Álvaro García Ortiz ha sido el primer fiscal general del Estado de la historia a ser investigado por el Tribunal Supremo. Y a partir del lunes se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados. Arrancará el juicio por un presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador. El gran interrogante que estará encima de la mesa es si él filtró el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que había cometido dos delitos fiscales. En todo momento, él ha negado “rotundamente” que enviara el correo a los periodistas que lo contaron y lo publicaron, pero el juez Ángel Hurtado concluyó después de una instrucción de ocho meses que “hay que presumir” que él fue el autor de una “filtración subrepticia”. Y la Sala de Apelación del Supremo insistió que la filtración fue una “actuación coordinada e impulsada personalmente” por Álvaro García Ortiz. Finalmente, el juez lo envió a juicio alegando que “existen suficientes indicios”, pero se negó a suspenderlo temporalmente del cargo. Él lo atribuyó a una “operación perfectamente orquestada” del entorno de la presidenta madrileña. Desde que el Supremo abrió la causa, se ha negado a dimitir: cree que es lo “menos costoso y más prudente” para la institución y “refuerza la independencia de la Fiscalía” y defiende que “la mentira no puede derrotar” a un fiscal general del Estado. En todo momento, ha contado con el apoyo del Gobierno.
🗓️ Del correo de la pareja de Ayuso al Supremo: ocho meses y un fiscal del Estado investigado por primera vez
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“No hay ninguna prueba”, subrayan fuentes del entorno próximo al fiscal general del Estado a las puertas del juicio. Simplemente, hay una “identidad de horas” y unos indicios “muy débiles”. En la calle Fortuny, argumentan que la “mayor prueba” de que no fue Álvaro García Ortiz quien filtró el correo fue que él quiso elaborar y publicar una nota informativa con los detalles del caso de Alberto González Amador para desmentir la noticia que había publicado El Mundo. Asimismo, arguyen que él ha acabado siendo el único señalado porque la investigación “ha empezado por el final de la película”. Sin embargo, las mismas voces lamentan que “también se condena solo con indicios” y evitan hacer pronósticos sobre el desenlace del juicio porque se niegan a “pensar que el sistema no funciona”. Eso sí, en caso de condena, anticipan que la voluntad de Álvaro García Ortiz es recurrir al Tribunal Constitucional o a Europa.
¿Qué se juzgará en el Tribunal Supremo?
Nos tenemos que remontar al 30 de enero de 2024. Alberto González Amador se reunió con su abogado, Carlos Neira: después de que Hacienda le notificara que había remitido a la Fiscalía la investigación por las declaraciones fiscales de su empresa, le pidió que encontrara la solución que provocara “menos ruido” y le autorizó a negociar un acuerdo de conformidad. Tres días más tarde, el abogado envío un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ofreciéndose a reconocer los delitos a cambio de pactar: “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, admitió. Este es el correo de la discordia. Más tarde, el fiscal Julián Salto respondió al correo informando que había sido asignado al caso y que tomaba nota de la oferta.
El 12 de marzo, elDiario.es publicó en exclusiva que la pareja de Ayuso había defraudado 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Ese mismo día, el fiscal informó al abogado de que todavía seguía viva la posibilidad de llegar a un acuerdo y el letrado se lo hizo saber a Alberto González Amador: “Parece que todo sigue en pie”. Y él se lo hizo llegar a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña. El día siguiente a las 21.29 horas, El Mundo aseguró que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, cuando en realidad había sido al revés, ya que fue el abogado de la pareja de Ayuso quien dio el primer paso y se ofreció a reconocer los delitos. La noticia desató, en palabras del juez Ángel Hurtado, una “dinámica de un frenético intercambio” de mensajes y llamadas en la Fiscalía.
- 21.34 h | Pilar Rodríguez (fiscal jefa provincial de Madrid) y Álvaro García Ortiz hablan por teléfono.
- 21.39 h | Pilar Rodríguez llama a Julián Salto (el fiscal del caso).
- 21.43 h | Álvaro García Ortiz llama a Almudena Lastra (fiscal superior de la Comunidad de Madrid) para pedirle los correos invocando su autoridad jerárquica.
- 21.43 h | Pilar Rodríguez llama a Julián Salto y le mete prisa: “El fiscal general del Estado no puede esperar, lo necesita saber ya”.
- 21.52 h | El correo del 2 de febrero llega a Pilar Rodríguez.
- 21.54 h | Julián Salto llama a Almudena Lastra “bastante contrariado”.
- 21.59 h | Almudena Lastra y Pilar Rodríguez hablan por teléfono y Lastra le reprocha que haya enviado los correos al fiscal general del Estado: “Los van a filtrar”.
Finalmente, a las 21.59 horas, Álvaro García Ortiz recibió los correos en su cuenta personal de Gmail. Posteriormente, La Sexta publicó en su web una noticia explicando que había sido la pareja de Ayuso quien ofreció el pacto y un periodista de la Cadena SER informó en antena de lo mismo, haciendo referencia al correo del 2 de febrero. Enmedio, a als 22.27 horas, Miguel Ángel Rodríguez envió a un chat con periodistas el contenido del correo que el fiscal Salto envió al abogado el 12 de marzo, en el que él recogía la propuesta inicial del letrado. Más tarde, el fiscal general del Estado insistió para conseguir los correos que le faltaban con el objetivo de “cerrar el círculo”.
