Manos Limpias ha pedido cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al ver un presunto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental. En el escrito de acusación presentado al Tribunal Supremo, y al cual ha tenido acceso El Nacional.cat, ha reclamado también que se suspenda del cargo público a García Ortiz durante tres años y una sanción de 216.000 euros. "Nos encontramos ante un supuesto de exhibición o entrega del documento secreto a un tercero no autorizado: su envío, tanto de manera directa como a través de la Presidencia del Gobierno, a los medios de comunicación social, para la difusión pública," afirman en la petición.
El magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, ha acordado este mes de junio procesar al fiscal general después de que se filtrara a la prensa un correo electrónico que la defensa de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, envió a la Fiscalía donde proponía admitir dos delitos fiscales a cambio de un pacto de conformidad penal. "Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", reconocía el abogado en el mail. Este movimiento, sin embargo, fue desmentido por González Amador, que aseguró que actuó "por su cuenta" y sin su autorización.
La organización Manos Limpias ha solicitado además al testimonio en el juicio del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, porque "ostentaba la condición de director del Gabinete del Presidente del Gobierno", así como los de la exasesora de los socialistas Pilar Sánchez Acera, el senador Juan Lobato, el fiscal de delitos económicos que investigaba el caso, Julián Salto, y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, aparte de varios periodistas.
García Ortiz asume "la responsabilidad" de la nota de González Amador
Por su parte, el fiscal general del Estado presentó la semana pasada un escrito ante el Tribunal Superior donde asumía "la responsabilidad última" de la publicación de una nota de prensa que, según él, "desmentía informaciones falsas" sobre González Amador. En el escrito añadió que no se ha cometido ningún delito y que si se le tiene que investigar, quien es competente es la sala del Penal del Tribunal Supremo por su condición de aforado, como tienen los magistrados. "La información no se habría producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas", indica y, por eso, reitera que el TS de Madrid no es competente para seguir esta investigación.