Faltan cinco días para que arranque oficialmente la campaña de las elecciones catalanas. La tradicional pegada de carteles encenderá la mecha de dos semanas de actos, entrevistas y debates (todavía más que en los últimos días). Partidos y líderes políticos se volcarán en ella y Catalunya recibirá buena parte de los focos de atención mediáticos del conjunto del Estado. Ahora bien, antes de llegar al pistoletazo de salida, Madrid se reserva cuatro días frenéticos que también tendrán incidencia en el relato, los mensajes y el enfoque de la campaña. El 12-M también se juega Madrid. Los tres ejes están claros: las primeras comparecencias en el Congreso y en el Senado por el caso Koldo, el posible desenlace del camino de la amnistía en la Cámara Alta (con el horizonte del Tribunal Constitucional) y el protagonismo de las reivindicaciones del independentismo en el último pleno en la Cámara Baja antes de los comicios.
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La primera cita es mañana lunes a las once de la mañana: Koldo García reaparecerá públicamente para dar explicaciones sobre la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Será el inicio de la investigación parlamentaria del caso Koldo, que se alargará unos cuantos meses e implicará una retahíla de comparecencias que se irán sucediendo tanto en el Congreso como en el Senado. ¿El PP utilizará lo que diga Koldo como ariete contra el PSOE? ¿Los socialistas lo aprovecharán para desmarcarse? ¿Qué perfil adoptarán ERC y Junts? Son interrogantes que se irán resolviendo.
En clave catalana, el plato fuerte llegará por la tarde: Salvador Illa tendrá que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. El exministro de Sanidad y candidato del PSC el 12-M, que aparecía en todas las listas de solicitudes de comparecencia menos en la del PNV, está citado a la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia. El PSOE asumió la semana pasada que sería citado y el martes lo colocó estratégicamente en el calendario. Su comparecencia, programada para las cuatro de la tarde, coincidirá por completo con la de quien fue su mano derecha en el Ministerio de Sanidad entre en septiembre de 2020 y febrero de 2021, Víctor Francos, que estará en el Senado. Durante la pandemia, desde que Illa llegó al Consejo de Ministros y hasta agosto, su jefe de gabinete fue Germán Rodríguez Sánchez, que no está citado en ninguna de las dos comisiones de investigación.
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Ahora bien, el paso de Illa por Madrid no acabará aquí. Eso será el lunes, pero el miércoles tendrá que volver para comparecer en el Senado. Su intervención está programada a las cuatro de la tarde, cuando haya acabado el pleno de la Cámara Alta. En este caso, la comisión, que está controlada por la mayoría absoluta del PP, se anticipó y lo citó ya hace días en un intento que se produjera el más cerca posible de la campaña. Fue el PSOE quien, posteriormente y como reacción, colocó la cita de Illa en el Congreso dos días antes.
¿Y aquí acaba el eco del caso Koldo en el 12-M? No del todo. Hay previstas dos comparecencias con carga política: el martes 30 abril está citado Santos Cerdán, el actual secretario de Organización del PSOE, y el lunes 6 de mayo (la misma semana de las elecciones), el exministro José Luis Ábalos. Aunque es cierto que, en estos dos casos, se prevé que el impacto en la campaña electoral sea sensiblemente inferior.
El desenlace de la amnistía: el PP se guarda dos ases en la manga durante la campaña
En las próximas cuatro semanas, hay dos fechas que sobrevuelan Madrid y que el PP podrá situar cuando más le convenga: culminar el choque institucional con el Congreso y aprobar el veto a la amnistía. Y es que, mientras se van sucediendo las comparecencias de expertos en la Comisión conjunta Constitucional y de Justicia (esta semana, dos catedráticos citados por ERC han reprobado que la causa del Tsunami “despertara” a raíz de la amnistía y han defendido que la ley “corrige” la “deriva punitiva incorrecta”), los populares mantienen el silencio sobre sus planes en el Senado.
Por un lado, se agrava la brecha entre el Congreso y el Senado. Si el lunes la Cámara Baja se dotaba de un informe de los letrados que sostenía que el conflicto constitucional (con el objetivo de que se retirara la amnistía) es “improcedente” y denunciaba la “clara injerencia” promovida por el PP, desde la presidencia del Senado reprochaban a la Cámara Baja que la Mesa “no tiene la competencia para contestar” el requerimiento y la acusaba de haber “usurpado” una facultad a todos a los diputados que “solo les correspondería ejercer reunidos en sesión plenaria”. Al día siguiente, mientras la Mesa del Congreso aprobaba oficialment rechazar la petición del Senado y el vicepresidente primero, Alfonso Gómez de Celis, calificaba el requerimiento de “deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática”, fuentes parlamentarias del PP en el Congreso denunciaban una “nueva arbitrariedad” de la Mesa y esgrimían que el órgano de gobierno de la cámara “había invadido competencias del pleno”.
