En las próximas dos semanas, el fiscal general del Estado va a ser juzgado por el Tribunal Supremo, que quiere dilucidar si Álvaro García Ortiz filtró el correo del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía que había cometido dos delitos fiscales. A lo largo de seis días, un tribunal con mayoría conservadora escuchará a cuarenta testigos que relatarán los hechos y los movimientos que hubo entre el 12 y el 14 de marzo de 2024 y que han desembocado en la primera causa penal de la historia contra un fiscal general del Estado. Dos de los principales testigos son del entorno de la presidenta madrileña: Miguel Ángel Rodríguez (su jefe de gabinete) y Alberto González Amador (su pareja). Asimismo, han sido citados ocho fiscales, dos responsables de prensa de la Fiscalía, doce periodistas y once agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También tendrán que comparecer Juan Lobato (el exlíder del PSOE de Madrid), dos altos cargos de la Moncloa, el abogado de González Amador y el decano del Colegio de Abogados de Madrid. Las acusaciones populares piden entre cuatro y seis años de cárcel para él. Repasamos todos los testigos que tendrán que declarar.
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Es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Fue quien el 13 de marzo hizo una publicación asegurando que la Fiscalía había “recibido órdenes ‘de arriba’ para que no haya acuerdo” con Alberto González Amador. Cuando declaró como testigo, reconoció que se lo inventó: “Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir y adivinar qué está pasando en el mundo político. […] De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta”. A preguntas de la abogada del Estado, admitió que había sido una “suposición”.
Delante del juez, también aseguró que fue Alberto González Amador quien le envió el correo que el fiscal Julián Salto envió a Carlos Neira (su abogado) para decirle que el hecho de haber denunciado a otras personas no sería “obstáculo para poder llegar a un acuerdo” y confesó que filtró este mensaje a un grupo de periodistas. Además, afirmó que “desconocía” el correo anterior en el que era el abogado de González Amador el que proponía un pacto a la Fiscalía. Sin embargo, el 12 de marzo por la mañana la pareja de Ayuso le había reenviado un mensaje de WhatsApp del abogado que era clarificador: “Parece que todo sigue en pie. Voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que el final solo haya un condenado y multa mínima”.
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Alberto González Amador, que reconoció dos delitos fiscales y denuncia los “daños irreparables” que le ha causado Álvaro García Ortiz
Es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hace un mes y medio, la jueza lo envió a juicio por fraude fiscal y pertenencia a organización criminal acusado de dos delitos de fraude fiscal, un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal por un fraude a Hacienda de 350.951 euros relativos al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021. En marzo de 2024 presentó la querella con la que arrancó la investigación judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes de derivarse al Supremo. Como testigo, dijo que pidió a su abogado que encontrara la “solución que causara menos ruido” y la “mejor para continuar en el anonimato”. Ahora bien, aseguró que el letrado envió el correo “por su cuenta” y sin que él lo supiera ni lo autorizara. Como acusación particular, pide cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado por una actuación que le ha generado “daños irreparables” y le ha conllevado “padecimientos personales, profesionales, empresariales y familiares” y “lesiones procesales irreversibles”.
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Carlos Neira, el abogado que envió la confesión de la pareja de Ayuso
Cuatro días después de que Alberto González Amador testificara, fue el turno de Carlos Neira, su abogado. Es el que envió al fiscal Julián Salto el correo reconociendo los delitos: “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Delante del juez, relató que le explicó a la pareja de Ayuso que tenía dos caminos: defender la causa o llegar a una conformidad. Y González Amador le contestó que su prioridad era “causar el menor daño a su pareja” con la solución con “menos ruido y más rápida” y el abogado le aconsejó una conformidad, que implica aceptar los hechos. Él le replicó que entendía lo que es, que “adelante” y que “lo dejaba” en sus manos. Eso sí, el letrado admitió que no le envió a la pareja de Ayuso la propuesta concreta, por lo que González Amador “no tenía conocimiento del correo”. Él lo escribió de la forma que pensó que era “necesaria para agilizar lo máximo posible la conformidad”.
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Almudena Lastra, la fiscal que sospechó de Álvaro García Ortiz
Es la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Le dijo al fiscal general del Estado que ella no necesitaba pedir los correos al fiscal Julián Salto: “Tengo completa cuenta de cómo se han cumplido todos los antecedentes”, justificó. Finalmente, fue Pilar Rodríguez (fiscal jefe provincial de Madrid) quién los pidió. Y Almudena Lastra la riñó: “Vamos a ver, yo comprendo que te llama el fiscal general y tú tienes que atender al fiscal general. Pero ya le he dicho que me ocupo yo. ¿Para qué le mandas los correos? Los van a filtrar”. El día siguiente por la mañana, Álvaro García Ortiz la llamó por teléfono seis veces, pero ella no quiso coger el teléfono. Finalmente, hablaron a través de la centralita: “¿Álvaro, lo has filtrado tú?”, le preguntó. “Eso ahora no importa”, le contestó él.