- 23.01 h | Álvaro García Ortiz vuelve a contactar con Pilar Rodríguez porque le falta el correo del 5 de marzo que Julián Salto envió al abogado.
- 23.08 h | Pilar Rodríguez se lo pide a Julián Salto.
- 23.11 h | Después de no tener éxito, Pilar Rodríguez contacta con Virna Alonso (jefa de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid).
- 23.20 h | Pilar Rodríguez pide por WhatsApp a Julián Salto el correo del 12 de marzo donde comunicó al abogado que el caso estaba judicializado.
- 23.36 h | Julián Salto informa a Pilar Rodríguez de que no hay ningún email de 5 de marzo.
- 23.44 h | Julián Salto reenvía a Pilar Rodríguez el correo del 12 de marzo.
- 23.46 h | Pilar Rodríguez se lo reenvía a Álvaro García Ortiz, que en ese momento dispone de la cadena completa de correos.
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El registro del despacho del fiscal general del Estado y el borrado de los mensajes de WhatsApp
A lo largo de la instrucción de ocho meses, ha habido dos momentos clave. En primer lugar, el 30 de octubre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron los despachos de Álvaro García Ortiz y de Pilar Rodríguez durante diez horas e incautaron sus dispositivos electrónicos, que han ofrecido los principios indicios de la causa. Posteriormente, la UCO descubrió que el fiscal general del Estado había borrado dos veces sus conversaciones de WhatsApp el mismo día que el Supremo le abrió la causa: concluyó que la “falta de mensajes” anteriores al 16 de octubre en WhatsApp se debía al “vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes”. Una semana después, cambió de móvil.
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¿Qué dijo el Supremo? El juez instructor lamentó que esto impidió “acceder a una información, presumiblemente relevante, como apunta a ello la propia circunstancia de hacerla desaparecer, quedando frustrada una parte de la investigación”. La Sala de Apelación fue más allá y esgrimió que es de “común experiencia” que un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar “desfavorables” y recalcó que, “desde criterios de racionalidad elementales”, la desaparición de la información “tuvo por finalidad ocultar la información”.
¿Qué dice el fiscal general del Estado? Ahora bien, cuando declaró en el Supremo, justificó que su teléfono móvil “alberga información que, por supuestísimo, puede afectar a la seguridad de este país” y subrayó que contenía una “cantidad de datos y de informaciones absolutamente inimaginables”. Defendió que lo borra todo de una manera “absolutamente regular” porque los datos de su dispositivo son “ultrasensibles”. Fuentes de su entorno insisten que su teléfono tiene cosas que “nadie más puede ver” y que su móvil “no puede salir a la luz”. Asimismo, las mismas voces esgrimen que el 16 de octubre simplemente estaba cambiando de dispositivo y arguyen que en julio “todo el mundo sabía” que el Supremo abriría una causa contra él y, por lo tanto, si hubiera tenido una voluntad de destruirlas pruebas, lo habría podido hacer antes.
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La nota informativa fue el embrión de la causa
El jueves 14 de marzo a las 10.22 horas, la Fiscalía Provincial de Madrid difundió una nota informativa con “aclaraciones” sobre la denuncia contra Alberto González Amador: detallaba el cruce de correos entre la defensa y la Fiscalía para hacer patente que había sido el abogado de la pareja de Ayuso el que había propuesto inicialmente un pacto de conformidad. Esto condujo a la pareja de Ayuso a presentar una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por presunta revelación de secretos dirigida contra Pilar Rodríguez y Julián Salto.
Tres meses más tarde, el fiscal general del Estado asumió la “responsabilidad última” de la nota: “La información no se habría producido sin mi previa autorización y mis instrucciones exprés y directas”, sostuvo. Y defendió que era una nota de prensa “objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva porque todos los correos electrónicos habían sido previamente revelados por los medios de comunicación”. Y esto llevó al juez a pedir al Supremo que abriera una causa contra el fiscal general del Estado, que es aforado. Esto fue en julio.
Y el 16 de octubre el Supremo imputó a Álvaro García Ortiz. Sin embargo, puso el foco en la filtración del correo y no en la nota informativa alegando que, “ante el conocimiento público de los hechos”, el documento no contenía “información indebidamente revelada” porque los detalles “ya habían sido sacados a la luz”.
Las “indicaciones” de la Moncloa al fiscal general del Estado acaban descartadas
Cuando lo procesó, el juez sostuvo que cabía “presumir” que Álvaro García Ortiz había actuado “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” con la finalidad de “ganar el relato”. Sin embargo, previamente, había cerrado la puerta a que la filtración se hubiera originado en la Moncloa. Después de que Pilar Sánchez Acera (que era la mano derecha del jefe de gabinete de Pedro Sánchez) declarara como testigo en el Supremo y negara que la Fiscalía le enviara el correo de la pareja de Ayuso, Ángel Hurtado descartó una “eventual participación” de ella en la presumible filtración: “No reveló nada, por tanto y en consecuencia, falta el primero de los requisitos para poderle considerar partícipe de un delito de revelación de secretos”, añadía el auto.
Finalmente, la Sala de Apelaciones concluyó que la “afirmación fáctica” relativa al hecho de que “existieron indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno hacia el Fiscal General de forma que vio comprometida su actuación” no había sido “acreditada con suficiencia”, así que arguyó que incluirla en el relato fáctico era “prescindible”. Ahora bien, el “reproche” formulado carecía de “relevancia”, dado que la “continuación del proceso no afecta a ninguna persona” vinculada con el Gobierno.