El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el conseller de Exteriores, Jaume Duch, han firmado en Madrid un convenio que formaliza la incorporación del Govern de Catalunya a la UNESCO y a la Organización Mundial del Turismo (OMT) de la ONU. "Es un paso muy relevante, inédito en la acción exterior catalana, que implicará tener representación de la Generalitat en estos dos organismos internacionales", ha indicado el departamento en un breve comunicado. Se trata de una de las deudas que el gobierno español tenía pendientes con Junts por el 2026 y que aparecía en el Acuerdo de Bruselas. El objetivo es aumentar el "reconocimiento nacional" de Cataluña. Tres ejes principales en los que los juntaires centraron su estrategia política continúan sin avances: la aplicación de la ley de amnistía, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la delegación de las competencias en inmigración. La delegación juntaire, formada por Carles Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras, situaba estos tres ejes en un marco de reconocimiento mutuo antes de entrar de lleno en la negociación para un referéndum de autodeterminación.
Carpetas pendientes
En cuanto a la ley de amnistía, acordada justo para la investidura de Pedro Sánchez y aprobada en el Congreso en la segunda votación tras intensas negociaciones, Junts per Catalunya pide la aplicación efectiva a todos los represaliados. De momento, hay medio millar de personas con la amnistía aplicada, mientras que hay unos 400 a quienes la justicia se lo niega. Entre estos dirigentes se encuentran los exiliados, Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, que esperan que el Tribunal Constitucional resuelva la petición de las medidas cautelares después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera favorablemente a favor de la ley de amnistía. Hay voces dentro de Junts, de hecho, que ya hablan de un retorno de Puigdemont durante el primer semestre de 2026. Junts per Catalunya, sin embargo, ha mostrado un malestar con el PSOE porque Sánchez no ha aplicado "la amnistía política" a Carles Puigdemont reuniéndose, aunque a estas alturas la reunión no está sobre la mesa.
En cuanto a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, acordada en la constitución de la Mesa del Congreso, no hay indicios de que la cuestión haya avanzado. Dado que es necesaria la unanimidad de los estados que forman el Consejo General de la Unión Europea, el Estado español hace ya unos meses que no propone llevar esta cuestión a debate. El último movimiento notorio se produjo horas antes -y después- de la reunión de la ejecutiva de Junts en Perpiñán en la que decidieron romper con el PSOE, y es que Alemania y España iniciaron conversaciones bilaterales para esta cuestión. A estas alturas, sin embargo, las conversaciones han resultado fallidas. La tercera gran carpeta pendiente es la delegación de las competencias en inmigración, acordada a cambio de un decreto del gobierno español y con el redactado ya pactado. Sin embargo, con la actual composición de la cámara baja española, es difícil que salga adelante ante la negativa de Podemos, que la acusa de "racista". El Congreso, de hecho, ya rechazó la delegación de las competencias antes del verano, mientras que los juntaires reprochan al PSOE no haberse movido lo suficiente.