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Pilar Rodríguez, la fiscal que estuvo investigada durante toda la instrucción y que ha quedado exonerada
Es la fiscal jefe provincial de Madrid. Estuvo investigada durante toda la instrucción en el Tribunal Supremo, fue procesada en junio, pero la Sala de Apelación archivó la causa contra ella porque consideró que remitió a Álvaro García Ortiz los correos del caso dado que estaba obligada porque él era su superior y que la dación de cuentas que hizo es un “acto neutral”. Como investigada, aseguró que sesenta personas tuvieron acceso al correo que envió Carlos Neira a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos y relató que el fiscal general del Estado quería dar “información veraz” para proteger al fiscal Julián Salto y le dio la “instrucción” de conseguir los correos. Ella fue la fiscal que, por WhatsApp, dijo que tenía “ganas de incorporar un poquito de cianuro” en la nota informativa que se difundió sobre el caso. Pero la Sala de Apelación consideró que fue un “desahogo”.
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Julián Salto, el fiscal que denunció a la pareja de Ayuso
Fue el fiscal de Delitos Económicos que inició la investigación sobre Alberto González Amador. La causa se inició cuando en marzo de 2024 presentó una denuncia por dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Inicialmente, estuvo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque la querella de la pareja de Ayuso iba dirigida contra él. Ahora bien, cuando el juez remitió la causa al Supremo para que investigara al fiscal general del Estad, dio carpetazo a la causa contra Julián Salto alegando que “simplemente se limitó a remitir a instancias de su superior los datos y correos electrónicos del asunto” y su participación en la elaboración de la nota fue “meramente instrumental”.
Él envió al abogado de Alberto González Amador un correo el 12 de marzo abriéndose a un pacto: “Aunque también se ha denunciado a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible”. Es el mensaje que filtró Miguel Ángel Rodríguez, que aseguró que no tenía conocimiento del correo previo del abogado. El 13 de marzo por la noche estaba en el Estadio Metropolitano viendo el partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán cuando Pilar Rodríguez le llamó pidiéndole que enviara los correos que intercambió con el abogado de Alberto González Amador.
Diego Villafañe, la mano derecha de Álvaro Garcia Ortiz que reclamó toda la documentación del caso
Es el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, la mano derecha de Álvaro Garcia Ortiz. Fue quien el 6 de marzo reclamó a la fiscal jefa provincial de Madrid el expediente de la investigación a la pareja de Ayuso. Inicialmente, estuvo investigado por el juez Ángel Hurtado, pero lo desimputó posteriormente. Cuando declaró, recalcó que más de 500 personas tuvieron acceso a la denuncia y atribuyó su petición que el departamento que lidera es el que canaliza las daciones a cuenta, los procedimientos en los que los fiscales informan a sus superiores cuando se lo piden o si investigan un asunto de relevancia.
Tuvo la condición de investigado durante un mes y medio. En enero, cuando Ángel Hurtado citó a declarar al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de Madrid, extendió la condición de investigado a Diego Villafañe porque él fue quien reclamó la documentación del caso de Alberto González Amador. “Cabe presumir que tiene un papel de relevancia, si se quiere menor”, justificó el magistrado. Sin embargo, a finales de febrero sobreseyó las actuaciones al ver que los indicios habían “perdido su potencia” y habían quedado “considerablemente debilitados ante otras alternativas”.
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Diego Lucas Álvarez, el nuevo fiscal del caso de la pareja de Ayuso
Especialista en delitos económicos, es el fiscal que sustituyó a Julián Salto en el caso de Alberto González Amador. Acusa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de presunto fraude fiscal en la pieza principal y de corrupción en los negocios y administración desleal en la pieza separada sobre su relación con Quirón. Además, desde mayo forma parte de la Fiscalía Anticorrupción: fue una propuesta del fiscal general del Estado que el Consejo de Ministros ratificó.
Tres fiscales más y dos responsables de prensa de la Fiscalía
Asimismo, declararán como testigos tres fiscales más por su rol en la Fiscalía:
- Esmeralda Rasillo, fiscal de sala jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado
- María Antonia Sanz Gaite, fiscal jefa inspectora de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado
- Agustín Hidalgo de Morillo, delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado
Igual que en instrucción, también tendrán que declarar Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, e Iñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid. Cuando declararon como testigos, negaron que hubiesen tenido acceso a los correos sobre Alberto González Amador antes de que la fiscal jefa provincial de Madrid (por orden del fiscal general del Estado) se los reclamara a Julián Salto. El instructor les citó para que explicaran las gestiones que desembocaron en la nota informativa en la que la Fiscalía informó de la cronología sobre el cruce de emails entre el abogado y el fiscal.
