La Fiscalía Provincial de Badajoz ha presentado este jueves un recurso de apelación en el que reclama que se archive la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, investigado por un delito de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal por haber conseguido un cargo a la Diputación de Badajoz el año 2017 en un proceso presuntamente irregular. El escrito avanzado por la cadena Ser considera que solo hay "conjeturas e hipótesis" y no "auténticos indicios racionales de criminalidad". El escrito señala que aunque las conjeturas se consideraron "lo suficiente para justificar la incoación del procedimiento, no cuentan —ni siquiera con la provisionalidad propia de esta fase procesal— con el apoyo fáctico necesario para concluir que el lugar de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios fuera creado ad hominem, esto es, a la carta, con el objetivo de beneficiar a David Sánchez Pérez-Castejón".
La decisión de la Fiscalía llega después de que el pasado 28 de abril, la jueza Beatriz Biedma, dictara auto de procesamiento contra David Sánchez y otras 10 personas, entre las cuales se encuentra el presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Gallardo y el exassessor de la Moncloa, Luis Carrero, por la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de conservatorios de Badajoz que se adjudicó el músico a mediados del 2017. Además, este miércoles, las acusaciones populares del caso pedían tres años de prisión para David Sánchez.
Contradicciones en los datos
La Fiscalía considera que la jueza describe "de modo no siempre fiel y/o completo el resultado de las diligencias practicadas" y que la interlocutoria "no individualiza con claridad" los indicios concretos que le permiten concluir que la plaza pública adjudicada a Sánchez "fuera diseñada de manera espuria y, mucho menos, las concretas razones que permiten atribuir la realización de un delito de prevaricación administrativa". Así pues, señala que la "conclusión incriminatoria conseguida por la magistrada instructora se contradice con varios hechos o datos objetivos que han resultado perfectamente acreditados a lo largo de la exhaustiva instrucción practicada", y apunta que "la hipótesis incriminatoria asumida por la magistrada a quo incurre en notables contradicciones internas" que lanzan "una notoria falta de coherencia interna en los planes fáctico y jurídico".
El ministerio público también descarta que de las declaraciones de los directores de los conservatorios se pueda concluir que la creación del cargo de David Sánchez "obedeciera a motivaciones espurias". En este sentido, entiende que la creación del cargo "es legítima" y estaba "justificada desde la perspectiva del interés público". En la misma línea, también pose en entredicho la conclusión que Gallardo se coordinara con otros cargos de la Diputación para crear la plaza para el hermano del presidente del Gobierno. El fiscal alega que "no existe un solo indicio que permita afirmar que, con anterioridad al 11 de octubre de 2016, conocieran la existencia de David Sánchez. Y, mucho menos, que fueran conscientes de su voluntad de incorporarse profesionalmente a la Diputación Provincial de Badajoz o, por supuesto, que este u otras personas de su entorno hubieran contactado con cualquier de las autoridades o funcionarios encausados".
En relación con su tarea al frente de la coordinación de los conservatorios que posteriormente se convirtió en la Oficina de Artes Escénicas señala que "no existe ninguna duda que David Sánchez no simuló en ningún caso el desempeño de una actividad profesional con el fin de enriquecerse ilícitamente" y añade que la evaluación de su desempeño "carece de toda trascendencia para determinar la calificación jurídica de los hechos".