El jueves, el presidente del Senado, Pedro Rollán, insistía en la COPE que la Mesa del Congreso no tiene atribuciones para una “decisión tan importante” y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, reiteraba que “la mayoría sanchista de la Mesa no vale” y aseguraba que la respuesta de la Cámara Baja “no tiene ningún tipo de validez”. Ahora, mientras el Senado espera un nuevo informe de los letrados, fuentes del PP no aclaran en ningún caso cuál es el recorrido a partir de ahora ni cuál va a ser el siguiente paso. Y repiten un mantra: “No descartamos nada”. De momento, de puertas adentro, verbalizan que no han decidido si finalmente llevarán el conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional. Ahora bien, es un paso que podrían decidir en los próximos días y que podría convertir una nueva operación de judicialización en un acto de campaña más.
📝 El PP activa el choque institucional entre el Senado y el Congreso por la amnistía
En paralelo en este escenario sin precedentes, el PP también puede condicionar el desenlace de la campaña del 12-M con la votación final de la amnistía en el Senado. De momento, el 6 de mayo es el límite para que se reúna la ponencia, que estudiará la ley a puerta cerrada. Posteriormente, habrá que debatirla en la comisión y en el pleno. No será hasta que el pleno apruebe el veto impulsado por el PP que la ley no podrá volver al Congreso para recibir el segllo definitivo. ¿Y cuándo será la votación? Es el gran interrogante que cierne en la Plaza de la Marina Española. La fecha máxima es el jueves 16 de mayo, una semana en la que no hay ningún pleno convocado porque el día 15 es festivo en Madrid. Sin embargo, y aunque la tradición parlamentaria deja la semana de antes de unas elecciones sin plenos (como esta con los comicios del País Vasco), en el calendario del Senado todavía están marcados con rojo el 7 y el 8 de mayo. Aquel pleno podría servir para vetar la amnistía. A pesar de esto, en los pasillos de la Cámara Alta se especula que una maniobra que podría hacer el PP es convocar un pleno extraordinario... el viernes 10 de mayo. Eso serían 48 horas antes de las elecciones. Los populares mantienen el silencio, pero insisten que todo podría pasar.
Gonzalo Boye defiende la amnistía en el Senado ante el PP
Y horas antes de iniciar la campaña electoral, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, reivindicará la ley de amnistía en el Senado. Es el jurista que ha propuesto Junts para comparecer en la Comisión conjunta Constitucional y de Justicia: Boye tendrá media hora para hacer una primera intervención inicial y, posteriorment, podrá contestar las preguntas y comentarios que formulen los grupos parlamentarios, que tendrán turnos de cinco minutos. Podrá protagonizar, por ejemplo, un cara a cara con los senadores del PP y Vox. Desde el primer día, Boye ha asesorado a los diputados de Junts en las negociaciones de la amnistía y ha defendido públicamente el encaje legal de la ley. En una entrevista en este medio, argumentó que, con la trama rusa del procés, “el delito de traición no es más que un delirio” y apuntó que, aunque en el caso de los CDR se han visto una “cantidad de fantasías importantes”, los casos “están plenamente incorporados a la amnistía”.
ERC y Junts llevan la financiación al Congreso
Más allá de la amnistía, el martes y el miércoles se celebrará el último pleno en el Congreso de los Diputados antes de las elecciones y los partidos independentistas lo aprovecharán para abanderar las demandas vinculadas a la financiación. De entrada, ERC obligará al PSOE a pronunciarse a dos días del arranque oficial de la campaña. Los republicanos llevan a votación una moción (una iniciativa no legislativa) con el objetivo de instar al Gobierno a “impulsar las modificaciones legales oportunas” a fin de que Catalunya tenga un sistema de financiación que permita a la Generalitat recaudar y gestionar “todos los impuestos que paguen los catalanes y las catalanas” y, posteriormente, efectuar al Estado las “transferencias oportunas para los servicios prestados en Catalunya y en concepto de reequilibrio territorial”.
📈 El Gobierno reclama un modelo de financiación para recaudar el 100% de los impuestos
El voto del PSOE todavía es una incógnita, aunque hace un mes Pedro Sánchez ya cerró la puerta a la financiación singular en una pregunta de la senadora republicana Sara Bailac. Ahora bien, desde ERC recuerdan que los socialistas tienen que cumplir con el acuerdo de investidura, que incluía “la apertura de un espacio entre gobiernos para trabajar una financiación singular para Catalunya”. También es un interrogante cuál será el pronunciamiento de Junts, que en el Parlament votó hace tres meses en contra de una mesa de partidos para debatir la propuesta del Govern en este sentido. La votación será el martes a última hora y el miércoles por la mañana Gabriel Rufián mantendrá un cara a cara con Pedro Sánchez en la sesión de control. La pregunta puede dar pie a cualquier intervención: “Cree en la justicia?”.
Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, preguntará a la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero, “qué planes tiene el Gobierno para pagar lo que corresponde a los catalanes”. Su intervención llegará pocos días después de que Carles Puigdemont amenazara la Moncloa con no votar los presupuestos del Estado “si no se revierten los incumplimientos históricos con Catalunya”.
Esta es la agenda madrileña a tres semanas del 12-M. Unos comicios para decidir la composición del nuevo Parlament de Catalunya y del futuro president de la Generalitat. Unas elecciones en clave catalana y en las que el país se juega mucho. Pero también es innegable que los resultados tendrán un eco en la política español y en los fundamentos de la legislatura. Acabará siendo un impacto más contundente o más amortiguado, pero significará una incidencia evidente en el futuro de Pedro Sánchez. Es el boomerang de la política actual.