Mientras el PP insiste en el ruido, la amnistía se carga de razones. En la tercera sesión de comparecencias en el Senado durante la tramitación de la ley en el Senado, otra voz ha defendido la necesidad de la amnistía y su absoluto encaje legal. Se trata de Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, propuesto por el grupo de Izquierda Confederal a petición de ERC. Su idea ha sido clara: “El poder legislativo del Estado debe corregir lo que fue una deriva punitiva incorrecta”. Es un camino que se inició con los indultos y con la derogación de la sedición y que ahora, con la amnistía, entra en la “tercera fase”. Rivas ha lamentado que, durante los años del procés, “lo que podía haber sido una respuesta política se convirtió en una respuesta penal”, que fue contestada “contundentemente con manifiestos de más de cien catedráticos y profesores de Derecho Penal” y por una “comunidad jurídico-penal española en la que existía la conciencia de que no había ni rebelión ni sedición”. También ha criticado que el delito de sedición era una “antigualla” que “rememoraba el Derecho Penal del siglo XIX” y ha reprobado que la aplicación del artículo 155 implicó que quedara “expropiada” la autonomía de Catalunya.
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En relación con la regulación del terrorismo en la ley de amnistía, Rivas ha censurado que Manuel García-Castellón decidiera reactivar causas que estaban “muertas y fenecidas” y en las que no se había actuado: “Si a eso le llamamos terrorismo, a lo mejor la ley de amnistía tiene que incluir terrorismo”, ha proclamado. Y ha ido más allá: “Si el asalto al aeropuerto lo calificamos como terrorismo, estamos perdiendo un poco el juicio, ha existido una deriva político-criminal inadecuada por parte del Poder Judicial y eso el Poder Legislativo lo tiene que corregir”. Además, Nicolás García Rivas se ha mostrado muy crítico con la estipulación del delito de terrorismo en el ordenamiento jurídico español: “El Código Penal contiene una definición de terrorismo extensísima que permite castigar cosas un poco extravagantes que no aterrorizan”. Se ha mostrado partidario de circunscribir la definición del Código Penal a la Directiva de la Unión Europa, que es “restrictiva”, cosa que es, justamente, “lo que se pretende” en la ley de amnistía. “Las limitaciones que establece la amnistía me parecen bastante adecuadas”, ha concluido.
Sobre el encaje constitucional de la amnistía, que considera que es “deseable y necesaria”, el catedrático se ha mostrado convencido de que “no hay una exclusión directa de la amnistía en la Constitución”, ya que, en términos generales, “el hecho de no mencionar una institución no significa que no esté” en la Carta Magna. Finalmente, ha recordado que el Código Penal de 1973, que estuvo en vigor hasta 1995, “incluía la amnistía como una forma de extinción de la responsabilidad penal”, sin que durante dieciocho años “nadie pusiera en duda que la amnistía reconocida en ese artículo del Código Penal era constitucional”. “No molestó a nadie”, ha zanjado.
Los juristas convocados por el PP se oponen tajantemente a la amnistía
Este jueves también ha sido el turno de dos catedráticos propuestos por el Partido Popular. Por la tarde, Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, ha subrayado que los jueces “no tienen la obligación” de suspender las órdenes de detención (españolas y europeas), dado que están “obligados a suspender los procesos cuando presenten una cuestión prejudicial” y “los efectos suspensivos de una prejudicial ante el TJUE no pueden verse diluidos”. Se ha escudado en una sentencia del TJUE para afirmar que “el juez nacional está facultado por el derecho de la Unión Europea para hacer «todo lo necesario» para excluir las disposiciones internas que pudiesen ser un obstáculo a la plena eficacia del ordenamiento de la Unión” y ha añadido que, “si el juez estima que debe conceder medidas provisionales y se opone a ello una norma nacional”, debe “excluir esa normal que se lo impide”.
Quien la ha rebatido ha sido Joan Queralt, senador de ERC, que ha puesto sobre la mesa dos argumentos. En primer lugar, ha argüido que “una euroorden es consecuencia de haber dictado previamente una medida cautelar, como una detención” y ha señalado que, “si se ordena que desaparezcan las medidas cautelares, la euroorden consecuencia de ella tiene que desaparecer”. En segundo lugar, ha rubricado su justificación recordando que la decisión marco de las euroórdenes contiene la exclusión por amnistía: “La amnistía es una institución reconocida por el derecho de la UE, no es una medida intempestiva, ya que se reconoce la existencia de amnistías para bloquear la entrega de un detenido al país requiriente”.
Previamente, Segismundo Álvarez Royo-Villanova, presidente de la Fundación Hay Derecho, se ha mostrado preocupado por “la posibilidad de que, tras esta ley, se puedan aprobar otras amnistías quizás con otra mayoría y para otras finalidades”, ha presentado la amnistía como un “espejo deformante que devuelve una imagen distorsionada de lo que verdaderamente es el Estado de derecho” y ha reprochado que pueda implicar “admitir el relato que España es un estado opresor”. Ha criticado que el redactado implica que convivan “dos conceptos de terrorismo distintos”, plantea “problemas de aplicación por su indeterminación” y comporta “un paso más en la pérdida de prestigio y en la utilización política de la Justicia”. “No hay una voluntad clara de reconciliación porque los beneficiarios en ningún momento han reconocido el marco legal ni han manifestado una voluntad de aceptarlo”, ha concluido.
Gonzalo Boye comparecerá el jueves 25 de abril
Las comparecencias se reanudarán el próximo jueves, 25 de abril. A las 16.30 horas, está citado el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha sido propuesto por Junts. Antes, por la mañana, intervendrán Marta Asunción Castro Fuertes, jurista, presidenta de la Asociación Justicia y Derecho y vicesecretaria nacional Jurídica de Vox, y Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, convocado por el Partido Popular.