Juan Lobato, una visita a la notaría que acabó con su liderazgo del PSOE de Madrid
Su intervención en la investigación fue repentina y efímera. Todo estalló cuando se supo que había acudido a un notario para dejar constancia de los mensajes que se intercambió con Pilar Sánchez Acera, que era la mano derecha de Óscar López, que era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el jueves 14 de marzo por la mañana. Este movimiento acabó desembocando en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo y en su dimisión como líder del PSOE de Madrid.
Entregó al juez su móvil y el acta notarial con los mensajes de la Moncloa, que revelaba que Pilar Sánchez Acera le mandó una copia del correo del abogado de Alberto González Amador: “Se puede sacar, sácasela en la pregunta, un ‘¿Quién miente, señora Ayuso?’. La imagen con la carta es potente”. Frente a esta sugerencia, Juan Lobato desconfió del origen del documento: “¿Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha. ¿La carta como la tenemos?”. “Porque llega, la tienen los medios. Vamos a verlo para que estés más respaldado”, le contestó. Más tarde, le reenvió un enlace con la noticia de El Plural con el contenido de la carta.
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Dos altos cargos de la Moncloa: Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallès
Según las conversaciones de WhatsApp que aportó Lobato, Pilar Sánchez Acera le envió el correo del abogado de Alberto González Amador y le animó a usarlo en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Cuando declaró como testigo, negó que se lo hubiera enviado la Fiscalía y afirmó que el correo le llegó a través de “periodistas que cubren la política autonómica madrileña”. Posteriormente, el juez descartó una “eventual participación de ella en la presumible filtración del secreto” y rechazó “extender la investigación” como le solicitaban algunas de las acusaciones. “No reveló nada, por tanto y en consecuencia, falta el primero de los requisitos para poderle considerar partícipe de un delito de revelación de secretos”, argumentó.
Por su parte, Francesc Vallès era secretario de Estado de Comunicación (lo fue entre julio de 2021 y diciembre de 2024). Delante del juez, aseguró que en ningún momento tuvo el correo del 2 de febrero y que no tuvo constancia de él hasta que se publicó en los medios de comunicación. Expuso que él estaba centrado en las elecciones catalanas, que eran dos meses después, y que dejó el tema de la pareja de Ayuso en un segundo plano. Solamente le remitía noticias a Juan Lobato para que estuviera atento.
Doce periodistas, protegidos por el derecho al secreto profesional
Asimismo, igual que durante la instrucción, hay periodistas que tendrán que declarar como testigos. Sin embargo, se pueden acoger al derecho al secreto profesional para no revelar sus fuentes y no decir quién les facilitó el correo que publicaron.
- Esteban Urreiztieta (El Mundo) reconoció que el 13 de marzo ya sabía que la defensa del empresario y el fiscal Julián Salto estaban explorando la posibilidad de aceptar una condena que no implicara su entrada en prisión
- José Precedo (elDiario.es) y Miguel Ángel Campos (Cadena SER) explicaron que accedieron a esa información antes de que el fiscal general del Estado la reclamara.
- Alfonso Pérez Medina, de La Sexta
- Cynthia Coiduras, era periodista de El Plural y actualmente jefa de comunicación de Sumar en el Congreso
- Isaac Blasco, subdirector de Vozpópuli
- Olivia Moya, redactora jefe en Libertad Digital
- Marcos Pinheiro, periodista de elDiario.es
- Juan José Mateo, periodista de El País
Y tres periodistas más de El País que declararon durante la instrucción en una segunda tanda. Fernando Peinado, Berta Ferrero y José Manuel Romero (que era subdirector de El País y ahora es director adjunto de elDiario.es): les llegó el contenido del correo con la confesión del novio de Ayuso de fuentes diferentes a la Fiscalía General del Estado durante la mañana del 12 de marzo. No tenían el correo ni el expediente de la denuncia, sino que sus fuentes, procedentes de la Fiscalía del TSJ de Madrid, les informaron del contenido del correo.
Eugenio Ribón, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que denunció una “gravedad sin precedentes”
Es el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que presentó una denuncia por la publicación de la nota informativa sobre el caso de Alberto González Amador con el objetivo de llegar a la “identificación completa de los autores de estos hechos para depurar responsabilidades”, según defendió él mismo en rueda de prensa. Consideró que la información que contenía provocó una “ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones entre letrados” y constituyó una “gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa”.