La semana que dejamos atrás estaba marcada en el calendario de la Moncloa porque suponía un triple examen para las alianzas de Pedro Sánchez. La financiación singular pactada con ERC, las transferencias acordadas con el PNV y la oficialidad del catalán en Europa comprometida con Junts se ponían sobre la mesa y el PSOE necesitaba oxígeno. Pero se ha quedado lejos de insuflar vitaminas a la debilitada relación entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Los pasos adelante son pequeños, de poca envergadura e insuficientes. Aunque hace dos semanas la Moncloa celebraba haber sobrevivido al debate monográfico sobre la corrupción a raíz del caso Santos Cerdán después de que los socios le hubieran dado una segunda oportunidad, la confianza estaba al límite. Y continúa en un limbo.
La debilidad del Gobierno la evidencia su incapacidad de continuar el camino de dos de las principales leyes de la legislatura: la reducción de la jornada laboral, primordial para Yolanda Díaz y Sumar, y la reforma de las carreras judicial y fiscal, el proyecto por excelencia de Félix Bolaños. En el primer caso, la vicepresidenta segunda del Gobierno se ha visto obligada a retrasar la primera votación en el Congreso por los temores fundados de sufrir una sonora derrota parlamentaria. Los juntaires, que desde el primer día dejaron claro que no comparten ni el fondo ni el espíritu de la norma, presentaron una enmienda a la totalidad y estaban decididos a hacer descarrilar el proyecto el martes, que era cuando el gobierno aspiraba a examinarlo. Yolanda Díaz exhibía valentía para someterlo a votación, pero ha acabado haciendo marcha atrás.
“Dado que se trata de una medida importante para el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido dar más tiempo a estos trabajos”, anunciaban fuentes del ministerio. Ahora bien, voces de Junts per Catalunya consultadas por ElNacional.cat negaban de raíz que ellos hayan pedido “más tiempo” o “posponer el debate de la ley” y subrayaban que no ha habido avances en las negociaciones: “Son ellos los que deciden no llevarla al pleno porque la perderían. Nosotros no hemos decidido ni pedido nada y menos tiempo”.
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Asimismo, la negociación de la reforma de la carrera judicial y fiscal, una iniciativa que levantado los jueces y fiscales en pie de guerra contra el Gobierno, continúa atascada por las exigencias de Junts, que ha puesto sobre la mesa la creación del Consell de Justícia de Catalunya (un órgano previsto en el Estatut de 2006) o la derogación de la Audiencia Nacional. Fuentes juntaires indican a ElNacional.cat que su voluntad no es la “obstrucción”, sino “erradicar el franquismo” del poder judicial, pero alejan el horizonte que los conduzca a avalar la ley. Por su parte, desde las filas de Esquerra Republicana, apuntan en este medio que una de sus líneas rojas es el uso del catalán en la justicia.
Jordi Turull: “Somos muy críticos sobre la relación con el PSOE y ya no haremos más avisos”
En este contexto, desde Junts per Catalunya reiteran los avisos dirigidos a Ferraz y a la Moncloa. “Somos muy críticos sobre la relación con el PSOE. La confianza no se está mejorando de ninguna manera y ya no haremos más avisos. Los socialistas están avisados y reavisados de que de esta forma no puede continuar. Cuando tengamos que tomar la decisión sobre si va la pena continuar o no, la tomaremos”, esgrimió el secretario general de la formación, Jordi Turull, en una entrevista en Els Matins de TV3. De hecho, desde el atril del Congreso, Míriam Nogueras había hecho una clara advertencia al presidente español: “Está usted en prórroga y no dura toda la legislatura”.
Hoy mismo, en una entrevista en ElNacional.cat, el vicepresidente de Junts, Toni Castellà, reitera el aviso dirigido a los socialistas: “Cuando empiece el curso político, el PSOE debe dejar claro si está en condiciones de cumplir todo lo que le planteamos”. Antes de las vacaciones, la siguiente prueba (de fuego o no) será el martes en el último pleno del Congreso del curso político. Se someterán a votación tres decretos y Junts no aclara el sentido de su voto y no confirma que dé vía libre a las entregas a cuenta, a la respuesta al apagón del 28 de abril con medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico y a una batería de beneficios fiscales.
La Moncloa pasa al ataque por la oficialidad del catalán: una “táctica dilatoria” para “secuestrar” el debate
Todo ello, días después de un nuevo aplazamiento en la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego. El Consejo de Asuntos Generales volvió a posponer la decisión viendo que todavía hay Estados miembros con reticencias sobre los costes y el encaje legal de la iniciativa. Ahora bien, el Gobierno ha decidido elevar el tono contra los países que están poniendo palos en las ruedas. “Es inaceptable decir que uno tiene dudas, pero no expresar cuáles son ni sentarse con España a trabajarlos. Eso no son dudas legítimas, sino que es simplemente una táctica dilatoria”, denunció al ministro José Manuel Albares. “Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente. Quizás hay otros motivos que explican sus posiciones, pero no es la falta de información y no hay ningún argumento ni económico ni en términos legales”, había expresado previamente el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro.
