuelto, y ante la incapacidad de ese Consejo [General del Poder Judicial] para aunar los consensos necesarios a favor de alguno de los dos candidatos, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar”. Puerta abierta a que un magistrado conservador siga al frente de la Sala Penal del Supremo. La sucesión de Manuel Marchena está encallada desde hace ocho meses a raíz del desacuerdo en el seno del Consejo General del Poder Judicial a la hora de elegir a uno de los dos candidatos: la progresista Ana Ferrer o el conservador Andrés Martínez Arrieta (que actualmente ostenta la presidencia en funciones por ser el magistrado de mayor edad). Y ahora Ana Ferrer, que emitió un duro voto particular contra la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación, ha decidido renunciar a su candidatura. “Me aparto voluntariamente la de convocatoria, dejando el camino libre al otro candidato”, ha anunciado en una carta que ha enviado a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y a la que ha tenido acceso ElNacional.cat. Esto deja el camino libre para la elección de Andrés Martínez Arrieta.
“Mi decisión de participar en esa convocatoria siempre ha estado marcada por un interés de servicio público. Más allá de hacer valer la presencia de la mujer optando a un puesto hasta el momento solo ocupado por varones, mi principal impulso ha sido contribuir a mejorar el funcionamiento de la Sala aprovechando mi experiencia jurisdiccional y de gestión”, esgrime en una misiva de una página. “Me avalan más de diez años como magistrada de la Sala y más de cuarenta en la judicatura, además del respaldo sin objeciones de la Sala de Gobierno de este tribunal”, reivindica. “Ninguna de las salas de este tribunal, pero aún menos la Sala Segunda dada la naturaleza de los asuntos de los que conoce, merece perpetuar su funcionamiento con una presidencia en funciones”, justifica.
Y hace un contundente alegato esgrimiendo que la “confianza de la ciudadanía” en sus instituciones y en el funcionamiento de los tribunales de justicia “se debilita ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas”. Finalmente, presenta a Andrés Martínez Arrieta como un candidato de “prestigio incuestionable” y le ofrece su “más leal colaboración en todo lo que contribuya a mejorar el funcionamiento” de la Sala Penal.