La crisis ferroviaria de las últimas dos semanas —iniciada en la tragedia de Adamuz, por la que han muerto 46 personas y agravada con el caos sufrido en Rodalies, donde también murió un maquinista en prácticas— ha coincidido con una secuencia de movimientos de Pedro Sánchez para intentar recomponer la mayoría de investidura. Comenzó el año con una reunión en la Moncloa con Oriol Junqueras para acordar el nuevo modelo de financiación y pactó más traspasos a Euskadi. Y, en plena tormenta por el mal funcionamiento de los trenes, ha continuado acordando una agenda de reuniones con el gobierno vasco y ha pactado con Podemos una regularización de medio millón de inmigrantes con la intención de que se convierta en una carambola para recuperar a Junts per Catalunya: los morados se abren ahora a la aprobación de la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración, una de las grandes exigencias de los independentistas.
El peso de la gestión comunicativa de Adamuz ha recaído sobre Óscar Puente. El ministro de Transportes ha comparecido en el Senado y ha ofrecido diversas ruedas de prensa sobre las causas y consecuencias del descarrilamiento de un Iryo y el posterior choque con un Alvia, pero se ha desentendido de abordar en primera persona el caos de Rodalies. No ha visitado Catalunya y se ha limitado a enviar al epicentro del caos ferroviario a un secretario de Estado. Pero Sánchez ha estado todavía más apartado de los focos en relación a la tragedia donde murieron 46 personas. Visitó una vez el lugar de los hechos y ha hecho algún pronunciamiento en alguna rueda de prensa, pero este jueves ni siquiera asistió a la misa funeral de Huelva, donde sí que se desplazaron los Reyes y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente español comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis ferroviaria, pero lo hará el 11 de febrero, cuando ya habrán pasado 24 días de la desgracia de Adamuz.
La carambola migratoria de Sánchez: una cesión 'gratis' a Podemos para intentar recuperar a Junts
Mientras la crisis ferroviaria se agravaba estos días, Sánchez maquinaba discretamente gestos para sus aliados. Podemos —uno de los socios más espinosos para el PSOE esta legislatura y con quien las relaciones estaban desgastadas— anunciaba el lunes un acuerdo con el Gobierno para regularizar de manera extraordinaria medio millón de inmigrantes. Al día siguiente el Consejo de Ministros aprobaba la medida en forma de real decreto, para que no necesite ser convalidada en el Congreso. Esto ahorra trabajo sucio a Junts, que no tendrá que molestarse ahora en votar a favor de una iniciativa que Podemos había situado como condición para sentarse a negociar la delegación de inmigración a la Generalitat, una de las grandes exigencias de los independentistas en este mandato.
Podemos ya se ha mostrado más que abierto a negociar y aprobar ahora esta delegación. Fuentes de la formación morada consultadas por ElNacional.cat confían en que la aprobación de la norma sirva para agotar el año y medio de legislatura que le queda a Sánchez, porque es lo que se puede llegar a tardar en materializar el despliegue de esta delegación de competencias; proceso que Junts estaría interesado en monitorizar.
La jugada de Sánchez ha sido la siguiente: ha hecho un pago a Podemos que, según explican a este periódico fuentes de la Moncloa, ha salido “gratis”, porque veían esta regularización con buenos ojos desde el primer momento. Previsiblemente, este pacto con los morados servirá para aprobar una delegación de competencias que es una gran deuda del PSOE con Junts. El presidente español intenta recuperar una formación con quien ahora mismo las relaciones están rotas. De momento, la portavoz de los juntaires en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha mostrado predispuesta a retocar el preámbulo de la norma, porque Podemos lo encontraba racista; pero no su contenido. “El articulado no se tocará ni un pelo”, ha advertido en una semana en la que los independentistas han marcado perfil tumbando el decreto ómnibus del Gobierno que incluía una revalorización de las pensiones y una moratoria de desahucios para familias vulnerables.
Más gestos a Junts: el Govern será miembro asociado de la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo
En los últimos días, también se ha formalizado un compromiso pendiente con Junts. El ministro español y el conseller catalán de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y Jaume Duch, han firmado un convenio que formaliza la incorporación del Govern como miembro asociado de la UNESCO y de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de la ONU. Las pasadas Navidades, en conversación informal con periodistas, Sánchez manifestó que con gestos como estos y con la aspiración de que la amnistía pueda llegar a ser plena este 2026 pueda normalizar sus relaciones con Junts.
Pacto de financiación con ERC y acuerdos con el PNV para más competencias para Euskadi
La crisis ferroviaria, pues, no ha detenido los movimientos de Sánchez para intentar recomponer la mayoría de investidura. Después de Reyes, Sánchez arrancó el año reuniéndose con Junqueras en la Moncloa para cerrar un acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación que respeta el principio de ordinalidad para Catalunya con 4.700 millones de euros más. Ahora el líder de Esquerra Republicana ha advertido que para negociar los presupuestos de Illa y Sánchez quiere alcanzar otro pacto para el traspaso del IRPF a Catalunya.
En cuanto al PNV, Sánchez se ha reunido esta semana en la Moncloa con el lehendakari, Imanol Pradales. Ambos han acordado celebrar antes de Semana Santa dos reuniones de alto nivel para abordar el concierto económico y avanzar en traspasos pendientes, como los aeropuertos. Días antes, el Gobierno cerró con el ejecutivo vasco el traspaso de cinco nuevas competencias, entre ellas las prestaciones de desempleo. El acuerdo se concretó en el último momento, con mucha tensión entre ambas partes. Sánchez alejó así el fantasma de una ruptura entre el PNV y el Gobierno, una relación basada en la conveniencia porque los jeltzales gobiernan Euskadi en coalición con los socialistas y Sánchez se sostiene en la Moncloa gracias al apoyo del PNV en el Congreso.