ERC eleva el tono contra Illa (y Sánchez): si “reescriben” la financiación singular, no tendrán presupuestos
Mientras tanto, Esquerra Republicana tampoco blinda los puentes con el PSOE. Y la cristalización embrionaria de la financiación singular, acordada hace un año a cambio de la investidura de Salvador Illa, tampoco ha cargado la batería de la relación entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez. La comisión bilateral Estat-Generalitat tenía que servir para seducir a los republicanos, pero, lejos de eso, encendió las luces de alarma en ERC. “No habrá presupuestos catalanes ni españoles si el Partido Socialista y el Gobierno no cumplen sus compromisos en el ámbito de la recaudación tributaria y, en particular, del IRPF y en el ámbito del modelo de financiación”, avisó Junqueras el miércoles. “El PSOE tiene que cumplir sus compromisos y en ningún caso pueden pretender que haya nuevos acuerdos mientras no cumpla con Catalunya y la sociedad catalana”, añadió.
De hecho, el mismo Salvador Illa reconoce que hay margen de mejora. “¿Queda trabajo para hacer? Sí, mucho. ¿Será fácil? No. Ahora, es un cambio de paradigma”, confesó el miércoles durante la sesión de control al Govern. “Me comprometo a cumplir lo que hemos acordado, que la hacienda catalana de manera progresiva recaude los impuestos en Catalunya. Ahora, lo haremos con seguridad y bien hecho. Que no es sencillo, lo sabemos todos. Ambición no nos falta”, verbalizó. Era su respuesta a la pregunta del líder de ERC en la cámara catalana, Josep Maria Jové, que acusó a los socialistas de “haberse empeñado en reformular y reescribir” el pacto de investidura para “quedar bien con todo el mundo”. “Para nosotros, los avances en soberanía era lo que daba sentido a la legislatura y la financiación pactada era el pilar fundamental. Si no rectifica y ratifica los acuerdos, no tendrá presupuestos con nuestros votos. Todavía está a tiempo, vuelva a la literalidad de lo que pactamos”, lo avisó. El debate tenía lugar en el Parlament de Catalunya, pero el eco y las consecuencias llegaban hasta Madrid. Y Pedro Sánchez comprobaba cómo uno de los socios habituales enfriaba futuros acuerdos.
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El PNV reclama un gran acuerdo para “generar un clima de confianza”
Otro de los actores que ha advertido más explícitamente al Gobierno ha sido el PNV. De hecho, los jeltzales fueron protagonistas de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso hace diez días cuando avisaron a la Moncloa de que su confianza estaba “en la UCI”. Ahora fuentes del Gobierno consideran que la relación con los nacionalistas vascos se ha estabilizado y que ya no necesita cuidados intensivos. Lo atribuyen, en buena parte, a los cuatro traspasos que se rubricaron en la comisión bilateral Estado-Euskadi que se celebró el martes en la Moncloa. Ahora bien, el PNV (y el gobierno vasco por extensión) no tiene suficiente y exige más gestos.
“Necesitamos más seriedad y altura de miras. […] Necesitamos aumentar el ritmo y avanzar en los contenidos para cumplir el calendario pactado”, verbalizó a Imanol Pradales hace cinco días. El lehendakari reclamó al presidente español que “ponga orden” en el seno del ejecutivo de coalición y que ejerza un “mayor liderazgo y coordinación” para “remover los obstáculos administrativos y las resistencias políticas” y para “frenar inercias e intereses que intentan poner todo tipo de obstáculos”. “Hemos alcanzado acuerdos muy relevantes de la agenda vasca, [sin embargo] este avance no se corresponde completamente con los objetivos que habíamos acordado. El tiempo corre, el calendario nos interpela y el pacto nos obliga”, subrayó el lehendakari, que advirtió a Sánchez públicamente de que la confianza “cuesta mucho de ganar y muy poco de perder”.
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Imanol Pradales alegó que una “forma de abonar la confianza es cumplir la palabra dada”. Es un diagnóstico que comparte con lo que ha manifestado los últimos días Maribel Vaquero. “El Gobierno se tiene que ganar poco a poco esta confianza, y la confianza también se gana con transparencia y cumpliendo pactos”, sostuvo en una entrevista en Onda Vasca. La portavoz del PNV en el Congreso reclamó un “acuerdo sobre la base de algún proyecto” (por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado) que pueda generar un “clima de confianza”. “Si no hay un acuerdo entre el Gobierno y los grupos que apoyamos la investidura para poder seguir dando pasos dentro de un margen de confianza importante, será difícil que esta legislatura continúe y que no sea una agonía de semana en semana sin saber muy bien qué rumbo toma esta legislatura”, apostilló. Y este será el reto que tendrá Pedro Sánchez de cara al nuevo curso político.